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Ha pasado más de una semana desde el homicidio de Javier Ordóñez a manos de dos uniformados de la Policía en el barrio Villa Luz, el cual desató una violenta jornada de disturbios y protestas en Bogotá, que dejó 11 victimas fatales, nueve en Bogotá y dos en Soacha, Cundinamarca. Ante las denuncias sobre un presunto uso indiscriminado de armas durante las manifestaciones, la Policía adelanta investigaciones dentro de la institución.
En una rueda de prensa, realizada por el director de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa, anunció que ya había 77 investigaciones en curso, a raíz de los hechos del pasado 9 de septiembre. “Con base en la información recibidas, se ha dispuesto iniciar 77 investigaciones disciplinarias, de las cuales 67 las tenemos en Bogotá”, informó Atehortúa.
Según el general, dichas investigaciones involucran a 101 policías, la mayoría de ellos trabajan en la capital. “Dentro de estos procesos se tipifican que 14 policías habrían utilizados las armas de fuego”, indicó. Además, aseguró que para llevar a cabo las averiguaciones, se creó un grupo interinstitucional, entre la Procuraduría, Defensoría, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para recibir las denuncias.
>>>Lea: No se usarán armas de fuego en marchas del paro nacional, asegura director de la Policía
En conjunto, se ordenó que 50 investigadores disciplinarios fueran asignados a la Policía Metropolitana de Bogotá y, hasta el momento, hay 10 policías suspendidos. Uno de ellos es el uniformado que fue grabado usando la chaqueta del servicio al revés, para evitar ser identificado y que, además, estaba agrediendo a un ciudadano.
“Estas son determinaciones que ha tomado la Policía Nacional, en cumplimiento con la normatividad y de los reglamentos disciplinarios con los que cuenta”, finalizó el general. Este domingo se adelantaba la segunda parte de la audiencia de imputación de cargos en contra de los patrulleros implicados en el homicidio de Javier Ordóñez, Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez. Ambos indiciados se declararon inocentes y pidieron que el caso quedara en manos de la Justicia Penal Militar.
