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Durante marzo y mayo de 2022, seis policías adscritos a la estación de Engativá, habrían secuestrado y extorsionado a dos personas, a quienes les pidieron entre 10 y 20 millones de pesos para ser dejados en libertad. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados usaban supuestas órdenes de captura para abordar a las víctimas y manipularlas para recibir dinero a cambio de no proceder con la judicialización.
Los involucrados, y a quienes se les legalizó su captura la tarde de este miércoles 18 de enero, fueron identificados como C. Soto Álvarez (subteniente), J. Durán Rodríguez, D. Causil Sierra, C. Quinayas Franco, E. Montes Castro y D. Sánchez Díaz (patrulleros). Estas seis personas tendrán que responder por el delito de presunto secuestro extorsivo agravado, el cual no aceptaron.
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El primer caso por el que se ejecutó esta captura ocurrió el 9 de marzo del año pasado, cuando un hombre identificado como D. Rey Ramírez se movilizaba en un vehículo Ford Fiesta blanco por la localidad de Engativá, momento en el que fue abordado por dos uniformados de la Policía, abordo de una motocicleta de la institución. Aparentemente, los efectivos le habrían notificado Rey Ramírez que tenía una orden de captura, por lo que era necesario que se traslada al CAI de la Policía.
Ya en el complejo policial, el hombre habría sido retenido entre las 6:00 p. m. y las 11:00 p. m. a causa de la supuesta orden de captura. Los uniformados le habrían dicho a la víctima que no harían efectiva la judicialización siempre y cuando les giraran $10 millones. La Fiscalía logró establecer que la víctima alcanzó a hacer dos consignaciones, vía Nequi, una por $330 mil y otra por $600 mil. Tras varias horas en la estación, Rey Ramírez logró escapar de las autoridades y recuperar su libertad.
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El segundo caso se presentó el 11 de mayo, también de 2022, cuando cuatro uniformados adscritos a la estación de Policía de Engativá llegaron hasta las bodegas de un comerciante identificado como A. Téllez García, diciéndole que tenía una orden de captura. El hombre fue trasportado en un vehículo tipo panel de la Policía y escoltado por una motocicleta también de la institución, hasta el CAI de Engativá, en donde le pidieron $18 millones para que no fuera judicializado.
Téllez García estuvo privado de la libertad cerca de cuatro horas, tiempo en el que sus familiares intentaron conseguir el dinero. Debido a que pasó el tiempo y la víctima no habría logrado las exigencias de los uniformados, estos decidieron transportarlo nuevamente en la panel de la Policía, y escoltado por la moto de la institución, hasta una zona cercana al parque La Florida (Engativá), en donde lo abandonaron.
En la imputación de cargos, la Fiscalía realizó un breve relato de los casos y justificó el rol que cada uno de los uniformados cumplió durante las detenciones ilegales. Sobre J. Durán Rodríguez, la fiscal delegada del caso dijo que habría sido el policía encargado de conducir la motocicleta en la que fue escoltado el carro Ford Fiesta blanco del señor D. Rey Ramírez. Además, se presume que fue el responsable de hacerle la exigencia económica de los $10 millones.
C. Soto Álvarez, quien para el momento de los hechos era comandante del CAI de Engativá, fue el encargado de abordar y exigirle el dinero a la víctima número dos, el comerciante A. Téllez García. Además, en el primer caso, también habría estado presente cuando la víctima se escapó y los demás uniformados le habrían puesto en conocimiento la situación.
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C. Quinayas Franco, patrullero de la Policía, participó en el caso número dos (comerciante A. Téllez García). Dice la Fiscalía que habría conducido el vehículo panel de la Policía y presenciado desde el momento de su detención ilegal hasta que lo abandonaron en cercanías al parque La Florida. E. Montes Castro y D. Sánchez Díaz, también habrían hecho acto de presencia en ese mismo hecho y participado activamente desde su captura hasta el momento en el que lo abandonaron.
Sobre D. Causil Sierra, el último patrullero, la fiscal hizo un énfasis especial, pues al momento de que se presentaron ambos hechos él estaba como auxiliar en el CAI y era el encargado de consignar en la minuta las respectivas novedades que se presentaran allí. Todo parece indicar que el uniformado omitió su labor y a pesar de presenciar y atestiguar los presuntos secuestros extorsivos, no habría notificado en la minuta el ingreso, retención y posterior salida de las dos víctimas.
A estas seis personas se les imputó el delito de presunto secuestro extorsivo agravado, cargo que no aceptaron, pero por el cual podrían enfrentar una condena entre los 37 y 50 años de cárcel, aproximadamente, esto solo si son vencidos en juicio. Si llegaran a cambiar de opinión durante las próximas audiencias, y aceptaran cargos, la pena podría reducir considerablemente.
Previo a concluir la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía señaló que cuenta con contundentes materiales probatorios que podrían respaldar la responsabilidad de los seis procesados en estos dos casos. El ente investigador tiene en su poder denuncias de las dos víctimas, entrevistas de testigos que conocieron los hechos, los registros de cámaras en diferentes sitios donde se presentaron los casos, el reconocimiento fotográfico de cada uno de los uniformados, la trazabilidad del PDA, un chip en donde se puede identificar el traslado de los uniformados de la Policía, y elementos como los comprobantes de las transferencias que hizo una de las víctimas.
Para este jueves 19 de enero se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la que se establecerá si los imputados deberán seguir el proceso en prisión, o tendrían el beneficio de una medida privativa de la libertad en sus hogares. La audiencia se retomará a las 2:00 p. m.
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