Así quieren cerrar brechas de empleo en poblaciones vulnerables de Bogotá
La Alcaldía de Bogotá alista un decreto que permite la entrega de incentivos económicos a las empresas que contraten personas que hagan parte de poblaciones vulnerables, con una tarifa diferencial, según el grupo poblacional. El programa empezaría en noviembre.
Sara Caicedo
Óscar Moreno, de 62 años, vive en el barrio Gran Britalia, de Kennedy. Se dedica a oficios varios como arreglos de electricidad, construcción o remodelaciones, actividades que, como dice, lo desvaran. Con eso, la ayuda de familiares y el bono alimentario de adulto mayor que le da la Nación, vive mes a mes. Lamentablemente no pudo pensionarse. Incluso, duró 15 años desempleado, tiempo en el que tocó varias puertas, pero por una discapacidad no tuvo las mismas oportunidades que otros de su edad.
Leer: Pago por Resultados: el programa que pretende emplear a más de 21 mil personas en Bogotá
A Moreno le hace falta el antebrazo izquierdo hace 20 años y desde ese momento crecieron las barreras en el ámbito laboral. “Nadie me daba trabajo, me decían que no servía para nada, incluso, escuchaba comentarios de que era media persona. Muchas personas creen que porque a uno le falta una parte del cuerpo no puede hacer las cosas”, contó Óscar.
Se cansó de buscar y decidió trabajar independiente, algo que le permitía manejar su tiempo. Como él, en Bogotá por cada 100 mil habitantes hay 6.379 personas con discapacidad, indicó la Secretaría de Planeación en el 2020. Y todas hacen parte de una población vulnerable y con una alta brecha de desempleo.
Pero no es la única población. Personas transgénero, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, jóvenes y reinsertados del proceso de paz también enfrentan barreras para acceder a empleos formales en la capital. Para intentar cerrar esas brechas, la Secretaría de Desarrollo Económico alista un decreto para legalizar un programa, que brindará incentivos a las empresas que vinculen formalmente a poblaciones vulnerables. El programa, denominado Beneficio a la Contratación Incluyente (BeCI), se concentrará en 18 grupos vulnerables identificados en la ciudad.
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¿Cómo cerrar la brecha?
La meta del Distrito es motivar la contratación de 20.000 personas de estos grupos antes de finalizar 2023. Para esto les darán un incentivo a las empresas, que oscilan entre $600.000 y $4 millones por persona contratada. El monto depende de las barreras que haya tenido que enfrentar el nuevo empleado. Por ejemplo, por contratar a una persona trans joven o una víctima del conflicto con discapacidad, la empresa recibirá un monto mayor. Entre más compleja sea su situación, más alto será el incentivo económico por vinculación.
Una de las condiciones del Distrito es que sea un contrato de mínimo seis meses o un año. Asimismo, si el tiempo de contratación es mayor, el incentivo también lo será. El monto se le consignará a la empresa por cada persona contratada y se hará en una sola transferencia, luego del tercer mes.
Este plan, se espera ponerlo en marcha en noviembre, ya que el Distrito espera primero alcanzar la meta de 20.000 contratados que se fijó con otro programa similar denominado Empleo Joven. Por lo tanto, se está a la espera de agotar los cupos de esta iniciativa, que a la fecha reporta la participación de 5.000 empresas, que han contratado a 12.000 personas.
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A tener en cuenta
Si bien estos programas apuntan a insertar en el mercado laboral a poblaciones vulnerables, misión que refuerza el programa Pago por Resultados (que paga a las agencias de empleo por cada vinculación efectiva de mujeres), es clave el seguimiento, para conocer la situación laboral actual de las personas contratadas. La razón: muchas ofertas pueden ser inestables, panorama que sucede, por ejemplo, en los call center o en sectores que aumentan su empleabilidad en temporadas específicas del año.
Para lograrlo, el decreto del programa BeCI ofrece un manual operativo para las empresas que se vinculen a la iniciativa. “Queremos mantener el objetivo de empleo joven. La única condición a las empresas es que estén en Bogotá y trataremos de generar incentivos y topes, de manera que el programa se pueda distribuir mejor, en el mayor número de empresas, y con una participación alta de micro y pequeñas empresas”, agregó Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico.
Para Óscar Moreno, quien representa a una de las poblaciones objeto del programa, también es fundamental que las empresas se fijen en las barreras que se dan en las mismas compañías. “La mayoría no dan la posibilidad de que personas con discapacidades puedan laborar, pero estando contratadas, deben tener en cuenta que uno tiene complicaciones de salud y problemas con la movilización”.
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En cuanto a la duración del programa, la idea es que se mantenga hasta el 2024; asimismo, que a mediados del 2023 puedan aumentar los cupos a 30.000, para lo cual esperan destinar $100.000 millones. Una vez en marcha, el reto será la verificación de que las personas contratadas efectivamente hacen parte de una población vulnerable.
Por ejemplo, en el caso de las víctimas del conflicto, deben estar en el Registro Único de Víctimas (RUV). Sin embargo, para las reinsertadas se deberá hacer un trabajo con alguna institución de verificación. Finalmente, en cuanto a los migrantes, para el secretario Bateman, esta es “una población que representa una gran oportunidad para conseguir buen talento humano, recordando que su taza de desempleo es la más alta en Bogotá”.
Las cifras de desempleo son alentadoras, pero hay ajustes por hacer. Si bien la tasa de ocupación entre enero y junio de 2022 aumentó 51,9 % en mujeres y 68,0 % en hombres, la brecha de género fue del 16, 1 %, es decir, aumentó 0,4 % en comparación con 2021, que fue de 15,7 %. No obstante, el desempleo en mujeres disminuyó 7,4 % y en hombres 5,8 %. La brecha de género en este aspecto también bajó un 1,6 %.
Aunque con los meses las cifras van bajando en pequeñas cantidades, el reto sigue siendo el mismo: empleo formal y estabilidad laboral, tarea que no es tan sencilla, como quedó en evidencia con el programa Pago por Resultados, en el que fue complejo seleccionar los cuatro operadores que tendrán la misión de ubicar a 21.000 personas, ya que fue un reto que otras grandes compañías no quisieron asumir.
Lea: Estas son las 10 bandas delincuenciales que operan en Bogotá, según la Defensoría
Los programas de empleo para poblaciones vulnerables ya están en marcha, pero falta camino para su consolidación. Con la esperanza de lograrlo, una de las peticiones del Distrito al Gobierno será empezar a medir más a los prestadores de servicios de empleo por los resultados, que por otro indicador, paso importante para priorizar el cierre de brechas en su gestión.
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Óscar Moreno, de 62 años, vive en el barrio Gran Britalia, de Kennedy. Se dedica a oficios varios como arreglos de electricidad, construcción o remodelaciones, actividades que, como dice, lo desvaran. Con eso, la ayuda de familiares y el bono alimentario de adulto mayor que le da la Nación, vive mes a mes. Lamentablemente no pudo pensionarse. Incluso, duró 15 años desempleado, tiempo en el que tocó varias puertas, pero por una discapacidad no tuvo las mismas oportunidades que otros de su edad.
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A Moreno le hace falta el antebrazo izquierdo hace 20 años y desde ese momento crecieron las barreras en el ámbito laboral. “Nadie me daba trabajo, me decían que no servía para nada, incluso, escuchaba comentarios de que era media persona. Muchas personas creen que porque a uno le falta una parte del cuerpo no puede hacer las cosas”, contó Óscar.
Se cansó de buscar y decidió trabajar independiente, algo que le permitía manejar su tiempo. Como él, en Bogotá por cada 100 mil habitantes hay 6.379 personas con discapacidad, indicó la Secretaría de Planeación en el 2020. Y todas hacen parte de una población vulnerable y con una alta brecha de desempleo.
Pero no es la única población. Personas transgénero, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, jóvenes y reinsertados del proceso de paz también enfrentan barreras para acceder a empleos formales en la capital. Para intentar cerrar esas brechas, la Secretaría de Desarrollo Económico alista un decreto para legalizar un programa, que brindará incentivos a las empresas que vinculen formalmente a poblaciones vulnerables. El programa, denominado Beneficio a la Contratación Incluyente (BeCI), se concentrará en 18 grupos vulnerables identificados en la ciudad.
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¿Cómo cerrar la brecha?
La meta del Distrito es motivar la contratación de 20.000 personas de estos grupos antes de finalizar 2023. Para esto les darán un incentivo a las empresas, que oscilan entre $600.000 y $4 millones por persona contratada. El monto depende de las barreras que haya tenido que enfrentar el nuevo empleado. Por ejemplo, por contratar a una persona trans joven o una víctima del conflicto con discapacidad, la empresa recibirá un monto mayor. Entre más compleja sea su situación, más alto será el incentivo económico por vinculación.
Una de las condiciones del Distrito es que sea un contrato de mínimo seis meses o un año. Asimismo, si el tiempo de contratación es mayor, el incentivo también lo será. El monto se le consignará a la empresa por cada persona contratada y se hará en una sola transferencia, luego del tercer mes.
Este plan, se espera ponerlo en marcha en noviembre, ya que el Distrito espera primero alcanzar la meta de 20.000 contratados que se fijó con otro programa similar denominado Empleo Joven. Por lo tanto, se está a la espera de agotar los cupos de esta iniciativa, que a la fecha reporta la participación de 5.000 empresas, que han contratado a 12.000 personas.
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A tener en cuenta
Si bien estos programas apuntan a insertar en el mercado laboral a poblaciones vulnerables, misión que refuerza el programa Pago por Resultados (que paga a las agencias de empleo por cada vinculación efectiva de mujeres), es clave el seguimiento, para conocer la situación laboral actual de las personas contratadas. La razón: muchas ofertas pueden ser inestables, panorama que sucede, por ejemplo, en los call center o en sectores que aumentan su empleabilidad en temporadas específicas del año.
Para lograrlo, el decreto del programa BeCI ofrece un manual operativo para las empresas que se vinculen a la iniciativa. “Queremos mantener el objetivo de empleo joven. La única condición a las empresas es que estén en Bogotá y trataremos de generar incentivos y topes, de manera que el programa se pueda distribuir mejor, en el mayor número de empresas, y con una participación alta de micro y pequeñas empresas”, agregó Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico.
Para Óscar Moreno, quien representa a una de las poblaciones objeto del programa, también es fundamental que las empresas se fijen en las barreras que se dan en las mismas compañías. “La mayoría no dan la posibilidad de que personas con discapacidades puedan laborar, pero estando contratadas, deben tener en cuenta que uno tiene complicaciones de salud y problemas con la movilización”.
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En cuanto a la duración del programa, la idea es que se mantenga hasta el 2024; asimismo, que a mediados del 2023 puedan aumentar los cupos a 30.000, para lo cual esperan destinar $100.000 millones. Una vez en marcha, el reto será la verificación de que las personas contratadas efectivamente hacen parte de una población vulnerable.
Por ejemplo, en el caso de las víctimas del conflicto, deben estar en el Registro Único de Víctimas (RUV). Sin embargo, para las reinsertadas se deberá hacer un trabajo con alguna institución de verificación. Finalmente, en cuanto a los migrantes, para el secretario Bateman, esta es “una población que representa una gran oportunidad para conseguir buen talento humano, recordando que su taza de desempleo es la más alta en Bogotá”.
Las cifras de desempleo son alentadoras, pero hay ajustes por hacer. Si bien la tasa de ocupación entre enero y junio de 2022 aumentó 51,9 % en mujeres y 68,0 % en hombres, la brecha de género fue del 16, 1 %, es decir, aumentó 0,4 % en comparación con 2021, que fue de 15,7 %. No obstante, el desempleo en mujeres disminuyó 7,4 % y en hombres 5,8 %. La brecha de género en este aspecto también bajó un 1,6 %.
Aunque con los meses las cifras van bajando en pequeñas cantidades, el reto sigue siendo el mismo: empleo formal y estabilidad laboral, tarea que no es tan sencilla, como quedó en evidencia con el programa Pago por Resultados, en el que fue complejo seleccionar los cuatro operadores que tendrán la misión de ubicar a 21.000 personas, ya que fue un reto que otras grandes compañías no quisieron asumir.
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Los programas de empleo para poblaciones vulnerables ya están en marcha, pero falta camino para su consolidación. Con la esperanza de lograrlo, una de las peticiones del Distrito al Gobierno será empezar a medir más a los prestadores de servicios de empleo por los resultados, que por otro indicador, paso importante para priorizar el cierre de brechas en su gestión.
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