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Carlos Enrique Másmela, uno de los directivos del Consejo Seccional de la Judicatura y tres funcionarios más, fueron capturados en la mañana de estos miércoles, señalados de cometer graves actos de corrupción relacionados con el manejo de parqueaderos donde se guardan vehículos embargados por jueces civiles.
Según denuncias hechas por los mismos afectados, Másmela -quien se desempeñaba como director ejecutivo de administración judicial en la seccional Bogotá- y Fredi Antonio Tequia de Coordinación del Área Jurídica; Pedro Julio Gómez, director de la Unidad de Asistencia Legal y Salomón Motta, también de la Unidad Asistencial Legal, serían los presuntos integrantes de una red delictiva encargada de hacer cobros irregulares. Se trataría de exigencias de dinero injustificadas por vehículos que se encuentras desaparecidos, procesos de embargo sin una orden, alquiler y reventa de vehículos confiscados, manipulación de las placas, entre otros hechos ilícitos.
Interceptaciones y documentación configurarían el material probatorio que tienen las autoridades para demostrar la responsabilidad de los detenidos, además de la declaración de una funcionaria de la Rama Judicial quien aseguró que se trataba de una mafia que manejaba controlaba a su antojo los bienes incautados y las tarifas para poder recuperarlos.
Las capturas se realizaron en pleno centro de la ciudad, en el Edificio Hernando Molina, y los capturados fueron trasladados al Complejo Judicial Paloquemao para presentarlos ante un juez de control de garantías. Cabe recordar que en Bogotá existen siete parqueaderos autorizados para albergar vehículos incautados.
El Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de órgano de gobierno de la Rama Judicial, emitió una comunicación manifestando su rechazo ante los hechos en los que se ha visto comprometido el nombre de algunos empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, "pues ello afecta la integridad de la Rama Judicial, y manifestamos que éstos deben ser objeto de la más pronta, completa y efectiva investigación".
El ente público aseguró haber entregado información relevante a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones necesarias sobre situaciones que pudieran tener connotación penal y que se han advertido como resultado de los controles administrativos que el Consejo realiza permanentemente.
"Manifestamos que establecer las responsabilidades y adelantar las investigaciones de todos aquellos que real o presuntamente hubieren incurrido en conductas reprochables, en los ámbitos ético, disciplinario y penal, es una obligación de inexorable cumplimiento por parte de las autoridades competentes y una manifestación de confianza en las instituciones. En consecuencia, continuaremos apoyando a la Fiscalía General de la Nación en el esclarecimiento de éstos y cualquier otro hecho de corrupción", anotó el pronunciamiento.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura requirió a la Dirección Ejecutiva, como órgano técnico y administrativo responsable de los temas que son investigados, a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario para determinar la responsabilidad por los hechos ocurridos, y a que adopte los correctivos necesarios para prevenir la repetición de estas situaciones.