Casas para pobres en zona de ricos es detrimento, dice decisión judicial
Conclusión tras analizar fallo con el que un juez administrativo frenó el proyecto del Distrito de construir vivienda de interés prioritario, en el norte de Bogotá.
Redacción Bogotá
Que el Distrito pretenda construir vivienda para los pobres (de bajo costo) en zonas de alta valorización en el norte de la ciudad, según la justicia, podría ser en detrimento patrimonial para la administración. Al menos, esta parece ser la conclusión del fallo a una acción popular, emitido por el Juez 26 Administrativo de Bogotá, que frenó el proyecto “IDU-Parqueaderos”, con el que la administración pretendía construir 372 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y 356 parqueaderos públicos en el sector de Chicó.
La Acción Popular se radicó después de que el alcalde Gustavo Petro hizo pública su intención de aprovechar siete parqueaderos públicos (ubicados entre las calles 82 y 109 y las carreras 11 y 17), para construir viviendas para los más pobres. Esto desató una gran polémica, que estuvo rodeada en su momento por argumentos más clasistas que técnicos. Sin embargo, los detractores del proyecto encontraron un argumento con el que convencieron a la justicia.
Los promotores del recurso legal, en el que literalmente pedían suspender el proyecto, argumentaron que el construir las VIP (cuyo metro no puede costar más de $1 millón) en una zona donde el metro cuadrado cuesta $10 millones, sería un detrimento patrimonial. Además, que sin importar que cataloguen los apartamentos como VIP, por el sitio donde los pretenden construir terminarían superando el valor máximo estipulado por el Congreso (70 salarios mínimos).
Y agregaron que con el avalúo real de los apartamentos que pretenden construir en la zona se podrían construir más viviendas en otro sitio de la ciudad. “Si la administración asumiera el desarrollo de un proyecto de vivienda al valor actual del metro cuadrado en esos sectores, los recursos que se invertirían equivaldrían aproximadamente a 3.360 viviendas, es decir 11 veces más de lo que Metrovivienda pretende construir con el proyecto IDU Parqueaderos”.
El juez José Luis Lubo Sprockel, quien estuvo a cargo de analizar la Acción Popular, tras escuchar tanto al Distrito como a los promotores del recurso legal, les dio la razón a los vecinos del Chicó y por eso consideró necesario “amparar el derecho colectivo del patrimonio público, para prevenir que se continúe vulnerando, con el desarrollo de un proyecto que contraviene las normas”.
Y aclaró, ‘que se siga vulnerando’, debido a que la alcaldía ya gastó $1.500 millones en contratos de consultoría y diseño. Finalmente, le ordenó a “la Empresa Distrital Metrovivienda, al Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU), a Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaria Distrital de Hábitat y a la Fiduciaria Colpatria S.A que se abstengan de continuar desarrollando cualquier tipo de actuación contractual, administrativa o convenio interadministrativo, con el fin de desarrollar el proyecto IDU parqueaderos”.
En la decisión, el juez Lubo Sprockel, destacó que su análisis fue objetivo y que valoró aspectos legales y no particulares. De igual forma aclaró que no se tuvieron en cuenta razones de tipo social, “ni muestra apatía porque a las personas más vulnerables las ubiquen en zonas centrales, porque ello denotaría una discriminación injustificada y eso no puede ser un argumento válido para proferir una sentencia por parte de un Juez de la República”.
“Es por ello, que la decisión es en derecho y con fundamento en la normatividad vigente y aplicable, la cual, como se ha reiterado en esta providencia, no se ha acatado como corresponde y de llegar a ejecutarse el proyecto, tal y como se está diseñando, se estaría actuando en clara contradicción con la Ley, lo que generaría una vulneración ostensible a los derechos patrimoniales que afectan a toda la comunidad de la ciudad de Bogotá”.
Frente a la decisión, el concejal Roberto Hinestrosa señaló que la Administración Distrital se debe enfocar en impulsar soluciones en temas de vivienda digna, asegurando a la población en condición de vulnerabilidad mejores condiciones de vida, en vez de adoptar medidas provocadoras como la que pretendía desarrollar en el norte de la ciudad.
Vale aclarar que con el mismo argumento con el que frenaron el proyecto de las VIP en el Chicó, hoy cursa otra acción popular para frenar otro proyecto similar en el sector de San Victorino.
El proyecto
La Administración Distrital pretendía aprovechar siete parqueaderos públicos (ubicados entre las calles 82 y 109 y las carreras 11 y 17), para construir 372 viviendas de interés prioritario (VIP) y 356 parqueaderos públicos. Se estimaba una inversión de $ 30.000 millones, para levantar edificios de entre cuatro y siete pisos, parqueaderos subterráneos y zonas comerciales.
Los predios donde se pretende construir los edificios, están ubicados cerca a importantes zonas de la cuidad como el Parque el Virrey, el Centro Comercial Andino y el Centro Comercial Centro 93. Los puntos exactos donde se pretenden levantar las edificaciones, son la calle 82 con carrera 11, carrera 11A con calle 88, carrera 11 con calle 93 y Calle 109 con carrera 17.
Que el Distrito pretenda construir vivienda para los pobres (de bajo costo) en zonas de alta valorización en el norte de la ciudad, según la justicia, podría ser en detrimento patrimonial para la administración. Al menos, esta parece ser la conclusión del fallo a una acción popular, emitido por el Juez 26 Administrativo de Bogotá, que frenó el proyecto “IDU-Parqueaderos”, con el que la administración pretendía construir 372 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y 356 parqueaderos públicos en el sector de Chicó.
La Acción Popular se radicó después de que el alcalde Gustavo Petro hizo pública su intención de aprovechar siete parqueaderos públicos (ubicados entre las calles 82 y 109 y las carreras 11 y 17), para construir viviendas para los más pobres. Esto desató una gran polémica, que estuvo rodeada en su momento por argumentos más clasistas que técnicos. Sin embargo, los detractores del proyecto encontraron un argumento con el que convencieron a la justicia.
Los promotores del recurso legal, en el que literalmente pedían suspender el proyecto, argumentaron que el construir las VIP (cuyo metro no puede costar más de $1 millón) en una zona donde el metro cuadrado cuesta $10 millones, sería un detrimento patrimonial. Además, que sin importar que cataloguen los apartamentos como VIP, por el sitio donde los pretenden construir terminarían superando el valor máximo estipulado por el Congreso (70 salarios mínimos).
Y agregaron que con el avalúo real de los apartamentos que pretenden construir en la zona se podrían construir más viviendas en otro sitio de la ciudad. “Si la administración asumiera el desarrollo de un proyecto de vivienda al valor actual del metro cuadrado en esos sectores, los recursos que se invertirían equivaldrían aproximadamente a 3.360 viviendas, es decir 11 veces más de lo que Metrovivienda pretende construir con el proyecto IDU Parqueaderos”.
El juez José Luis Lubo Sprockel, quien estuvo a cargo de analizar la Acción Popular, tras escuchar tanto al Distrito como a los promotores del recurso legal, les dio la razón a los vecinos del Chicó y por eso consideró necesario “amparar el derecho colectivo del patrimonio público, para prevenir que se continúe vulnerando, con el desarrollo de un proyecto que contraviene las normas”.
Y aclaró, ‘que se siga vulnerando’, debido a que la alcaldía ya gastó $1.500 millones en contratos de consultoría y diseño. Finalmente, le ordenó a “la Empresa Distrital Metrovivienda, al Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU), a Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaria Distrital de Hábitat y a la Fiduciaria Colpatria S.A que se abstengan de continuar desarrollando cualquier tipo de actuación contractual, administrativa o convenio interadministrativo, con el fin de desarrollar el proyecto IDU parqueaderos”.
En la decisión, el juez Lubo Sprockel, destacó que su análisis fue objetivo y que valoró aspectos legales y no particulares. De igual forma aclaró que no se tuvieron en cuenta razones de tipo social, “ni muestra apatía porque a las personas más vulnerables las ubiquen en zonas centrales, porque ello denotaría una discriminación injustificada y eso no puede ser un argumento válido para proferir una sentencia por parte de un Juez de la República”.
“Es por ello, que la decisión es en derecho y con fundamento en la normatividad vigente y aplicable, la cual, como se ha reiterado en esta providencia, no se ha acatado como corresponde y de llegar a ejecutarse el proyecto, tal y como se está diseñando, se estaría actuando en clara contradicción con la Ley, lo que generaría una vulneración ostensible a los derechos patrimoniales que afectan a toda la comunidad de la ciudad de Bogotá”.
Frente a la decisión, el concejal Roberto Hinestrosa señaló que la Administración Distrital se debe enfocar en impulsar soluciones en temas de vivienda digna, asegurando a la población en condición de vulnerabilidad mejores condiciones de vida, en vez de adoptar medidas provocadoras como la que pretendía desarrollar en el norte de la ciudad.
Vale aclarar que con el mismo argumento con el que frenaron el proyecto de las VIP en el Chicó, hoy cursa otra acción popular para frenar otro proyecto similar en el sector de San Victorino.
El proyecto
La Administración Distrital pretendía aprovechar siete parqueaderos públicos (ubicados entre las calles 82 y 109 y las carreras 11 y 17), para construir 372 viviendas de interés prioritario (VIP) y 356 parqueaderos públicos. Se estimaba una inversión de $ 30.000 millones, para levantar edificios de entre cuatro y siete pisos, parqueaderos subterráneos y zonas comerciales.
Los predios donde se pretende construir los edificios, están ubicados cerca a importantes zonas de la cuidad como el Parque el Virrey, el Centro Comercial Andino y el Centro Comercial Centro 93. Los puntos exactos donde se pretenden levantar las edificaciones, son la calle 82 con carrera 11, carrera 11A con calle 88, carrera 11 con calle 93 y Calle 109 con carrera 17.