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El sueño de muchas familias de tener un techo ha sido el principal motor de las urbanizaciones ilegales, que han crecido sin diferenciar si el suelo es urbano o rural. Lo único que les importa es tener dónde construir. No obstante, hacerlo más allá del límite donde termina la ciudad y empieza el campo sí marca una diferencia: incorporarlos en los procesos de legalización que adelanta el Distrito es más complejo, por no decir imposible.
En general, cuando nace una urbanización ilegal, surge con los mismos problemas: ausencia de servicios públicos domiciliarios; falta de equipamientos comunitarios, como colegios, parques y espacios de recreación, entre otros, y el difícil acceso del transporte público. Cuando se está en los límites de lo urbano, acceder a una solución podría ser un asunto de voluntad; pero cuando se ubica en lo rural, el asunto trasciende lo legal.
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El tema radica en la protección y el fin especial que tienen los territorios rurales. Actualmente, el Decreto 555 de 2021, del Plan de Ordenamiento Territorial - POT - categoriza, ordena y clasifica la ruralidad de Bogotá en cuatro piezas, de acuerdo con su geografía y recursos naturales, sociales, económicos y funcionales. Está la pieza Norte, cuyo fin es proteger los valores del patrimonio natural y conectar con los municipios de la sabana centro, a través de Cota y Chía.
Además, la pieza de los Cerros Orientales, con la función de proteger la generación de servicios ecosistémicos, dando conectividad con los municipios de La Calera, Choachí y Ubaque; la pieza Cuenca del Tunjuelo, que está para aliviar la presión de la urbanización y la diversificación de actividades productivas rurales, y la pieza Sumapaz, que, además de su valor ambiental, logra conectar con el departamento del Meta, Huila y otros municipios de Cundinamarca. Por sus particularidades, allí no se puede construir.
Ampliar el perímetro urbano
Por la dimensión del problema de los barrios ilegales en Bogotá, la administración ha venido haciendo el esfuerzo por normalizar los que más ha podido. En general (urbano y rural), a la fecha se han legalizado 1.657 asentamientos, que ya tienen derecho a que la ciudad les suministre servicios y los incluyan en los planes de infraestructura. En total son 7.546 hectáreas, con 424.859 lotes, la mayoría de estratos uno y dos.
Las localidades con más legalizaciones fueron Bosa (303), Suba (255) y Usme (183). Todos fueron reconocidos por ser asentamientos en condiciones de precariedad urbanística y de origen informal; conformado por vivienda de interés social y usos complementarios (comercio y servicios), que se construyeron sin licencia de urbanización, explicó la secretaría de Planeación.
En medio de esta cruzada, hay una particularidad: uno de cada cuatro barrios legalizados estaba en zona rural. En total eran 486 barrios que antes se encontraban ubicados en alguna de las cuatro piezas definidas en el POT (Norte, Cerros, Tunjuelo o Sumapaz). Y aunque legalizarlos parecía imposible, el truco estuvo en aplicar las sentencias judiciales (como se hizo en el caso de los Cerros Orientales) o acudir a la única alternativa que tenían a la mano a través del POT: extender la frontera del suelo urbano, para sacarlos de la zona rural.
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De esta manera lograron legalizar 51 barrios en los Cerros, que estaban en la zona de adecuación, distribuidos en Usaquén (19), San Cristóbal (17), en Chapinero (5), Santa Fe (5) y Usme (5). Los otros 435 barrios fue gracias a que fueron incorporados al perímetro urbano, mediante la legalización urbanística. En Bosa fueron 150; en Usme, 92; en Ciudad Bolívar, 61; en Kennedy, 54; en Suba, 36; en Usaquén, 10; en Engativá, 10; en Chapinero, 9; en Fontibón, 9; en San Cristóbal, 8; Santa Fe, 3, y en Rafael Uribe, 1.
Sin embargo, hay otros que no corrieron con la misma suerte y, por ahora, nada se puede hacer. Se trata de los barrios San Isidro, Arauquita, El Manantial y Las Delicias del Carmen, entre otros 22, se edificaron en terrenos que gozan de una protección especial, que impide su legalización.
El proceso de legalizar
Detrás de darle la categoría de legal a un barrio informal hay varios pasos. De entrada, vale aclarar que un barrio de invasión, en un predio del Estado, nunca se podrá legalizar. “Quienes los invadan nunca podrán pedir que los declaren propietarios por posesión”, señaló José Luis González, abogado urbanístico, especializado en derecho administrativo y contratación pública. En estos casos, los jueces, por la omisión del Estado al no haber ejercido funciones de control, ordenan reubicar las familias.
Otra cosa es si el barrio se construye en un terreno privado, por ejemplo, en una finca de la vereda Quiba Alta, en Ciudad Bolívar, y el propietario nunca intentó recuperarlo. “Quién está invadiendo puede pedir a un juez que lo declare propietario, si lleva más de 10 años de posesión. El tiempo de espera se reduce a cinco años si es un barrio con casas en el rango de interés social (con valor inferior a 135 salarios mínimos)”, señaló González.
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Surtido este trámite, el tiempo de legalización depende de las características y puede tardar hasta tres años. La Secretaría de Planeación explica que antes de iniciar el proceso legal, se revisan los documentos del expediente urbano; la documentación jurídica (en la que se identifica al propietario o urbanizador responsable), y se elabora un estudio vial. Todo se hace a través de la Secretaría de Hábitat.
Hábitat les da vía libre a los barrios consolidados, es decir, que presenten una estructura urbana con vías y lotes construidos. También a los que están constituidos por viviendas de interés social, en estratos 1 y 2. Y, finalmente, que no estén en suelo de protección, áreas de reserva para la construcción de infraestructura de servicios públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento generales. “Es por esta razón que el distrito no puede comenzar trámites en barrios ubicados en suelo rural”, agregó la entidad del Distrito.
Esta es la situación que hoy viven alrededor de 22 barrios, que seguirán en la informalidad; padeciendo la ausencia de servicios y corriendo el riesgo de que un día los puedan desalojar. Para evitar esta situación a futuro, sin duda, la misión será ejercer controles más presentes en la zona rural y, de paso, ampliar la oferta y acceso a vivienda digna a las familias pobres de la ciudad, para contrarrestar un fenómeno que nace de la ilusión de tener un hogar.
