Bogotá: ¿qué pasó con la seguridad en 2022?
Este año heredó del 2021 una brecha que requiere la acción ágil de autoridades civiles, policiales y ciudadanía. La “nueva normalidad” trajo problemas como el posicionamiento de organizaciones criminales y políticos oportunistas con vocación de poder. Este fue el panorama.
César Andrés Restrepo F.
Este año representó el regreso definitivo de Bogotá a su funcionamiento ordinario y la recuperación de la vida de ciudad. Después del rebote en las estadísticas de criminalidad, causado por la terminación del confinamiento en 2021, durante el año que termina la capital pudo dimensionar los desafíos que enfrentará durante la próxima década como resultado de la pandemia.
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En la dimensión de seguridad, tal como se proyectó desde el mismo confinamiento, al regreso a la normalidad la sociedad traería riesgos para las personas, deterioro del tejido social y económico, así como una reconfiguración del mapa de amenazas de la ciudad.
La llamada “nueva normalidad” acarreaba problemas ampliados. El posicionamiento y consolidación de organizaciones criminales, bandas delincuenciales y políticos oportunistas con vocación de poder; a raíz del rompimiento de la relación entre instituciones de seguridad y ciudadanía.
El aprovechamiento electorero de la conflictividad social, sumado a la debilidad institucional -nacional y distrital– para una gestión efectiva del vandalismo, el control territorial criminal y la aplicación de la ley, dejaron a todos los habitantes de la ciudad descontentos. Unos en rechazo a la acción policial para proteger a la ciudad y a los ciudadanos de la destrucción y la violencia; y otros por no encontrar respuestas oportunas y sostenibles de protección a sus derechos, libertades y propiedades.
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En la actualidad, la seguridad, la convivencia y la justicia deben ser gestionadas en un contexto caracterizado por debilidades de capacidades institucionales, un ecosistema criminal fortalecido y en expansión, y un espacio urbano en el que la convivencia entre los ciudadanos aumenta en conflictividad como resultado de una gestión inexistente del espacio público.
El año que termina heredó de 2021 una brecha profunda, que requiere la acción ágil y determinada de autoridades civiles, policiales y ciudadanía. Quedan 6 retos en el ambiente: orden y protección del espacio público, control territorial, desmantelamiento criminal, gestión de conflictos sociales, servicios de seguridad y justicia para el ciudadano, y el desarrollo de una estrategia de seguridad definida por el nuevo contexto estratégico y respaldada en capacidades operativas adecuadas.
Caos urbano: responsable de la inseguridad y la desconfianza
El regreso a la normalidad enfrentó una pesada herencia de deterioro de la ciudad, de las relaciones entre los ciudadanos y de estos con las instituciones. Los desmanes de la protesta, la renuncia al control del espacio público y el debilitamiento del amor por la ciudad causaron perdidas considerables de valor público y bienestar individual en Bogotá.
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Observando en retrospectiva el estado general de orden y relaciones en el marco de la ciudad, parece que las autoridades de sectores distintos a la seguridad hubieran encontrado una estrategia para responder a las debilidades causadas por dos años de suspensión de vida ordinaria: dejar hacer, dejar pasar.
Es así como se volvieron opcionales las reglas de uso y convivencia en el espacio público y los medios de transporte, la disposición de basuras, el mantenimiento de áreas verdes, el uso inadecuado de facilidades públicas y privadas, la mala gestión de frentes de obra, la movilidad y la circulación, e incluso el cumplimiento de obligaciones ciudadanas.
La consecuencia es el aumento de la conflictividad, el deterioro de la experiencia individual y la multiplicación de espacios útiles para el delito. Un ambiente en el que la delincuencia, el crimen y los ciudadanos que cometen comportamientos incívicos se sienten confiados para desarrollar sus actividades y consolidar de sus posiciones territoriales. Esta vez, enfocadas en la imposición de regímenes ilegales de control territorial, social, económico y político.
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Esto último determina la gran transformación de la seguridad de Bogotá y, por lo tanto, el desafío más importante en el corto plazo. La transformación de una ciudad con afectaciones ordinarias de delincuencia y violencia en un escenario de competencia criminal por el control de espacios urbanos, las comunidades que los habitan y sus dinámicas cotidianas.
Quizás el costo más alto que pagará la ciudad tanto por la permisividad y pasividad con las que se gestionó el orden y la protección de derechos de todos los ciudadanos en el 2021, como por el desdén por el imperio de la ley.
Balance preliminar de la gestión de la seguridad
En ese contexto, al terminar noviembre se aprecia que 7 de los 13 delitos de alto impacto con los cuales se describe el ambiente de seguridad y convivencia de la ciudad han mejorado. No resulta aventurado señalar que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia logró atender los desafíos que le imponían el homicidio (12,9% menos que en 2021) y el hurto a automotores (12,7% menos que en 2021).
No es el caso del hurto a personas (15,9% más que en 2021), las lesiones personales (1,2% más que en 2021) y el secuestro (37,5 % más que en 2021). Tampoco de aquellos comportamientos delictivos con profundo arraigo en las condiciones sociales, culturales y psicológicas de la ciudad como la violencia intrafamiliar (25,3% más que en 2021) y los delitos sexuales (21,4% más que en 2021), cuyo contador sigue desbocado y condicionando la violencia del futuro.
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Más allá de los registros de delitos a cargo de las instituciones, las investigaciones de opinión pública sobre seguridad desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil dejan ver mejorías percibidas por la ciudadanía en su experiencia personal de seguridad. La Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá –CCB– arroja que los encuestados expresan sentirse menos inseguros en la ciudad en un 11% más que en 2021 y en sus barrios en un 5%.
La opinión ciudadana también trajo buenas noticias a la Policía Metropolitana. La encuesta de la CCB deja ver mejorías en la calificación de la atención policial a requerimientos ciudadanos y al servicio de policía en general.
No obstante, el cambio de tendencia en los sentimientos ciudadanos sobre la seguridad de la ciudad aún no alcanza para cambiar su estado de ánimo y reconstruir su confianza en las instituciones, sus conciudadanos y el territorio distrital. Para los encuestados, el espacio público sigue representando riesgos considerables, los servicios para atender sus necesidades de seguridad, convivencia y justicia insuficientes y la confianza en las instituciones es débil, como parece mostrarlo la caída en las denuncias.
Observados los registros de delitos y las investigaciones de opinión pública, el año 2022 apunta a ser el de mejor gestión de la seguridad en Bogotá desde que Claudia López asumió como alcaldesa.
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¿Por qué el debate de seguridad permanece encendido y ofrece pocos triunfos a la administración?
La gestión de la seguridad no es un asunto exclusivo de la persecución de delincuentes o desarticulación del crimen. En realidad, es una acción integrada dirigida a disminuir los espacios para que quienes transgreden la ley tengan éxito en sus actividades ilícitas y violentas, así como a brindar servicios que den auxilio a los ciudadanos en momentos de miedo o desconfianza. También a ofrecer una experiencia de ciudad satisfactoria.
Cuando las autoridades hacen anuncios sobre la reducción de los registros sobre delitos y violencia, la ciudadanía desconfía de tales resultados dado que su relación cotidiana con la ciudad está plagada de contextos y situaciones que les generan inseguridad. Además de los factores criminales que los victimizan directa o indirectamente.
Siendo justos, ambos tienen la razón. Tanto la Secretaría de Seguridad como la Policía Metropolitana han trabajado de manera ingente por devolver a la ciudadanía una sensación de seguridad, lo que se evidencia en el mejoramiento de sus indicadores y una mejor calificación de sus servicios.
Pero los ciudadanos siguen sufriendo el temor y la desconfianza que ofrece la certeza de que los delincuentes gozan de amplia impunidad, la fragmentación territorial causada por organizaciones criminales que usufructúan mercados ilícitos e imponen normas de convivencia, la inmovilidad en la ciudad y la captura del espacio público por obstáculos físicos y mafias humanas, para poner algunos ejemplos.
Por otro lado, no se ha logrado recomponer la relación con instituciones que la misma alcaldesa graduó de agresores de ciudadanos y delincuentes algunos meses atrás. No hay forma de construir seguridad cuando ciudadanos, policías y funcionarios están separados por un abismo de desconfianza y motivados a la confrontación.
Si bien en 2022 la seguridad de la ciudad presenta indicadores positivos, estos no resuelven la preocupación ciudadana frente a los principales factores de inseguridad, ni superan en relevancia a aquellos asuntos que generan miedo, muestra de la falta de atención integral de los factores de riesgo.
En 2023, el principal desafío de la seguridad de Bogotá será reconfigurar un espacio público amigable en el que prevalezca el imperio de la ley, con un sistema criminal debilitado, una convivencia ciudadana revitalizada por el cumplimiento de las normas, y bienes públicos y de transporte en condiciones óptimas de servicio. También será necesario blindar a la ciudad para que no vuelva a ser escenario fértil de desmanes para el impulso de opciones políticas en un nuevo proceso electoral.
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Este año representó el regreso definitivo de Bogotá a su funcionamiento ordinario y la recuperación de la vida de ciudad. Después del rebote en las estadísticas de criminalidad, causado por la terminación del confinamiento en 2021, durante el año que termina la capital pudo dimensionar los desafíos que enfrentará durante la próxima década como resultado de la pandemia.
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En la dimensión de seguridad, tal como se proyectó desde el mismo confinamiento, al regreso a la normalidad la sociedad traería riesgos para las personas, deterioro del tejido social y económico, así como una reconfiguración del mapa de amenazas de la ciudad.
La llamada “nueva normalidad” acarreaba problemas ampliados. El posicionamiento y consolidación de organizaciones criminales, bandas delincuenciales y políticos oportunistas con vocación de poder; a raíz del rompimiento de la relación entre instituciones de seguridad y ciudadanía.
El aprovechamiento electorero de la conflictividad social, sumado a la debilidad institucional -nacional y distrital– para una gestión efectiva del vandalismo, el control territorial criminal y la aplicación de la ley, dejaron a todos los habitantes de la ciudad descontentos. Unos en rechazo a la acción policial para proteger a la ciudad y a los ciudadanos de la destrucción y la violencia; y otros por no encontrar respuestas oportunas y sostenibles de protección a sus derechos, libertades y propiedades.
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En la actualidad, la seguridad, la convivencia y la justicia deben ser gestionadas en un contexto caracterizado por debilidades de capacidades institucionales, un ecosistema criminal fortalecido y en expansión, y un espacio urbano en el que la convivencia entre los ciudadanos aumenta en conflictividad como resultado de una gestión inexistente del espacio público.
El año que termina heredó de 2021 una brecha profunda, que requiere la acción ágil y determinada de autoridades civiles, policiales y ciudadanía. Quedan 6 retos en el ambiente: orden y protección del espacio público, control territorial, desmantelamiento criminal, gestión de conflictos sociales, servicios de seguridad y justicia para el ciudadano, y el desarrollo de una estrategia de seguridad definida por el nuevo contexto estratégico y respaldada en capacidades operativas adecuadas.
Caos urbano: responsable de la inseguridad y la desconfianza
El regreso a la normalidad enfrentó una pesada herencia de deterioro de la ciudad, de las relaciones entre los ciudadanos y de estos con las instituciones. Los desmanes de la protesta, la renuncia al control del espacio público y el debilitamiento del amor por la ciudad causaron perdidas considerables de valor público y bienestar individual en Bogotá.
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Observando en retrospectiva el estado general de orden y relaciones en el marco de la ciudad, parece que las autoridades de sectores distintos a la seguridad hubieran encontrado una estrategia para responder a las debilidades causadas por dos años de suspensión de vida ordinaria: dejar hacer, dejar pasar.
Es así como se volvieron opcionales las reglas de uso y convivencia en el espacio público y los medios de transporte, la disposición de basuras, el mantenimiento de áreas verdes, el uso inadecuado de facilidades públicas y privadas, la mala gestión de frentes de obra, la movilidad y la circulación, e incluso el cumplimiento de obligaciones ciudadanas.
La consecuencia es el aumento de la conflictividad, el deterioro de la experiencia individual y la multiplicación de espacios útiles para el delito. Un ambiente en el que la delincuencia, el crimen y los ciudadanos que cometen comportamientos incívicos se sienten confiados para desarrollar sus actividades y consolidar de sus posiciones territoriales. Esta vez, enfocadas en la imposición de regímenes ilegales de control territorial, social, económico y político.
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Esto último determina la gran transformación de la seguridad de Bogotá y, por lo tanto, el desafío más importante en el corto plazo. La transformación de una ciudad con afectaciones ordinarias de delincuencia y violencia en un escenario de competencia criminal por el control de espacios urbanos, las comunidades que los habitan y sus dinámicas cotidianas.
Quizás el costo más alto que pagará la ciudad tanto por la permisividad y pasividad con las que se gestionó el orden y la protección de derechos de todos los ciudadanos en el 2021, como por el desdén por el imperio de la ley.
Balance preliminar de la gestión de la seguridad
En ese contexto, al terminar noviembre se aprecia que 7 de los 13 delitos de alto impacto con los cuales se describe el ambiente de seguridad y convivencia de la ciudad han mejorado. No resulta aventurado señalar que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia logró atender los desafíos que le imponían el homicidio (12,9% menos que en 2021) y el hurto a automotores (12,7% menos que en 2021).
No es el caso del hurto a personas (15,9% más que en 2021), las lesiones personales (1,2% más que en 2021) y el secuestro (37,5 % más que en 2021). Tampoco de aquellos comportamientos delictivos con profundo arraigo en las condiciones sociales, culturales y psicológicas de la ciudad como la violencia intrafamiliar (25,3% más que en 2021) y los delitos sexuales (21,4% más que en 2021), cuyo contador sigue desbocado y condicionando la violencia del futuro.
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No obstante, el cambio de tendencia en los sentimientos ciudadanos sobre la seguridad de la ciudad aún no alcanza para cambiar su estado de ánimo y reconstruir su confianza en las instituciones, sus conciudadanos y el territorio distrital. Para los encuestados, el espacio público sigue representando riesgos considerables, los servicios para atender sus necesidades de seguridad, convivencia y justicia insuficientes y la confianza en las instituciones es débil, como parece mostrarlo la caída en las denuncias.
Observados los registros de delitos y las investigaciones de opinión pública, el año 2022 apunta a ser el de mejor gestión de la seguridad en Bogotá desde que Claudia López asumió como alcaldesa.
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La gestión de la seguridad no es un asunto exclusivo de la persecución de delincuentes o desarticulación del crimen. En realidad, es una acción integrada dirigida a disminuir los espacios para que quienes transgreden la ley tengan éxito en sus actividades ilícitas y violentas, así como a brindar servicios que den auxilio a los ciudadanos en momentos de miedo o desconfianza. También a ofrecer una experiencia de ciudad satisfactoria.
Cuando las autoridades hacen anuncios sobre la reducción de los registros sobre delitos y violencia, la ciudadanía desconfía de tales resultados dado que su relación cotidiana con la ciudad está plagada de contextos y situaciones que les generan inseguridad. Además de los factores criminales que los victimizan directa o indirectamente.
Siendo justos, ambos tienen la razón. Tanto la Secretaría de Seguridad como la Policía Metropolitana han trabajado de manera ingente por devolver a la ciudadanía una sensación de seguridad, lo que se evidencia en el mejoramiento de sus indicadores y una mejor calificación de sus servicios.
Pero los ciudadanos siguen sufriendo el temor y la desconfianza que ofrece la certeza de que los delincuentes gozan de amplia impunidad, la fragmentación territorial causada por organizaciones criminales que usufructúan mercados ilícitos e imponen normas de convivencia, la inmovilidad en la ciudad y la captura del espacio público por obstáculos físicos y mafias humanas, para poner algunos ejemplos.
Por otro lado, no se ha logrado recomponer la relación con instituciones que la misma alcaldesa graduó de agresores de ciudadanos y delincuentes algunos meses atrás. No hay forma de construir seguridad cuando ciudadanos, policías y funcionarios están separados por un abismo de desconfianza y motivados a la confrontación.
Si bien en 2022 la seguridad de la ciudad presenta indicadores positivos, estos no resuelven la preocupación ciudadana frente a los principales factores de inseguridad, ni superan en relevancia a aquellos asuntos que generan miedo, muestra de la falta de atención integral de los factores de riesgo.
En 2023, el principal desafío de la seguridad de Bogotá será reconfigurar un espacio público amigable en el que prevalezca el imperio de la ley, con un sistema criminal debilitado, una convivencia ciudadana revitalizada por el cumplimiento de las normas, y bienes públicos y de transporte en condiciones óptimas de servicio. También será necesario blindar a la ciudad para que no vuelva a ser escenario fértil de desmanes para el impulso de opciones políticas en un nuevo proceso electoral.
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