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En el último año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró 241.144 menores de edad que cometieron infracciones judiciales en todo el país en el Sistema de Responsabilidad Penal . De estos 57.124 fueron en Bogotá, es decir, por cada cuatro jóvenes registrados, uno es de la capital.
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Así mismo, las infracciones se concentran en los menores entre 15 y 17 años, el 88% de los casos reportados fueron cometidos por hombres, mientras que el instituto identifica que en el 37 % de las ocasiones los infractores fueron motivados por un adulto.
De acuerdo con otro estudio del ICBF, publicado en 2015, la mayoría de los infractores presentan condiciones sociales, económicas y familiares adversas que los hace más propensos a ser influenciados o cometer un delito. "Es una población invisibilizada y estigmatizada que requiere apoyo para poder fortalecer sus proyectos de vida", asegura Catalina Holguín, Líder de Proyectos del British Council.
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Según este organismo que trabaja con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) para que al salir no sean utilizados y reclutados por grupos al margen de la ley, la incidencia de los adultos en los crímenes cometidos por los menores vulneró su derecho a ser protegidos contra todo tipo de utilización en actividades delictivas como lo contempla el artículo 20 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
En cuanto a las condiciones del resto del país, entre las ciudades que más infractores presentan están Medellín (31.750) , Cali (15.148), Bucaramanga (14.139) y Pereira (10.780). Los delitos que más se comenten son el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, lesiones personales, tráfico y porte de armas y homicidio.
El ICBF, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y organizaciones de la sociedad civil hacen parte de este sistema para adolescentes SRPA. Para Ilvia Cárdenas Luna, Directora de Responsabiliad Penal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, el proyecto facilitó el acercamiento entre las cinco entidades del SRPA y organizaciones de la sociedad civil para "crear estrategias que impacten en los adolescentes en conflicto con la ley y reducir la reincidencia del delito".
La propuesta general de esta entidad es que se tomen medidas pedagógicas con los adolescentes, diferentes a las del sistema acusatorio para los adultos.
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