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Un trato entre uniformados de la Policía y delincuentes de alta peligrosidad, eso fue lo que dejó al descubierto la investigación que hizo la Fiscalía General de la Nación, luego de conocer una denuncia sobre presuntas irregularidades que eran cometidas por los custodios de la Estación de Policía de la localidad de Fontibón.
Todo comenzó en diciembre del 2021, cuando una persona se comunicó con las autoridades para hacerles saber que los guardas del centro de detención estaban pidiendo dinero a cambio de ingresar celulares o comida a los privados de la libertad. Al infiltrarse en el lugar, los investigadores establecieron que se trataba de algo más grande de lo que en principio se había denunciado. En el lugar operaba una estructura conformada por seis patrulleros de la Policía y los jefes o “plumas” de tres patios de la estación, quienes habían acordado ciertas tarifas por ingresar armas blancas, bebidas embriagantes, droga y mujeres para hacer visitas conyugales.
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Pero las acciones criminales, que presuntamente eran acordadas por los patrulleros y los delincuentes privados de la libertad, no solo consistían en dejar circular los elementos ilícitos, también, dice la Fiscalía, extorsionaban a los demás internos pidiéndoles dinero para cambiarlos de celdas, y algunas veces permitieron, presuntamente, que los jefes de patio “ajustaran sus cuentas” con quienes les debían dinero.
El seguimiento de las autoridades se extendió por unos seis meses, tiempo en el que lograron reunir elementos materiales probatorios suficientes para ordenar la captura de los seis procesados, quienes fueron identificados como A. F. Ramírez Cepeda, J. C. Valencia Lenis, D. A. Puentes, J. Gaitán Díaz, C. J. Colmenares Luna y C. Chamorro. Todos son patrulleros de la Policía entre los 28 y 34 años, con un promedio de cinco a diez años de experiencia en la institución.
De acuerdo con la Fiscal delegada para este caso, estos hombres, quienes fueron apartados del cargo mientras transcurre el proceso, recibían sustancias alucinógenas a las afueras de la estación, y aprovechándose de su cargo y funciones, las ingresaban al penal para entregárselas mano a mano a los privados de la libertad. Una vez adentro, la droga era comercializada por delincuentes de alta peligrosidad que operaban bajo la supervisión de quienes los vigilaban.
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Entre otras de las actividades delictivas, agrega el ente investigador, se habla de que los policías hacían las veces de infiltrados en la institución, ya que estaban al tanto de todos los operativos que pretendía hacer el Esmad dentro de la estación, por lo que les avisaban a los detenidos para que escondieran la droga, las armas y los celulares y no “cayeran” en las requisas.
Presentados los hechos relevantes, la Fiscalía solicitó que a los detenidos se les imputaran los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo y por cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo, pero ninguno aceptó cargos. Posteriormente, durante el curso de las audiencias preliminares, la Fiscalía, además de la imputación, solicitó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
Lo anterior fue argumentado en detalle con buena parte de las acciones que el ente investigador pudo registrar durante las labores de infiltración. Entre algunos de los episodios expuestos, cuentan que, por ejemplo, Ramírez Cepeda, un policial activo desde hace 13 años, habría permitido el ingreso de armas cortopunzantes, las cuales los internos usaban para agredirse físicamente.
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Por otra parte, también se dice que Valencia Lenis (11 años en la Policía) recibió cerca de $770.000, durante un par de semanas, por ingresar un celular, un cuarto de marihuana y otros elementos a uno de los líderes de los patios. Asimismo, habría permitido la pelea de dos hombres al interior de la estación, uno de ellos recibió cinco puñaladas, pero este no lo habría asistido. La acusación en su contra, además de la evidencia que tiene la Fiscalía, está soportada en una entrevista que brindó la esposa de uno de los privados de la libertad, en donde incrimina e identifica a Valencia.
Al igual que los anteriores procesados, a Puentes Flores y Gaitán Díaz, se les señala de permitir el tránsito de droga y armas, acciones que se habrían perpetuado por al menos un año, añadió la Fiscalía. Incluso, habrían ajustado sus turnos de trabajo en función de la operatividad criminal de esta estructura, pues, presuntamente, visitarían la Estación de Policía en momentos extralaborales para llevar encomiendas.
Sobre Colmenares Luna y Chamorro, uno de ellos quien desde este año estaba vinculado a una estación de Policía de Kennedy, la Fiscalía dijo que, además de permitir el ingreso de droga, armas, dispositivos electrónicos y mujeres para visitas conyugales, habrían sacado a un privado de la libertad de su celda “para llevar a otra en donde el jefe de patio o “pluma”, le quitó los pantalones, lo golpeó y lo obligó a dormir al lado de una reja, posteriormente el detenido tuvo que pagar para poder retornar a su celda. Dicho dinero habría sido recibido por los uniformados y posteriormente entregado al jefe de patio”.
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Aparentemente, las ganancias del negocio, en principio, se manejaba en efectivo, pero el movimiento creció, al punto en el que los uniformados empezaron a usar plataformas digitales de pago, en las que giraban entre $100 mil y $400 mil diarios o por encomienda, los valores variaban según los objetos que circularan. También se pudo conocer que, producto de ese actuar criminal, y de que mensualmente podían obtener hasta $15 millones, algunos de los policías habrían hecho un viaje a Cartagena.
La relación de los hoy procesados con los líderes de los patios llegó a ser tan estrecha, que, dice la Fiscalía, estuvieron muy cerca de perpetrar una fuga masiva. Esta misión se habría estado gestando desde hace varias semanas, y se iba a dar gracias a que los uniformados habrían permitido el ingreso de armas blancas, estas iban a ser utilizadas para amenazar a los custodios que estuvieran en ese momento, pues no todos los que trabajaban en la estación hacían parte de la red delictiva.
Al término de la intervención de la Fiscalía, quien espera que con estos argumentos la juez de control de garantías envíe a prisión a los imputados, la audiencia fue suspendida y se retomará este jueves 8 de septiembre a las 2:00 p.m. En la continuación del proceso, los defensores (un abogado por cada señalado) deberán argumentar por qué la medida de detención privativa en centro carcelario no es necesaria para sus clientes, tras esta exposición la jueza tomará la decisión.
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