Carlos Enrique Másmela fue sancionado por la Procuraduría
La sanción en contra del exdirector de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca se dio debido a irregularidades en las tarifas de parqueaderos. Según el órgano de control, la situación se presentó durante un periodo de cuatro años.
La Procuraduría General de la Nación en fallo en primera instancia, este domingo, sancionó con 10 meses de suspensión e inhabilidad a Carlos Enrique Másmela González, por inconsistencias cometidas durante su ejercicio como funcionario público entre el 2014 y 2018.
El exdirector de Administración judicial de la capital, y el departamento de Cundinamarca, es señalado de cometer irregularidades relacionadas con las tarifas de las inmovilizaciones de vehículos que eran aprehendidos por orden judicial, así como los registros de los parqueaderos que eran habilitados para estos automotores.
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La Procuraduría señala que por parte de Másmela existió, “omisión de sus funciones encaminadas a orientar, controlar y verificar las actividades relacionadas con la realización de los estudios de mercado para fijar las tarifas e inscribir parqueaderos”.
Según la investigación por este hecho, el exfuncionario habría expedido los actos administrativos sin que se cumpliera con la totalidad de requisitos legales, ni “el procedimiento ordenado por el acuerdo vigente emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”, agrega el pronunciamiento de la entidad de control.
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Entre las pruebas halladas por la Procuraduría, existe evidencia de una variación en los incrementos de los costos de los parqueaderos cercana al 3.100 %, producto de dichas omisiones de los estudios de mercado. El Ministerio Público señaló esta acción como “grave a título de dolo”, y teniendo en cuenta que Másmela ya no se encuentra ejerciendo, la suspensión se verá reflejada en salarios mínimos, esto respecto a lo devengado por el exfuncionario en el marco de la comisión de la irregularidad.
El caso en el que está involucrado Másmela fue noticia en 2016, cuando propietarios de vehículos que estaban en parqueaderos judiciales reportaron su desaparición e incluso que habían sido desvalijados o revendidos.
“Hay unos terceros intervinientes que pueden ser incluso los mismos administradores de los parqueaderos o de pronto personas allegadas a los despachos judiciales, quienes conocen de la situación del vehículo”, indicó la Fiscalía un año después de las denuncias.
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Para marzo de 2019, la investigación permitió adelantar la captura de cinco funcionarios judiciales, entre ellos Carlos Enrique Másmela quien se desempeñaba como director ejecutivo de administración judicial en la seccional Bogotá, Fredi Antonio Tequia de Coordinación del Área Jurídica; Pedro Julio Gómez, director de la Unidad de Asistencia Legal y Salomón Motta, también de la Unidad Asistencial Legal, porque presuntamente integraban una red dedicada a hacer cobros irregulares.
Se trataría de exigencias de dinero injustificadas por vehículos que se encuentran desaparecidos, procesos de embargo sin una orden, alquiler y reventa de vehículos confiscados, manipulación de las placas, entre otros hechos ilícitos.
El proceso legal que se adelantaba no prosperó, debido a que siete meses después de su captura el alto tribunal indicó que hubo un error de procedimiento al solicitar la medida de aseguramiento y se violó el debido proceso de los investigados, motivo por el cual en octubre de 2019 quedaron en libertad, pero siguieron vinculados al proceso.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
La Procuraduría General de la Nación en fallo en primera instancia, este domingo, sancionó con 10 meses de suspensión e inhabilidad a Carlos Enrique Másmela González, por inconsistencias cometidas durante su ejercicio como funcionario público entre el 2014 y 2018.
El exdirector de Administración judicial de la capital, y el departamento de Cundinamarca, es señalado de cometer irregularidades relacionadas con las tarifas de las inmovilizaciones de vehículos que eran aprehendidos por orden judicial, así como los registros de los parqueaderos que eran habilitados para estos automotores.
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La Procuraduría señala que por parte de Másmela existió, “omisión de sus funciones encaminadas a orientar, controlar y verificar las actividades relacionadas con la realización de los estudios de mercado para fijar las tarifas e inscribir parqueaderos”.
Según la investigación por este hecho, el exfuncionario habría expedido los actos administrativos sin que se cumpliera con la totalidad de requisitos legales, ni “el procedimiento ordenado por el acuerdo vigente emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”, agrega el pronunciamiento de la entidad de control.
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El caso en el que está involucrado Másmela fue noticia en 2016, cuando propietarios de vehículos que estaban en parqueaderos judiciales reportaron su desaparición e incluso que habían sido desvalijados o revendidos.
“Hay unos terceros intervinientes que pueden ser incluso los mismos administradores de los parqueaderos o de pronto personas allegadas a los despachos judiciales, quienes conocen de la situación del vehículo”, indicó la Fiscalía un año después de las denuncias.
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Se trataría de exigencias de dinero injustificadas por vehículos que se encuentran desaparecidos, procesos de embargo sin una orden, alquiler y reventa de vehículos confiscados, manipulación de las placas, entre otros hechos ilícitos.
El proceso legal que se adelantaba no prosperó, debido a que siete meses después de su captura el alto tribunal indicó que hubo un error de procedimiento al solicitar la medida de aseguramiento y se violó el debido proceso de los investigados, motivo por el cual en octubre de 2019 quedaron en libertad, pero siguieron vinculados al proceso.
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