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Después de casi dos años de pleito, un Tribunal de Arbitramento determinó que Transmilenio deberá pagar a Recaudo Bogotá, empresa encargada del recaudo en estaciones y buses del sistema de transporte en la ciudad, más de $74 millones por los costos y desajustes que significó para el operador los incumplimientos en implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la ciudad.
En ese sentido, los árbitros de procesos determinaron que se presentó un desequilibrio económico en el contrato en contra de Recaudo Bogotá, por varias acciones e incumplimientos del Distrito y de Transmilenio que afectaron la operación y las utilidades del operador.
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Cabe señalar que este proceso de arbitramento inició en 2021, cuando Recaudo Bogotá, ahora en proceso de reorganización, solicitó la activación varias cláusulas del Contrato de Concesión 001 de 2011 (para el diseño e implementación del sistema de recaudo), que hacen referencia a “la revisión de los costos y tarifas de remuneración del Concesionario, para que eventuales eficiencias sean trasladadas a la tarifa al usuario”.
En el centro del pleito, está el Decreto 190 de 2015, que emitió permisos de operación especiales y transitorios a 55 empresas del Transporte Público Colectivo (TPC), para operar las rutas provisionales en la ciudad (como parte de la fase II del Sitp). No obstante, en el proceso de licitación del contrato con Recaudo Bogotá, se estableció que al llegar al 100 % de su implementación se derogarían estos permisos; lo cual no se dio en los tiempos establecidos.
Esto último, según alegó el operador, creó una competencia permanente en la prestación del servicio de los operadores TPC, bajo la denominación de SITP provisional, además de desnaturalizar la gradualidad del SITP y la transitoriedad del transporte público colectivo.
“Estos hechos afectaron de modo negativo y sustancial la demanda, la afluencia de pasajeros del SITP, y la concurrencia de los vehículos que deben ingresar al SITP, afectó gravemente los ingresos proyectados por concepto de remuneración por cargas de los usuarios del sistema; y afectó sustancialmente los ingresos proyectados por concepto de la remuneración por equipos de validación y control instalados en vehículos operando en el sistema.″, concluye el laudo.
Así las cosas, el Tribunal de Arbitramento de la Camara de Comercio de Bogotá (CCB) indicó que, después de invertir más de $1 billón en la construcción del sistema y su mantenimiento, la remuneración no ha sido suficiente para generar utilidades y absorber las perdidas, a pesar de las utilidades contables reportadas en los años 2019 y 2020.
De esta manera, Transmilenio deberá pagar $44.056.000.000, por concepto de la remuneración variable sin utilidad, dejada de percibir en el período comprendido entre los años 2017 y 2020, así cómo desembolsar $30.476.000.000 por concepto de la remuneración por equipos instalados en vehículos operando en el sistema entre los años 2017 y 2020.
Por el momento, se desconoce si Transmilenio interpondrá algún recurso para apelar esta determinación del tribunal, que además ordenó a la entidad a pagar más de mil millones de pesos en de costas y agencias en derecho.
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