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En la mañana de este miércoles 21 de junio, la Policía de Bogotá reportó un intento de motín en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en el occidente de la capital del país.
En este sitio de detención transitoria, en la que permanecen más de 200 personas, se inició una protesta, al parecer, por el hacinamiento en el complejo. De esta manera, se reportó que varios privados de la libertad salieron de sus celdas, prendieron fuego a colchones y varias de sus pertenencias, tiraron piedras y se tomaron varios pasillos de la URI.
Frente a esta situación, a este punto llegaron integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para atender el intento de amotinamiento. En ese sentido, de acuerdo con el último reporte de las autoridades, ya se retomó el control en al menos uno de los pisos del centro de detención.
Por el momento, no se reportan personas heridas.
Hacinamiento en URI de la Bogotá
De acuerdo con las últimas cifras oficiales de la Corte Constitucional, en 2022 el hacinamiento carcelario en Bogotá fue superior al 150 % y, en particular, hay estaciones de Policía y URI en las que se presentan índices superiores al 500 %.
En ese sentido, de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación, los puntos más críticos, y en donde más quejas se reciben en la ciudad, son ocho estaciones de policía (Usaquén, la Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires, Rafael Uribe Uribe), tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el instituto penitenciario y carcelario de la Picota en Bogotá.
“El acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en que usan a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”, indicó la Procuraduría.
Además, el organismo de control indicó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están, asegura, en exposición constante a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, la Procuraduría asegura que estos últimos están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.
De acuerdo con la entidad del Distrito, la pandemia y la medida sanitaria del Gobierno Nacional de cerrar establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia, tuvo como consecuencia el incremento del hacinamiento en los centros de detención transitoria de un 200%. Ya que en enero 2020 en estaciones y URI de Bogotá estaban recluidas alrededor de 1.300, en 2023,esta cifra se triplicó.
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Por su parte, “el Distrito trazó una hoja de ruta para hacerle frente a esta situación y dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional, a corto, mediano y largo plazo, apostándole no solo a mantener y fortalecer el funcionamiento de la Cárcel Distrital (con 1.028 cupos y una ocupación de 1.049) en la que no solo se brinde una atención integral y de resocialización, sino ampliando esta capacidad carcelaria”, concluyó la Secretaría de Seguridad.
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