En Bogotá, la figura de “sedes sindicales” se ha convertido en una fachada para que numerosos negocios nocturnos operen ilegalmente, aprovechando los beneficios y protecciones que la ley otorga a locales relacionados con labores sindicales. Estos establecimientos utilizan esta cobertura para eludir a las autoridades y esconder actividades ilícitas como la explotación sexual, venta y consumo de licor adulterado, y venta y consumo de estupefacientes.
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Un informe reciente de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) reveló que en 2023 se detectaron 108 bares clandestinos que operaban bajo la apariencia de sindicatos, de los cuales 96 siguen activos. Esta situación ha generado serias preocupaciones de seguridad y convivencia en la capital.
¿Cómo funciona la figura sindical?
Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que buscan defender y promover los intereses de sus miembros, y sus sedes están bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo. Aunque la ley prohíbe actividades comerciales en estas sedes, la falta de inspección y control por parte de las autoridades locales ha permitido que estos lugares funcionen sin restricciones. Esto ha llevado a que operen sin horarios establecidos y sin regulaciones, facilitando actividades ilícitas.
Entre las localidades más afectadas por la presencia de estos bares ilegales están: Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo. Los residentes de estas áreas han reportado problemas constantes debido al ruido, el consumo de alcohol y drogas y la prostitución.
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene la capacidad de imponer multas a los sindicatos que utilicen su figura de manera fraudulenta. Estas sanciones pueden variar entre 1 y 50 veces el salario mínimo mensual más alto vigente. Si los sindicatos persisten en la violación de la ley, el Ministerio puede solicitar su disolución y la cancelación de su inscripción en el registro sindical.
Las autoridades locales están trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional para abordar esta problemática. Se están desarrollando estrategias para promover el cierre de estos establecimientos ilegales y garantizar el cumplimiento de la ley. La colaboración entre la comunidad y las autoridades es esencial para enfrentar y resolver este problema que afecta la seguridad y convivencia en Bogotá.
¿Cómo se denunció lo sucedido en el concejo?
Tras la denuncia hecha por el concejal Julián Uscátegui, que puso en evidencia la situación, el cabildante invitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para cerrar estos establecimientos ilegales: “Es crucial trazar una hoja de ruta que permita promover el cierre de estos lugares y asegurar la calidad de vida de los bogotanos”, indicó Uscátegui.
De igual forma, el concejal hizo referencia a la incomodidad de los residentes que viven cerca a estos establecimientos: “Es totalmente impresentable que barrios residenciales deban padecer el funcionamiento ilegal de rumbeaderos y las autoridades no puedan hacer nada. No es calidad de vida vivir entre ruido, alcohol, drogas y prostitución”, enfatizó Uscátegui.
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