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En algunas ocasiones personas señaladas de cometer delitos quedan en libertad por falta de denuncias o falta de pruebas. Sin embargo, ahora en Bogotá la Policía y la Secretaría de Seguridad podrán hacer uso de los videos que graben cámaras de seguridad privadas para agilizar y aumentar la recolección de material probatorio que evidencie la comisión de delitos.
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Esta iniciativa, que ya fue sancionada por el Distrito, fue promovida en el Concejo de Bogotá por la cabildante Diana Diago (Centro Democrático), quien menciona que establecimientos comerciales, conjuntos residenciales, instituciones educativas y demás actores que cuenten con sistema de vigilancia en video al espacio público deben permitir que las autoridades realicen el registro de estos dispositivos.
“Hoy la inseguridad en Bogotá es alarmante, cada insumo que se le pueda entregar a las autoridades para la prevención del delito es importante y más teniendo en cuenta que el equipamiento actual se queda corto para ser más efectivos. Por eso la necesidad de apoyarse con las empresas de seguridad privada que cuentan con la infraestructura y personal, y conocen a fondo los temas de seguridad”, resaltó Diago.
¡Buenas noticias!
— Diana Diago (@dianadiago) August 26, 2021
Logré que el Distrito implemente la estrategia para que las cámaras de seguridad privada sean una herramienta más para las autoridades en la prevención y atención de emergencias y delitos.https://t.co/yoakIa4G3r
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Con esta medida se espera que los sistemas de grabación privados se articulen con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4) de la Policía de Bogotá, para que así las autoridades puedan tener una reacción más eficaz ante las situaciones de inseguridad, emergencia, riesgos naturales, accidentes y demás escenarios que se puedan presentar y afecten la tranquilidad de los habitantes. De igual forma, las grabaciones serán utilizadas por la Secretaría de Seguridad para realizar análisis e indicadores en materia de seguridad, y podrán ser usadas para generar insumos y material probatorio para adelantar investigaciones criminales.
Es de resaltar que este proyecto garantiza el derecho a la intimidad de las personas y los ciudadanos podrán verificar en la base de datos de las cámaras de seguridad cuáles, de las que están en su entorno, hacen parte del C4 y cuál atenta contra sus derechos. De ser identificada alguna cámara que afecte la intimidad de las personas se puede solicitar al administrador del dispositivo el ajuste o eliminación del dispositivo.
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“Es de destacar que la información que se recopila con las cámaras de seguridad privada también formará parte de la información que utiliza la Secretaría de Seguridad para los análisis e indicadores de seguridad. Lo que ayuda a tener con más precisión las realidades del crimen en la ciudad”, concluyó la concejala Diago.
