El pleito entre el Distrito y CGR, operador del relleno Doña Juana, sigue vivo y en especial, por una reciente decisión que, con desbordado entusiasmo, celebró la alcaldesa Claudia López: el Consejo de Estado admitió el recurso de nulidad, que radicó el equipo jurídico de la Alcaldía, contra el laudo arbitral, que en abril ordenó pagarle al operador $64.000 millones.
Sin embargo, vale aclarar en este punto que, pese al anuncio de la mandataria, la admisión no quiere decir que la Alcaldía de Bogotá y la Uaesp se hayan librado de pagar la sanción. Sencillamente, por ahora, se suspende la orden de pago mientras los magistrados analizan el caso y toman una decisión de fondo.
“¡Gran noticia para el bolsillo e interés general de los bogotanos! El Consejo de Estado aceptó la solicitud de nulidad del laudo arbitral sobre el mal manejo del Relleno de Doña Juana por CGR y suspendió sus efectos. Agradecemos su oportuna intervención y la valoración de nuestra defensa de los bogotanos”, dijo la alcaldesa a través de sus redes sociales, donde difundió un extenso mensaje, en el que, de paso, lanzó una fuerte crítica a la justicia arbitral.
“La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el Interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés (para decir lo menos), para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos sastre, a la medida de intereses particulares, y contrarios a la Ley”, señaló.
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Gran noticia para el bolsillo e interés general de los bogotanos!
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 23, 2023
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El pleito entre el CGR Doña Juana y el Distrito comenzó casi desde que se le adjudicó en 2010 la operación del relleno. Desde entonces vienen librado una larga batalla por los incumplimientos en el manejo del sitio de disposición de residuos, a donde llegan a diario 6.000 toneladas de basura.
La última tiene que ver con el laudo arbitral, que hoy es objeto de noticia. El operador de Doña Juana convocó en 2021 a la Uaesp ante un tribunal de arbitramento, argumentando que desde que asumió la operación del sitio de disposición, la remuneración pactada era insuficiente. Por esto pidió que le reconocieran $1,2 millones, por lo que dejado de percibir en los años de operación.
A su turno, la Uaesp presentó una contrademanda en la que expuso que fue el consorcio el que incumplió con lo contratado, al no realizar bien los cálculos de los gastos e inversiones a los que se comprometió cuando participó y ganó el contrato de operación, al haber presentado la oferta más baja entre sus competidores.
Finalmente, el tribunal de arbitramento analizó el caso y se pronunció en abril pasado, indicando que tanto el Distrito como CGR incumplieron el contrato. Entre las decisiones, los árbitros reconocieron un desequilibrio en la tarifa que afectó al operador y condenaron al Distrito a pagarle $64.000 millones.
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Desde que se emitió el fallo arbitral, la Alcaldía de Bogotá anunció su intención de solicitar la nulidad de la decisión que la condenaba a pagarle a CGR, al considerar que los árbitros que tomaron dicha determinación no tenían competencias para emitir un pronunciamiento relacionado con la tarifa de aseo, que es regulada por otras autoridades nacionales.
Ahora, con el anuncio de que el Consejo de Estado optó por admitir la demanda, quedará en manos de los magistrados revisar si el Distrito tiene la razón y se libra del multimillonario pago o, si, por el contrario, el análisis en el laudo fue preciso y debe indemnizar al operador.
Aunque la decisión del alto tribunal abre una posibilidad de no tener que pagar la multa, la Procuraduría sigue alertando sobre el incierto futuro del relleno. Aunque la alcaldesa ha manifestado la intención de modificar la licencia ambiental del relleno y así habilitar un nuevo lugar para el tratamiento de residuos, al ente de control le preocupa la falta de planes concretos para determinar el futuro del relleno.
“Se debe trabajar en una solución inmediata a la inminente problemática que va a suponer que el relleno no esté disponible para la ciudad de Bogotá, independientemente al cambio de esquema y al nuevo modelo de gestión de residuos sólidos que plantea el Distrito Capital”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
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