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La intención de que el ciudadano canadiense detenido responda ante la justicia, por agredir a un uniformado de la Policía en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, parece complicarse. La Fiscalía tiene hasta el mediodía de este miércoles 12 de julio para realizar la legalización de la captura y formular imputación, pero la diligencia está retrasada, debido a que en las últimas horas él pidió acompañamiento de un traductor. La petición ha dilatado la diligencia de control de garantías
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Vale señalar que los hechos se registraron el pasado martes, alrededor de las siete de la mañana, en la zona de atención al cliente del terminal aéreo. Allí, cómo quedó registrado en videos grabados por ciudadanos, se observa a un hombre agredir con puños a un policía. Posteriormente, la ciudadanía reacciona en ayuda del uniformado y el extranjero fue capturado en el sitio.
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A pesar de la contundencia del caso, la fiscal a cargo del proceso no parece tener el camino claro. En primer lugar, solo hasta esta mañana la Policía Metropolitana de Bogotá entregó el informe oficial del caso para soportar el proceso judicial y no es del todo claro.
¿Qué dice el informe oficial?
En el documento, según conoció este diario por fuentes cercanas al caso, se detallan los hechos en los que presuntamente el ciudadano extranjero intenta despojar al uniformado de su arma de dotación y lo agrede en múltiples ocasiones, cómo se observa en videos de redes sociales.
Se detalla que, a pesar de sufrir lesiones, el policía no sostuvo heridas de gravedad. De otro lado, se asegura que el ciudadano no presenta antecedentes penales en otros países, según el registro de la Interpol, y que el sujeto no tenía pasaje hacia su país de origen u otro destino.
No obstante, el informe no detalla cómo se llega a la conclusión de que el sujeto quería quitarle el arma al uniformado, una de las hipótesis puestas en la mesa por la Policía. Este elemento es clave determinar como inició la agresión.
De ser imputado por el delito de violencia contra servidor público, el extranjero se vería expuesto a una pena de 4 a 8 años de cárcel. De acuerdo con el abogado penalista William Salazar, “si el oficial estaba de servicio al momento de la agresión, el fiscal podrá imputar este delito, como lo consiga el artículo 429 del Código Penal. Esto es decisión del fiscal que se apropie del caso”, apuntó el abogado a El Espectador.
La Fiscalía se encuentra en una carrera contrarreloj para obtener los elementos suficientes y argumentos sólidos para llevar al extranjero ante un juez. Por tal razón, se presume que este caso terminará igual que el de una mujer que la semana pasada agredió a un empleado en la terminal aérea: deportado y sin responsabilidad penal.
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