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En un operativo sorpresa de la Secretaría Distrital de Seguridad, ocurrido el pasado 6 de noviembre, las autoridades encontraron en la entrada y en el interior de la plaza de mercado, El Restrepo, puestos de venta ilegal de animales vivos, y también se denunció que algunos locales del sitio se encontraban abiertos a pesar de haber sido sellados por el Distrito debido a varias sanciones que tenían vigentes.
La inspección sanitaria halló que la venta de peces se mantenía, a pesar de que según el Acuerdo 801 está prohibido el comercio de animales de todas las especies en las plazas de mercado de la capital. Asimismo, se encontraron jaulas y cajas con roedores, además de aves para su presunta comercialización.
La concejala Andrea Padilla, que convocó y acompaño el operativo, aseguró que se tenía información, confirmada por la Alcaldía Local de Antonio Nariño y por la inspección, de que algunos comerciantes de animales habrían roto unilateralmente los sellamientos impuestos por las autoridades durante un operativo que se realizó en 2020, y que se debía mantener hasta que se resuelva el proceso administrativo.
En la plaza las tensiones se mantienen altas con el cierre de locales y la prohibición de la venta de animales vivos en este tipo de espacios. La administradora del establecimiento comercial, y algunos funcionarios públicos, denunciaron que fueron agredidos por los comerciantes durante labores de inspección. También, durante los operativos, se señaló que algunos comerciantes habrían cerrado sus locales para no dejar entrar a las autoridades.
El Acuerdo 801, que fue expedido en febrero de 2021, prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado y busca regular el comercio de estos en la capital. Sin embargo, esta prohibición afecta a los comerciantes que se dedican a esta labor en los mercados de Bogotá, especialmente en la plaza de El Restrepo la situación de algunos de ellos es crítica ya que las deudas del arriendo de los locales, dicen los afectados, son superiores a los $109 millones de pesos.
La administración del sitio hace un llamado para que estos comerciantes dialoguen con el Distrito, para planear y apoyar la reconversión de su actividad económica. Por su parte, la concejala Padilla insiste en que las autoridades deberán hacer efectivas las regulaciones que impone el Acuerdo 801.
