Bogotá vende agua en bloque más barata a municipios de la Sabana

Hace cuatro años, por esta época, estaba prendido el debate que había abierto el entonces alcalde, Gustavo Petro, sobre la venta de agua en bloque a una decena de municipios vecinos. Él quería parar ese negocio, argumentando que de esa manera se auspiciaba la urbanización extensiva de la sabana de Bogotá y se ponía en riesgo el suministro del líquido para la ciudad. Pero después del huracán político que formó, nunca concretó su intención y hoy, tras el cambio de gobierno, las tarifas son, incluso, más baratas.

Se llama agua en bloque porque el negocio consiste en vender cantidades determinadas del líquido a otros municipios, que se encargan de la distribución en sus territorios. A Mosquera, por ejemplo, la Empresa de Acueducto de Bogotá le vende 136 litros por segundo, mientras que La Calera sólo compra 6 (ver gráfico). Las diferencias dependen de las necesidades y la capacidad para recibir el agua en cada municipio.

El gerente del Acueducto, Germán González, precisa que en abril de este año comenzaron a aplicar la nueva tarifa, definida en una resolución de 2014 que expidió la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que depende del Gobierno Nacional. En plata blanca, la empresa pasó de cobrar $1.150 a $718,78 por metro cúbico, una reducción de 37,5 %.

Eso obliga a actualizar los contratos firmados entre el Acueducto y los municipios, pero sobre todo plantea un desafío: un precio más bajo puede incentivar que los municipios compren más agua. González considera, de hecho, que los ingresos por ese concepto, que el año pasado fueron de $16.000 millones, seguramente aumentarán.

Hace énfasis, sin embargo, en la necesidad de que las alcaldías hagan las inversiones para contar con una infraestructura que cumpla con los estándares técnicos para recibir el agua. “La empresa está dispuesta a vender agua en bloque, pero no tiene por qué hacer inversiones que les corresponden a otros”, agrega el gerente. Pone como ejemplo a Mosquera, Madrid y Funza, que están al tope. “Podría venderles más, pero no tienen capacidad para recibirla”.

Es un punto que se negocia con la Gobernación de Cundinamarca. El gerente de las Empresas Públicas del departamento, Juan Carlos Penagos, agrega que buscan que las inversiones sean de parte y parte, con el fin de garantizar el suministro a mediano plazo.

La administración Peñalosa, por lo pronto, no ha firmado nuevos contratos para vender agua en bloque, aunque estudia solicitudes de Cota y La Calera (este último ya es cliente, pero pretende aumentar el caudal que recibe).

El debate

Las inquietudes de quienes cuestionan este modelo tienen que ver, principalmente, con que ha suscitado una expansión desordenada: el agua es llevada a los sectores de los municipios donde se desarrollan proyectos urbanísticos, y ante más oferta urbanística, más demanda de agua.

Tras la controversia política que desató Petro, la Contraloría de Bogotá publicó un informe en septiembre de 2012 que rezaba: “El suministro de agua en bloque realizado por el Acueducto desde los años 80 ha influido en la conurbación de los municipios de la Sabana, llegando inclusive a promover el desplazamiento de población capitalina y de industrias, como se evidencia en los casos de Chía, Mosquera y Cota (…). Esa expansión de la frontera urbana hacia zonas rurales, tanto del Distrito Capital como de los municipios, sin ningún límite, pone en riesgo los recursos hídricos de los capitalinos y de los habitantes de los municipios por la contaminación que pueden sufrir las pocas fuentes hídricas de la región”.

El gerente del Acueducto argumenta que no puede negarse de tajo a vender, porque Bogotá no puede abusar de la posición dominante que ostenta en la prestación del servicio. Ya en 2012 la Contraloría recordó que, “a excepción de La Calera, Funza y Madrid, los demás municipios dependen en más del 70 % del suministro de agua en bloque y se debe a que no tienen fuentes superficiales o subterráneas”. Por eso la entidad invitó a buscarle una salida al problema de la expansión, pero no de forma unilateral, sino de común acuerdo entre el Distrito, la Gobernación y las alcaldías.

El departamento sigue trabajando en un proyecto para acabar con la dependencia de Bogotá que mantienen los pueblos de la Sabana, a partir de una concesión de agua que provendrá de las represas del Sisga y del Neusa, pero es algo que aún sigue en construcción. “Estamos terminando la estructuración técnica, administrativa y financiera”, aclara el gerente de las Empresas Públicas.

En Bogotá, ante las inquietudes por el abastecimiento interno, el gerente del Acueducto explica que deberán tener cuidado cuando la demanda externa sea significativa frente a la interna, pero, por lo pronto, pueden ofrecer agua hasta 2032. Y más barata.

Hace cuatro años, por esta época, estaba prendido el debate que había abierto el entonces alcalde, Gustavo Petro, sobre la venta de agua en bloque a una decena de municipios vecinos. Él quería parar ese negocio, argumentando que de esa manera se auspiciaba la urbanización extensiva de la sabana de Bogotá y se ponía en riesgo el suministro del líquido para la ciudad. Pero después del huracán político que formó, nunca concretó su intención y hoy, tras el cambio de gobierno, las tarifas son, incluso, más baratas.

Se llama agua en bloque porque el negocio consiste en vender cantidades determinadas del líquido a otros municipios, que se encargan de la distribución en sus territorios. A Mosquera, por ejemplo, la Empresa de Acueducto de Bogotá le vende 136 litros por segundo, mientras que La Calera sólo compra 6 (ver gráfico). Las diferencias dependen de las necesidades y la capacidad para recibir el agua en cada municipio.

El gerente del Acueducto, Germán González, precisa que en abril de este año comenzaron a aplicar la nueva tarifa, definida en una resolución de 2014 que expidió la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que depende del Gobierno Nacional. En plata blanca, la empresa pasó de cobrar $1.150 a $718,78 por metro cúbico, una reducción de 37,5 %.

Eso obliga a actualizar los contratos firmados entre el Acueducto y los municipios, pero sobre todo plantea un desafío: un precio más bajo puede incentivar que los municipios compren más agua. González considera, de hecho, que los ingresos por ese concepto, que el año pasado fueron de $16.000 millones, seguramente aumentarán.

Hace énfasis, sin embargo, en la necesidad de que las alcaldías hagan las inversiones para contar con una infraestructura que cumpla con los estándares técnicos para recibir el agua. “La empresa está dispuesta a vender agua en bloque, pero no tiene por qué hacer inversiones que les corresponden a otros”, agrega el gerente. Pone como ejemplo a Mosquera, Madrid y Funza, que están al tope. “Podría venderles más, pero no tienen capacidad para recibirla”.

Es un punto que se negocia con la Gobernación de Cundinamarca. El gerente de las Empresas Públicas del departamento, Juan Carlos Penagos, agrega que buscan que las inversiones sean de parte y parte, con el fin de garantizar el suministro a mediano plazo.

La administración Peñalosa, por lo pronto, no ha firmado nuevos contratos para vender agua en bloque, aunque estudia solicitudes de Cota y La Calera (este último ya es cliente, pero pretende aumentar el caudal que recibe).

El debate

Las inquietudes de quienes cuestionan este modelo tienen que ver, principalmente, con que ha suscitado una expansión desordenada: el agua es llevada a los sectores de los municipios donde se desarrollan proyectos urbanísticos, y ante más oferta urbanística, más demanda de agua.

Tras la controversia política que desató Petro, la Contraloría de Bogotá publicó un informe en septiembre de 2012 que rezaba: “El suministro de agua en bloque realizado por el Acueducto desde los años 80 ha influido en la conurbación de los municipios de la Sabana, llegando inclusive a promover el desplazamiento de población capitalina y de industrias, como se evidencia en los casos de Chía, Mosquera y Cota (…). Esa expansión de la frontera urbana hacia zonas rurales, tanto del Distrito Capital como de los municipios, sin ningún límite, pone en riesgo los recursos hídricos de los capitalinos y de los habitantes de los municipios por la contaminación que pueden sufrir las pocas fuentes hídricas de la región”.

El gerente del Acueducto argumenta que no puede negarse de tajo a vender, porque Bogotá no puede abusar de la posición dominante que ostenta en la prestación del servicio. Ya en 2012 la Contraloría recordó que, “a excepción de La Calera, Funza y Madrid, los demás municipios dependen en más del 70 % del suministro de agua en bloque y se debe a que no tienen fuentes superficiales o subterráneas”. Por eso la entidad invitó a buscarle una salida al problema de la expansión, pero no de forma unilateral, sino de común acuerdo entre el Distrito, la Gobernación y las alcaldías.

El departamento sigue trabajando en un proyecto para acabar con la dependencia de Bogotá que mantienen los pueblos de la Sabana, a partir de una concesión de agua que provendrá de las represas del Sisga y del Neusa, pero es algo que aún sigue en construcción. “Estamos terminando la estructuración técnica, administrativa y financiera”, aclara el gerente de las Empresas Públicas.

En Bogotá, ante las inquietudes por el abastecimiento interno, el gerente del Acueducto explica que deberán tener cuidado cuando la demanda externa sea significativa frente a la interna, pero, por lo pronto, pueden ofrecer agua hasta 2032. Y más barata.