Casa Libertad: lugar de segundas oportunidades en el corazón de Bogotá

Salir de prisión en una sociedad punitiva como la colombiana es cargar con un estigma que cierra puertas y arroja a muchos pospenados de nuevo a las fauces del crimen. La resocialización es un concepto ajeno a unas mayorías, que prefieren hablar de la necesidad de construir más cárceles e imponer penas más duras que de dar segundas oportunidades. La creencia de que el árbol torcido no se endereza sigue tan arraigada que parece imposible de derrumbar.

Salir de prisión en una sociedad punitiva como la colombiana es cargar con un estigma que cierra puertas y arroja a muchos pospenados de nuevo a las fauces del crimen. La resocialización es un concepto ajeno a unas mayorías, que prefieren hablar de la necesidad de construir más cárceles e imponer penas más duras que de dar segundas oportunidades. La creencia de que el árbol torcido no se endereza sigue tan arraigada que parece imposible de derrumbar.

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Sin embargo, en una casa de arquitectura victoriana, en la tradicional localidad de Teusaquillo en Bogotá, hay un oasis donde sus ocupantes están convencidos de que la gente sí puede cambiar. En este predio de tres pisos y media docena de habitaciones, antes propiedad de la mafia, crece Casa Libertad, un espacio donde creen que dar la mano, en vez de marginar, es el camino para mejorar como sociedad. Creada como un piloto en 2015, se ha convertido en un espacio que reúne recursos, esfuerzos y creatividad en un propósito tutelar: demostrar que la reincidencia se puede mitigar.

Por eso es una apuesta de justicia restaurativa única en Colombia, que empieza a tener renombre en el país, al jugársela por ayudar a quienes purgaron una condena, para que puedan retornar a sus vidas en familia y ocupar un nuevo rol en la comunidad. “La prisionalización existe y tiene efectos. No tenemos la solución para todo, pero sí un espacio en el que una persona que vivió años tras las rejas pueda hallar a alguien que los escucha y acompaña en su proceso de resocialización. En lugar de ser discriminados y rechazados, acá los abrazamos”, dijo Verónica Castro, coordinadora del programa que ha ayudado a más de 1.000 pospenados.

Huellas imborrables

La libertad no es lo único que se pierde cuando a una persona la declaran culpable y la envían por años o décadas a prisión. También se difuminan la familia, los proyectos de vida y, sobre todo, la posibilidad de reinsertarse a la sociedad. Ese fue el argumento principal que la Alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Seguridad, esgrimió para destinar 14 profesionales y $3.000 millones a Casa Libertad.

La idea, aunque parezca simple, revoluciona el proceso de resocialización y el sistema penitenciario en Colombia y, en cuestión de años, podría convertirse en referente al demostrar que el pasar por una cárcel no tiene que ser una cruz perpetua. Hoy solo hay obstáculos para los pospenados cuando quedan en libertad. La muestra es lo complejo que resulta sumarse de nuevo al mundo laboral. La mayoría de empresas piden antecedentes judiciales, un filtro casi imposible de sortear, ya que los antecedentes judiciales nunca desaparecen.

El proyecto se desarrolla en una casa que en los años 80 perteneció al capo Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano. Allí hay delegados del Ministerio de Justicia, el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Secretaría de Seguridad. Entre las tres entidades se encargan de abrir, literalmente, las puertas de la casa para recibir a cualquiera que haya purgado su condena y esté decidido a recorrer un camino diferente al delito y la reincidencia.

Al ingresar, encuentran un mundo diferente a ese universo de violencia, hacinamiento y derechos vulnerados que se vive en las prisiones del país. Según Fernando Tamayo, abogado y director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, esas características del mundo al que acaban de sobrevivir son las principales barreras para que las penitenciarías en Colombia cumplan su propósito original: convertir a quienes delinquen en ciudadanos que puedan reintegrarse a la sociedad.

“Si miramos bien el panorama, programas como este deberían estar funcionando al menos desde 1993. Incluso, la Corte Constitucional ha definido que la resocialización de las prisiones es un derecho fundamental, pero, hasta donde nosotros alcanzamos a conocer, ideas como esta nunca llegaron a existir. Creo que es valioso, pero se requiere tiempo para conocer bien su impacto”, comenta Tamayo.

Casa de oportunidades

La fórmula de Casa Libertad integra varios factores que, en el ecosistema carcelario de Colombia, solo se habían utilizado con jóvenes que delinquen y llegan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Una de esas variables es la educación. Cuando comenzó a operar, sus funcionarios hallaron que la mayoría de los pospenados no habían terminado siquiera el bachillerato. Sin un título, sus posibilidades de encontrar un trabajo, sumado al estigma de la cárcel, se acercaban a cero.

Según Castro, coordinadora del programa, la Casa permite reconstruir vidas que se fracturaron en los pabellones de la prisión. “La mayoría de los casos que hemos visto son de personas que crecieron entre la necesidad y que cuando pidieron algo se les negó (...) La justicia también es tener una nueva oportunidad luego de pasar por la cárcel”, afirma.

Otro de los ejes del proyecto, es la posibilidad de acceder a créditos y soñar con tener un emprendimiento. Esto es clave, agrega Castro, porque usualmente las condenas privativas de la libertad vienen acompañadas de multas que, en la mayoría de los casos, no las pueden pagar, lo que impide que los pospenados puedan siquiera tener una nueva cuenta bancaria o dónde sembrar un capital.

Todo esto, acompañado por un espacio psicosocial, en el que profesionales dedican sus días a escudriñar para encontrar por qué delinquieron y diseñan planes para que esa secuencia de errores no se repita. Un caso específico es el de las mujeres que han pasado por los pabellones de la cárcel. Una investigación de la Universidad Javeriana encontró que “la mayoría tienen un estatus socioeconómico bajo, lo que las hace más vulnerables: el 56 % no terminó sus estudios, el 72 % devengaba menos de dos salarios mínimos y el 66 % vivía en estratos 1 y 2″.

“Quisiéramos que ninguno reincidiera y mejoraran sus contextos. Cuando llegan y se les trata desde el amor, diferente a como vivieron en las prisiones, la mayoría salen comprometidos con su proceso y el propósito de transformar sus vidas”, explica Castro. Aún es pronto para hablar de resultados, dice Tamayo, pero resalta que tener ya operando un espacio como Casa Libertad es la oportunidad de leer en largos períodos de tiempo la reincidencia, acompañada con estudios que analicen tanto las cifras como lo social. Sin embargo, las cifras indican que sirve: mientras que en Colombia la reincidencia es del 22 %, en Casa Libertad es cercano al 5 %.

De ahí que este abogado reconozca la valentía y el valor de proyectos como estos, que ponen sobre la mesa la idea y la confianza de que es posible la resocialización, para impactar otros aspectos, como la necesidad de reparar un tejido social roto por los delitos y el castigo sin oportunidad.

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