Garantizar la plena igualdad e inclusión de los grupos minoritarios en Colombia es una de las grandes deudas de la Administración Distrital y del Gobierno Nacional, más en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad auditiva.
Basta con que una de ellas salga a la calle e intente pedir ayuda en lengua de señas para evidenciar ese abismo y que la comunicación sigue siendo una de las principales barreras. El panorama preocupa, pues, encontrar a algún oyente que entienda la lengua es inusual, a pesar de que 1 de cada 100 colombianos padece problemas auditivos, según el Ministerio de Salud.
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Dimensionar la situación con precisión no es fácil. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 15 % de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad y, según la Secretaría de Planeación, en Bogotá hay alrededor de 458.088 personas en esta condición. En cuanto a la población sorda en el país, a la fecha no hay un censo exacto que los caracterice. No obstante, sí se puede hacer un cálculo partiendo de la Ficha Técnica de Discapacidad (DANE, abril de 2022) y las proyecciones del censo del 2018.
Según los datos, se estima que hay casi 400.000 colombianos con capacidad auditiva reducida o nula, de los cuales el 60 % corresponde a adultos mayores que perdieron la audición por cuestión de la edad y, el 40 % restante, a la población entre primera infancia y adultez que fueron diagnosticados con sordera de nacimiento o adquirieron este diagnóstico con el paso de los años. Solo en Bogotá, se estima que hay cerca de 90.000, siendo la ciudad con más personas sordas del país.
Aunque la inclusión de esta población, al menos en el papel, parece tener avances, en el día a día la realidad es otra. La Ley 324 de 1996 reconoció la lengua de señas colombiana como idioma de la comunidad sorda; la Ley 1618 del 2013 adoptó acciones afirmativas y ajustes razonables para reducir la discriminación y el decreto 1421 del 2017 reglamentó su atención en el marco de la educación inclusiva, pero “preguntarle en la calle a un oyente alguna cosa suele ser una aventura”, señala Geovani Melendres, lingüista diagnosticado con sordera.
“Muchos se asustan y hasta salen corriendo. Antes, la gente asimilaba que la lengua de señas era una comunicación similar a la de los simios y, si bien esa idea ha cambiado, aún no hay un conocimiento generalizado que permita la interacción”, agrega Melendres, quien en la mayoría de los casos debe escribir para que la gente entienda qué quiere decir.
Esta situación es similar en todos los rincones del país y en casi todas las esferas. De ahí que, desde el Instituto Nacional para Sordos -Insor-, entidad asesora adscrita al Ministerio de Educación, resalten que pese a existir una base normativa para el reconocimiento de los derechos de la comunidad sorda, falta aterrizar todo lo escrito en acciones concretas que impacten su cotidianidad.
“Hay retos por asumir, para lograr una accesibilidad plena. En escenarios como la atención en salud, por ejemplo, hace falta que los profesionales conozcan la lengua o cuenten con un intérprete para entender a sus pacientes. A la fecha, las personas sordas deben pagar su propio intérprete, porque los hospitales no cuentan con uno y esto resta a la confidencialidad, eficacia y la garantía del derecho a la salud”, menciona Natalia Martínez, directora del Insor.
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Este panorama se ve agravado, por ejemplo, por los pocos avances en cuanto al acceso de las personas no oyentes a los canales de atención ciudadana, como la línea de emergencias 123, que se ofrece solo vía telefónica, o las barreras laborales para las personas en condición de discapacidad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), comienzan desde la formación académica. En Colombia, según el Sistema Integrado de Información del Ministerio de Protección Social, alrededor del 15% de los integrantes de la población en condición de discapacidad no alcanza ningún nivel de escolaridad.
Todo, al final, redunda en una realidad: la vulneración de sus derechos, en gran parte por las barreras de comunicación. En el país existen, según el DANE, casi 3 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales el 55 % están en edad para trabajar. Sin embargo, únicamente el 26,7 % ha tenido en algún momento un trabajo remunerado y nada más el 13,5 % tiene un vínculo laboral estable, aspecto que desestabiliza directamente la economía de las personas con discapacidad y sus familias. Según el Departamento Nacional de Planeación -DNP- el 70 % se encuentra en estado de pobreza y, según el último censo, el 93 % pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
Aprender lengua de señas, un paso
Pero, ¿cómo revertir la situación? En la actualidad, gracias al cuestionamiento social que ha surgido con las nuevas generaciones, existe, de acuerdo con los expertos, un interés en alza por fortalecer la vinculación de los colectivos minoritarios en general. Es por ello por lo que aprender la lengua de señas colombiana puede ser, no solo, un primer paso, sino una excelente alternativa para quienes están interesados en conocer más de la cultura y la comunicación de esta población.
En Bogotá existen dos instituciones oficiales que ofrecen el servicio de enseñanza: la Federación Nacional de Sordos de Colombia -Fenascol- y la Sociedad de Sordos de Bogotá -SordeBog-. Cada una ofrece clases y talleres, bien sea en modalidad virtual o presencial, con interacción directa y tutoría de personas sordas. Se ofrecen hasta 4 niveles, dependiendo de la dedicación de cada estudiante. El costo por módulo en cada institución oscila entre $360 mil y $450 mil.
A pesar de este esfuerzo, la realidad es que falta mucho para que se logre una inclusión real en la vida diaria y, de esta manera, garantizar sus derechos. No obstante, aprender lengua de señas, así sea de manera básica, puede ser el comienzo para garantizar una interacción real con esta comunidad que ha estado relegada históricamente a la interacción con sus pares.
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