El demonio de los tierreros, ¿a punto de salirse con la suya?

Así lo informó Rubén Bolívar, el apoderado del administrador de una estación de gasolina, aledaña al predio en disputa, quien lleva casi un año dando la pelea para evitar que Sánchez se quede con el terreno. En múltiples oportunidades, en el transcurso de las audiencias en la inspección de Policía, Bolívar ha hecho lo posible por demostrar que la documentación y los argumentos del señalado tierrero, con los que alega la posesión, están plagados de irregularidades.

Así lo informó Rubén Bolívar, el apoderado del administrador de una estación de gasolina, aledaña al predio en disputa, quien lleva casi un año dando la pelea para evitar que Sánchez se quede con el terreno. En múltiples oportunidades, en el transcurso de las audiencias en la inspección de Policía, Bolívar ha hecho lo posible por demostrar que la documentación y los argumentos del señalado tierrero, con los que alega la posesión, están plagados de irregularidades.

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En la última audiencia que convocó la inspección de Policía de Bosa, Sánchez dijo que el predio, ubicado en la 84A n.° 56B-17 sur, le pertenecía e, incluso, querelló a un tercero, al que señaló de haberse intentado quedar con el lote. En las actas del pleito, a las que tuvo acceso El Espectador, Emigdio acusa a Isaac Sánchez de invadir su propiedad. Sin embargo, el abogado Bolívar dice que la querella no es más que un paripé, en el entramado de Sánchez, para quedarse con el terreno que, entre otras, le fue cedido al IDRD y a la Defensoría del Espacio Público (DADEP), para construir un parque y un sendero ecológico.

Tal parece que Sánchez tiene experiencia en estos pleitos. Al menos, es un viejo conocido en la localidad y en el Distrito, por protagonizar casos similares. Un dato para dimensionar su actividad: su nombre está vinculado a 11 procesos judiciales, como demandado o demandante, varios de ellos reclamando propiedades ajenas, que dice, le pertenecen.

Contexto del pleito

Aristides Rendón, propietario original del terreno en disputa, hoy representado legalmente por Bolívar, cedió el lote al Distrito como parte de una obligación urbanística. Este requisito lo debe acreditar cualquier persona jurídica o natural que esté interesada en llevar a cabo una obra en la ciudad. Por consiguiente, Rendón adelantó el proceso y el IDRD, a través de la resolución 170 de 2023, aprobó la cesión. Pero con lo que no contaban era que, meses antes, el supuesto usurpador había comenzado su estrategia para adueñarse del lote.

Todo comenzó a mediados del año pasado, cuando un individuo, identificado como Joaquín Sánchez, le solicitó al administrador de la estación, propiedad de Rendón, el favor de guardar una maquinaria en el predio. Para convencerlo, se hizo pasar por el trabajador de una concesión que, supuestamente, adelantaba obras en la av. Ciudad de Cali. No era la primera vez que algo así ocurría, por lo que el administrador de la estación accedió.

Con el pasar de los días, sin embargo, las sospechas comenzaron. “Ahí no había máquinas, ni carpas, ni el material que usualmente usa una concesión durante una obra”, explicó Rendón a El Espectador. Lo único que había era una caseta de vigilancia y un cambuche, donde permanecía una persona. Al indagar sobre el supuesto origen de la concesión, los dueños del lote se dieron cuenta de ahí no había un contratista y procedieron a desalojarlo del terreno.

Meses después, Aristides se encontró con una querella en su contra y en contra de Joaquín Sánchez, en la que Emigdio reclamaba la posesión del predio. En las audiencias, ante la inspección 7C de Policía, Joaquín aseguró que había hecho un pago por $25 millones, para comprar el predio, y que por eso había tumbado, en reiteradas oportunidades, la polisombra con la cual estaba cercado el terreno. No obstante, Joaquín no tenía documentos para probar la transferencia y, por el contrario, se encontró con que Sánchez tenía unos papeles con los que intenta probar que había comprado el predio años atrás.

Todos estos documentos serían falsos y Joaquín, aparentemente querellado por Sánchez, en realidad sería un cómplice, para usurpar la propiedad. Así lo asegura el abogado Bolívar, quien le mostró a El Espectador el certificado de libertad del predio y el acta con la cual, en medio del cumplimiento de una carga urbanística, su cliente Aristides Rendón lo cedió al IDRD y al DADEP. Pese a que, en una situación normal, estos papeles bastarían para zanjar el pleito y sacar de la pelea a Sánchez, Carlos Alirio Arias, inspector de Policía de Bosa, está a punto de entregarle el predio al presunto tierrero.

Las coincidencias, 15 años después

El nombre de Carlos Alirio Arias es clave en este pleito. Primero, porque acaba de firmar un acta en el que, si no ocurre nada extraordinario, le entregará el 22 de marzo la posesión de este bien distrital a Emigdio, pese a las evidencias en contra. Segundo, y no menos importantes, porque Arias fue el mismo inspector que hace 15 años resolvió otra querella similar a favor de Sánchez, en la que le entregó un predio de Metrovivienda (hoy Renobo). Al igual que en la situación actual, el supuesto tierrero armó un entramado para quitarle un lote al Distrito.

Corría el año 2009. Emigdio Sánchez decidió querellar a Metrovivienda para reclamar la propiedad de un lote ubicado en Bosa Porvenir. Según él, mediante la instalación de un parqueadero, había acreditado la posesión de hecho sobre el terreno, durante cuatro años, tiempo suficiente para reclamar su propiedad. Todo se desencadenó cuando la entidad, adscrita a la Secretaría de Hábitat, movilizó personal y maquinaria al predio para adelantar la construcción de un proyecto de viviendas. Cuando esto ocurrió, Sánchez optó por la querella y el mismo inspector que hoy lo favorece, resolvió entonces a su favor.

En aquella oportunidad, el abogado Fernando Barros le contó a este diario que, en el transcurso de su oficio, había identificado a Sánchez como un tierrero que acudía a las mismas artimañas para usurpar propiedades en la localidad. Como no sera suficiente el mecanismo de contratar habitantes de calle para ocupar los terrenos y luego denunciarles junto al legítimo propietario del lote, tal parece, dijo el abogado, al parecer se tejió alrededor de esta maniobra una posible red de corrupción, en la que estarían implicados abogados y funcionarios. De hecho, Barros, dio un dato que, al menos, genera curiosidad: Sánchez para esa época había promovido 10 procesos similares y el 70 % los radicó en la inspección de Arias, pese a que en Bosa hay tres inspecciones más.

Pero no en todos los casos ha resultado vencedor. En 2005 impulsó un proceso contra la Iglesia del Nazareno Vegas de Santana, que perdió en 2013 en primera intancia y, aunque apeló, luego desistió. Algo similar ocurrió en 2008 cuando demandó a Nohora Tapia Barragán, pero el proceso fue archivado, y finalmente estuvo el pleito ante el juzgado 36 civil del circuito en el que Claudia Patricia Gamboa y Libardo Salinas Parra demandaron a Sánchez y a Hernando Hernández, quienes querían apoderarse de una casa en Bosa, ubicada en la carrera 88 N° 54C sur. Inicialmente, Hernández la reclamo diciendo que se la había comprado a Sánchez en $25 millones, algo que nunca probó. ¿Coincidencias?

No todo está perdido

La semana pasada, luego de que el inspector Arias notificó que el próximo 22 de marzo debía entregar el predio, Rubén Bolívar radicó una solicitud en la secretaría de Gobierno. La idea es que, al igual que como ocurrió con el litigio de Metrovivienda, una instancia superior suspenda, en segunda instancia, la decisión del inspector. En 2010, un año después de que Arias le entregó el predio a Sánchez, la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles de la secretaría de Gobierno revocó la decisión. Por ello, hoy Bolívar acude a la cartera para que no solo suspenda la decisión, que le quitaría a la ciudad la oportunidad de construir un nuevo parque, sino que investiguen al inspector Arias.

“No es la primera vez que pasa. ¿Cómo es posible que el mismo inspector, 15 años después, siga haciendo lo mismo de manera impune?”. Aunado a lo anterior, el abogado resalta la importancia de indagar en el pasado de Emigdio Sánchez, quien ya tenía abierta una investigación en la Fiscalía por invasión de tierras y urbanización ilegal. Respecto a la defensa con la que el Distrito plantea recuperar el predio, El Espectador conoció que ya hay varios movimientos en curso. Por parte del DADEP, se conoció que su equipo está citado para la entrega del inmueble que el inspector ejecutará a Emigidio el próximo 22 de marzo. En cuanto al IDRD, el próximo miércoles reunirá al equipo jurídico para determinar las acciones a seguir. El proceso se encuentra en fase de apelación ante la Gestión Administrativa Especial de Policía.

El Espectador intentó contactar con Emigidio Sánchez y con Carlos Alirio Arias para conocer su versión, pero no fue posible comunicarse con ellos.

Mientras esto ocurre, hay un conteo regresivo que, al menos de momento, solo tiene un posible final: Emigdio Sánchez se quedará con un predio público el 22 de marzo. El desafío institucional, al igual que hace 15 años, es impedir que, con un viejo truco, se salga con la suya.

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