Persiste la crítica situación humanitaria de los cerca de 800 Emberá Katio asentados en el parque Nacional quienes debido a las condiciones de precariedad en las que se encuentran y a las pocas garantías que les ofrece el gobierno para realizar un retorno seguro a sus territorios, los cuales están cercados por la violencia, llegaron ayer hasta el Ministerio del Interior para exigir de primera mano acciones que les permitan un retorno digno.
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Tras cinco horas de conversaciones en el Ministerio del Interior, los indígenas no llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Por consiguiente, los líderes del colectivo étnico decidieron levantarse de la mesa de diálogo.
De este modo, en vista de la brecha que persiste entre sus pretenciones y la postura del Gobierno, 180 indígenas, aproximadamente, decidieron trasladar su campamento del Parque Nacional, para asentarse en las cercanías del Ministerio del Interior.
El pueblo ancestral denuncia que las autoridades no han cumplido con lo pactado en relación con la atención médica y humanitaria que requieren los Emberá. “Nos quedaremos hasta que cumplan con lo que exigimos”, declaró un líder de la comunidad al Noticiero CM&.
El campamento continúa
La mañana del viernes 14 de junio la situación persistía en las mismas condiciones. Un nutrido grupo de aproximadamente 180 indígenas, integrado en su mayoría por mujeres y menores de edad, pasó la noche en cambuches, carpas improvisadas y cajeros automáticos ubicados en inmediaciones del Ministerio del Interior.
Líderes de la comunidad aseguran que mientras no se evidencien avances reales en las propuestas que el Gobierno Nacional les hace, el campamento continuará de forma permanente hasta que no se logre concretar un acuerdo que mejore las precarias condiciones en las que hoy se encuentran en la ciudad o que permita un retorno seguro a los territorios de los cuales fueron desplazados por el conflicto que allí se libra.
Así las cosas, el campamento continuará instalado de forma permanente hasta que la comunidad no llegue a un acuerdo con el alto gobierno. Entre tanto, la carrera 8, a la altura de la calle 12, en el centro de la ciudad, permanece bloqueada por la comunidad indígena.
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Situación crítica en el Parque Nacional
La situación con los niños, niñas y adolescentes asentados en el Parque Nacional se hace más compleja, en especial, si se tiene en cuenta que representan el 55% de la población. A las dificultades para la atención en salud, se suma la ineficiencia de la administración y la Nación que, luego de tres años, no han logrado brindar una solución definitiva a los reclamos de las comunidades indígenas.
La situación llegó a tal punto que un concejal tuvo que interponer una acción de tutela para exigir el amparo de los derechos de los menores, que falló favorablemente el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá y le dio al ICBF 30 días para hacer seguimiento a los menores de edad indígenas y verifique los casos de inobservancia de sus derechos, con apoyo de otras entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
¿Cuál es la solución? Para la administración, la comunidad Emberá, asentada en el Parque Nacional, debe ser retornada con urgencia a sus territorios. Para ello, cuentan con una ruta que, en dos meses, pemitiría que el 83 % de los indígenas, que han manifestado querer irse, puedan regresar a sus pueblos en Chocó. Frente al 17 %, que desea quedarse, también hay planes, para que lo hagan en condiciones dignas. Así lo explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
“Lo que le hemos dicho al Gobierno Nacional, en recientes conversaciones, es la necesidad de fortalecer y apresurar el trabajo que estamos haciendo y les demos una oferta de retorno, aunque no sea una solución definitiva, pues esta población Emberá es seminómada, es decir, van a ir y volver a la ciudad”.
Aunque la mayoría de los Emberá aprueba el plan, para Usiel Villazón Arias, presidente de la Asociación de Cabildos por Colombia, supone para el Estado retos en seguridad, pues en un departamento como Chocó hay alta presencia de grupos armados como el Eln. “Se necesitan también 150 viviendas, para que puedan retornar, y que la Unidad de Víctimas nos acompañe un año con proyectos productivos. Y sobre todo, beneficiar a los que están allá, pues, de lo contrario, retornarían a Bogotá”.
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