Así viven la emergencia en Antonio Nariño y Rafael Uribe

Parte de la última decisión que tomó la alcaldesa Claudia López de decretar el pico y género en la capital se debe al tráfico de peatones que se ve en algunas zonas de la ciudad, como las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe, en el centro-sur de Bogotá. En algunos sectores de esta zona, que alberga a unas 500.000 personas y se caracteriza en algunos barrios por graves antecedentes de criminalidad, se presentan aglomeraciones, sobre todo en las entidades bancarias y de salud. También en las plazas de mercado y los almacenes de cadena se ven a familias yendo a mercar o filas en las que no se respeta la distancia para evitar el contagio de la COVID-19.

El caso que ha sido más denunciado en este sector de la capital es la Plaza de Mercado del Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, que, según la Veeduría, es el centro de abastecimiento para cerca de 18.000 familias. Este diario constató que los días previos a la medida de pico y género ordenado por el Distrito, alrededor de la plaza se generaron extensas filas. Pocas cuadras al norte de la Plaza también hay varias bancos, que generan largas filas de clientes. Mientras se presentaban estas extensas colas, varios comerciantes de bares, vendedores de zapatos y marroquineros protestaron frente a la Alcaldía local para recibir las ayudas del Distrito o el Gobierno Nacional.

En las dos localidades también se vieron extensas colas en el barrio Olaya y en el centro comercial Centro Mayor. En el primer caso, el Policlínico del Olaya genera filas de hasta cinco cuadras en las que se ven adultos mayores asistiendo a sus respectivas citas o reclamando sus medicinas. En el centro comercial también se producen estos focos por la misma razón que en el Restrepo: acceso a las entidades bancarias. A pocos metros de allí también varios vecinos denuncian el funcionamiento de burdeles a puerta cerrada y de población venezolana que vive en “pagadiarios” y no tiene a dónde ir.

En algunos barrios de la localidad de Antonio Nariño, como Quiroga, Santa Lucía, Policarpa, San Jorge, Marco Fidel Suárez, El Pesebre y Policarpa, los ediles reciben denuncias sobre familias que salen en grupo a los mercados. Este diario también constató que en el barrio Eduardo Santos, en la localidad de Rafael Uribe, hay varios mecánicos que atienden a puerta cerrada. “Vine aquí a mi taller de confianza a que me arreglen el cuadro. Yo sé que los mecánicos se exponen a que los sancionen, pero yo tampoco me puedo quedar sin trabajar”, dice Leonardo Herrera, un taxista soachuno de 49 años.

En este zona de la ciudad, en el Rafael Uribe, queda el cementerio del sur Matatigres, en el barrio del mismo nombre. En este momento está cerrado para el público y solo se permiten algunas inhumaciones. La semana pasada, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) desinfectó el camposanto, ya que los dos hornos crematorios que hay allí hacen parte del plan de contingencia que el Distrito desarrolló para un posible escenario en el que las víctimas fatales del nuevo coronavirus aumenten en grandes proporciones. Sin embargo, las proyecciones de la Alcaldía no contemplan un escenario dantesco como el que vive Ecuador, en donde queman los cuerpos en las calles.

Otro punto en el que están enfocados el Distrito y la Fuerza Pública es la cárcel La Picota, en Rafael Uribe y limites con Usme. Hace tres semanas esta fue una de las prisiones donde hubo protestas por las condiciones sanitarias que se viven, igual que en las demás cárceles del país. Por eso, miembros de la Policía reforzaron el pie de fuerza en el sector, para evitar posibles fugas y desmanes.

El ambiente es tenso en el penal, pues los reclusos esperan un masivo excarcelamiento. El Ministerio de Justicia anunció que firmaría la semana pasada, pero ha tardado en hacerlo. Hasta ahora solo se conoce un borrador, el cual fue criticado por el fiscal general. “Hay pánico aquí adentro, cualquier compañero que se enferma alerta a los demás. Hace una semana hubo una pelea en el patio y un preso se desangró. Ningún doctor llegó. Imagínese si llega el virus hasta aquí”, dice a este diario un preso del pabellón de extraditables, cuyo proceso está truncado por la pandemia.

La cuarentena se mantiene y el llamado es a que los habitantes de esas localidades realmente cumplan las reglas.

*Por estos días, cuando estamos todos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, puedes consultar los contenidos de las secciones Nacional y Bogotá sin restricción alguna. Y en medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.  

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Parte de la última decisión que tomó la alcaldesa Claudia López de decretar el pico y género en la capital se debe al tráfico de peatones que se ve en algunas zonas de la ciudad, como las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe, en el centro-sur de Bogotá. En algunos sectores de esta zona, que alberga a unas 500.000 personas y se caracteriza en algunos barrios por graves antecedentes de criminalidad, se presentan aglomeraciones, sobre todo en las entidades bancarias y de salud. También en las plazas de mercado y los almacenes de cadena se ven a familias yendo a mercar o filas en las que no se respeta la distancia para evitar el contagio de la COVID-19.

El caso que ha sido más denunciado en este sector de la capital es la Plaza de Mercado del Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, que, según la Veeduría, es el centro de abastecimiento para cerca de 18.000 familias. Este diario constató que los días previos a la medida de pico y género ordenado por el Distrito, alrededor de la plaza se generaron extensas filas. Pocas cuadras al norte de la Plaza también hay varias bancos, que generan largas filas de clientes. Mientras se presentaban estas extensas colas, varios comerciantes de bares, vendedores de zapatos y marroquineros protestaron frente a la Alcaldía local para recibir las ayudas del Distrito o el Gobierno Nacional.

En las dos localidades también se vieron extensas colas en el barrio Olaya y en el centro comercial Centro Mayor. En el primer caso, el Policlínico del Olaya genera filas de hasta cinco cuadras en las que se ven adultos mayores asistiendo a sus respectivas citas o reclamando sus medicinas. En el centro comercial también se producen estos focos por la misma razón que en el Restrepo: acceso a las entidades bancarias. A pocos metros de allí también varios vecinos denuncian el funcionamiento de burdeles a puerta cerrada y de población venezolana que vive en “pagadiarios” y no tiene a dónde ir.

En algunos barrios de la localidad de Antonio Nariño, como Quiroga, Santa Lucía, Policarpa, San Jorge, Marco Fidel Suárez, El Pesebre y Policarpa, los ediles reciben denuncias sobre familias que salen en grupo a los mercados. Este diario también constató que en el barrio Eduardo Santos, en la localidad de Rafael Uribe, hay varios mecánicos que atienden a puerta cerrada. “Vine aquí a mi taller de confianza a que me arreglen el cuadro. Yo sé que los mecánicos se exponen a que los sancionen, pero yo tampoco me puedo quedar sin trabajar”, dice Leonardo Herrera, un taxista soachuno de 49 años.

En este zona de la ciudad, en el Rafael Uribe, queda el cementerio del sur Matatigres, en el barrio del mismo nombre. En este momento está cerrado para el público y solo se permiten algunas inhumaciones. La semana pasada, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) desinfectó el camposanto, ya que los dos hornos crematorios que hay allí hacen parte del plan de contingencia que el Distrito desarrolló para un posible escenario en el que las víctimas fatales del nuevo coronavirus aumenten en grandes proporciones. Sin embargo, las proyecciones de la Alcaldía no contemplan un escenario dantesco como el que vive Ecuador, en donde queman los cuerpos en las calles.

Otro punto en el que están enfocados el Distrito y la Fuerza Pública es la cárcel La Picota, en Rafael Uribe y limites con Usme. Hace tres semanas esta fue una de las prisiones donde hubo protestas por las condiciones sanitarias que se viven, igual que en las demás cárceles del país. Por eso, miembros de la Policía reforzaron el pie de fuerza en el sector, para evitar posibles fugas y desmanes.

El ambiente es tenso en el penal, pues los reclusos esperan un masivo excarcelamiento. El Ministerio de Justicia anunció que firmaría la semana pasada, pero ha tardado en hacerlo. Hasta ahora solo se conoce un borrador, el cual fue criticado por el fiscal general. “Hay pánico aquí adentro, cualquier compañero que se enferma alerta a los demás. Hace una semana hubo una pelea en el patio y un preso se desangró. Ningún doctor llegó. Imagínese si llega el virus hasta aquí”, dice a este diario un preso del pabellón de extraditables, cuyo proceso está truncado por la pandemia.

La cuarentena se mantiene y el llamado es a que los habitantes de esas localidades realmente cumplan las reglas.

*Por estos días, cuando estamos todos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, puedes consultar los contenidos de las secciones Nacional y Bogotá sin restricción alguna. Y en medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.  

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