Así quedó el proyecto de ley orgánica de la Región Metropolitana Bogotá

El último paso para que la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca sea una realidad es la aprobación de la ley orgánica que se debatirá este semestre en el Congreso. Además de que será promovida por las bancadas de la capital y el departamento, el presidente Iván Duque envió mensaje de urgencia para su aprobación. A la par, desde la Gobernación se empezó con la socialización del documento con los alcaldes y concejales, pues, si todo sale como está previsto, estaría lista a finales del año.

El proyecto no varía mucho de los borradores conocidos previamente. Fija desde el principio que lo integrarán Bogotá y los municipios aledaños que se asocien, dependiendo de su cercanía y seis hechos metropolitanos que pueden relacionarlos con la ciudad (movilidad, servicios públicos, justicia, seguridad alimentaria, desarrollo económico, ordenamiento territorial y medio ambiente), así como garantizar la autonomía territorial de quienes hagan parte de ella.

El ingreso dependerá de los concejos. En esta última versión, se determinó que el control político ya no se hará en los cabildos sino en una sesión semestral, en la que podrán participar tres diputados de la Asamblea, tres delegados del Concejo de Bogotá y uno por cada concejo municipal, en la que podrán formular preguntas.

En cuanto a las competencias, se ordena la creación de una autoridad regional que coordinará el transporte público y de carga; en seguridad, la creación de un sistema regional de seguridad, un plan maestro de equipamientos, nuevas inspecciones de policía y comisarías de familia, y en desarrollo económico se habla de un Plan de Desarrollo Turístico, así como de estrategias y articulaciones para fortalecer el empleo.

Por otro lado, en gestión alimentaria se plantean políticas y la coordinación de estrategias, que, hasta 2023, estaría en manos de la recién creada Agencia de Comercialización de Cundinamarca. No obstante, en servicios públicos no se establece cómo se solucionarán los conflictos que han existido por la administración del agua. En cambio, señala que se tendrá que coordinar y gestionar su administración, como la del manejo de residuos sólidos y líquidos.

En medio ambiente se especifica la articulación del Plan de Seguridad Hídrica y el Plan de Acción Climática y, tal como ya se había establecido, no considera la creación de una entidad ambiental propia, sino que pide la inclusión del director de la nueva Región Metropolitana y el rector de alguna de las universidades de la región en el consejo directivo de la CAR.

Por último, está el Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional, que, al igual que el POT, sería un instrumento a mayor escala de planeación de la Región Metropolitana por doce años, que tiene como base un componente socioeconómico y otro físico, cuya aprobación dependería del consejo regional, conformado por los alcaldes de Bogotá y los municipios inscritos.

Con respecto a su organización, deja la elección del director en manos de los alcaldes; crea un observatorio regional, así como un ágora para la participación y el control ciudadano, mientras que las decisiones se tomarán en consenso con los municipios, pero solo se aprobarán si cuentan con la aprobación de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

Pese a que no se determinan los recursos económicos que debe aportar cada municipio y Bogotá, sí establece que la Región Metropolitana podrá financiar proyectos con regalías, participar en la plusvalía que generen las acciones urbanísticas de carácter regional, recibir el 30 % de la prestación aeroportuaria, donde se amplíen o construyan nuevos aeropuertos, y una sobretasa del 1 % al impuesto de delineación urbana, así como a tener el 1% del recaudo del IVA en la región a partir del 2023.

Para Daniel Bernal, alcalde de Funza y presidente del Consejo de Integración Territorial, será clave la agencia regional de transporte, “tanto para los proyectos de infraestructura vial, que cruzan jurisdicciones, como para los sistemas integrados. Por ejemplo, ahora la administración de las rutas Mosquera-Funza la tiene el Ministerio de Transporte, pero con la agencia se dará un mayor rango de acción, porque habrá mayor celeridad y conocimiento del territorio”. Asimismo, apoya que se mantenga la jurisdicción de la CAR, pero señala que hay temas claves por discutir, como los porcentajes que aportará cada municipio.

Desde los cabildos hay hermetismo. El pasado sábado, el Concejo de Bogotá hizo una sesión abierta en la que mostró su preocupación por aspectos como la administración del agua, los aportes de cada municipio y el rol de la CAR. Cuestionaron otros factores como los mecanismos de salida y el papel que tuvieron desde los municipios en la construcción del documento.

“Es urgente, se necesita, pero no podemos confundir los medios con los fines. No tenemos que hacer lo que sea para tener una Región Metropolitana”, indicó el diputado Wilson Flores, a lo que se unió Felipe Durán, concejal de Zipaquirá, para quien “la discusión estuvo de espaldas a las comunidades y los concejos, y preocupa el peso de entidades como Probogotá”. Por su parte, Ivonnet Tapia, cabildante de Mosquera, resaltó que no hicieron parte de la modificación de la ley ni ahora la construcción de una nueva. “Nos han invitado al final, cuando ya se han tomado las decisiones”.

Aunque Patricia González, secretaria de Integración Regional de Cundinamarca, señaló que todas las decisiones no están tomadas, estos meses no solo serán importantes para la aprobación de la ley orgánica, sino también a escala local, donde se definirá quiénes finalmente integrarían esta nueva figura. La discusión sigue y tendrá que comenzar con la presentación de este documento que ya fue radicado ante el Congreso.

El último paso para que la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca sea una realidad es la aprobación de la ley orgánica que se debatirá este semestre en el Congreso. Además de que será promovida por las bancadas de la capital y el departamento, el presidente Iván Duque envió mensaje de urgencia para su aprobación. A la par, desde la Gobernación se empezó con la socialización del documento con los alcaldes y concejales, pues, si todo sale como está previsto, estaría lista a finales del año.

El proyecto no varía mucho de los borradores conocidos previamente. Fija desde el principio que lo integrarán Bogotá y los municipios aledaños que se asocien, dependiendo de su cercanía y seis hechos metropolitanos que pueden relacionarlos con la ciudad (movilidad, servicios públicos, justicia, seguridad alimentaria, desarrollo económico, ordenamiento territorial y medio ambiente), así como garantizar la autonomía territorial de quienes hagan parte de ella.

El ingreso dependerá de los concejos. En esta última versión, se determinó que el control político ya no se hará en los cabildos sino en una sesión semestral, en la que podrán participar tres diputados de la Asamblea, tres delegados del Concejo de Bogotá y uno por cada concejo municipal, en la que podrán formular preguntas.

En cuanto a las competencias, se ordena la creación de una autoridad regional que coordinará el transporte público y de carga; en seguridad, la creación de un sistema regional de seguridad, un plan maestro de equipamientos, nuevas inspecciones de policía y comisarías de familia, y en desarrollo económico se habla de un Plan de Desarrollo Turístico, así como de estrategias y articulaciones para fortalecer el empleo.

Por otro lado, en gestión alimentaria se plantean políticas y la coordinación de estrategias, que, hasta 2023, estaría en manos de la recién creada Agencia de Comercialización de Cundinamarca. No obstante, en servicios públicos no se establece cómo se solucionarán los conflictos que han existido por la administración del agua. En cambio, señala que se tendrá que coordinar y gestionar su administración, como la del manejo de residuos sólidos y líquidos.

En medio ambiente se especifica la articulación del Plan de Seguridad Hídrica y el Plan de Acción Climática y, tal como ya se había establecido, no considera la creación de una entidad ambiental propia, sino que pide la inclusión del director de la nueva Región Metropolitana y el rector de alguna de las universidades de la región en el consejo directivo de la CAR.

Por último, está el Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional, que, al igual que el POT, sería un instrumento a mayor escala de planeación de la Región Metropolitana por doce años, que tiene como base un componente socioeconómico y otro físico, cuya aprobación dependería del consejo regional, conformado por los alcaldes de Bogotá y los municipios inscritos.

Con respecto a su organización, deja la elección del director en manos de los alcaldes; crea un observatorio regional, así como un ágora para la participación y el control ciudadano, mientras que las decisiones se tomarán en consenso con los municipios, pero solo se aprobarán si cuentan con la aprobación de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

Pese a que no se determinan los recursos económicos que debe aportar cada municipio y Bogotá, sí establece que la Región Metropolitana podrá financiar proyectos con regalías, participar en la plusvalía que generen las acciones urbanísticas de carácter regional, recibir el 30 % de la prestación aeroportuaria, donde se amplíen o construyan nuevos aeropuertos, y una sobretasa del 1 % al impuesto de delineación urbana, así como a tener el 1% del recaudo del IVA en la región a partir del 2023.

Para Daniel Bernal, alcalde de Funza y presidente del Consejo de Integración Territorial, será clave la agencia regional de transporte, “tanto para los proyectos de infraestructura vial, que cruzan jurisdicciones, como para los sistemas integrados. Por ejemplo, ahora la administración de las rutas Mosquera-Funza la tiene el Ministerio de Transporte, pero con la agencia se dará un mayor rango de acción, porque habrá mayor celeridad y conocimiento del territorio”. Asimismo, apoya que se mantenga la jurisdicción de la CAR, pero señala que hay temas claves por discutir, como los porcentajes que aportará cada municipio.

Desde los cabildos hay hermetismo. El pasado sábado, el Concejo de Bogotá hizo una sesión abierta en la que mostró su preocupación por aspectos como la administración del agua, los aportes de cada municipio y el rol de la CAR. Cuestionaron otros factores como los mecanismos de salida y el papel que tuvieron desde los municipios en la construcción del documento.

“Es urgente, se necesita, pero no podemos confundir los medios con los fines. No tenemos que hacer lo que sea para tener una Región Metropolitana”, indicó el diputado Wilson Flores, a lo que se unió Felipe Durán, concejal de Zipaquirá, para quien “la discusión estuvo de espaldas a las comunidades y los concejos, y preocupa el peso de entidades como Probogotá”. Por su parte, Ivonnet Tapia, cabildante de Mosquera, resaltó que no hicieron parte de la modificación de la ley ni ahora la construcción de una nueva. “Nos han invitado al final, cuando ya se han tomado las decisiones”.

Aunque Patricia González, secretaria de Integración Regional de Cundinamarca, señaló que todas las decisiones no están tomadas, estos meses no solo serán importantes para la aprobación de la ley orgánica, sino también a escala local, donde se definirá quiénes finalmente integrarían esta nueva figura. La discusión sigue y tendrá que comenzar con la presentación de este documento que ya fue radicado ante el Congreso.