Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por más de 24 horas permaneció detenida Erika Queragama, una joven embera katío, de 21 años, que fue dejada en libertad luego de que no se legalizara su captura, dado que la mujer no habla español y en el momento del procedimiento no se leyeron sus derechos en su idioma. A esto se le suman una incapacidad de siete días que certificó Medicina Legal, debido a lesiones que tuvo en un brazo, por la presión que hizo un uniformado, mientras ella se resistía a la captura.
Todo ocurrió el pasado sábado, a las 11:00 a.m., en Chía (Cundinamarca). La Policía de infancia y adolescencia la retiró del lugar donde ella se encontraba pidiendo dinero junto a dos niños, señalándole que no podía explotar los menores de edad en la mendicidad. “No se puede instrumentalizar a los niños, porque ya los cogieron fue de negocio”, le dijo uno de los policías, mientras que personas alrededor le decían a la joven: “¿dónde está el papá de los niños?”, “para que hacen tantos niños en esta época tan terrible”.
En ese momento Queragama empujó a una mujer adulta, quien cayó al suelo, la cual, al parecer, le había dicho algo molesto. Posteriormente, los uniformados cogieron a la indígena de los brazos, mientras otras personas le gritaban “abusiva”. La persona que cayó al piso le dijo: “voy a poner el denuncio, maldita india” y uno de los policías le decía que iniciarían un proceso ante la Fiscalía por la agresión.
Al tiempo, otras personas se acercaron a cuestionar a los uniformados. Una mujer le dijo a la patrullera, que la tenía del brazo derecho, que no le torciera la mano a la indígena. Otro hombre, que cargaba un bebé, cuestionó al policía que la tenía del lado izquierdo, por la fuerza que estaba ejerciendo contra la joven, de baja estatura.
Cuando llegó la patrulla, tres uniformados más apoyaron el traslado, ante la resistencia de la joven. En otro video, registrado por un joven que dijo ser de derechos humanos, se ve a la mujer que fue empujada, con un cartón en el brazo y diciendo que tenía una fractura, mientras que otras personas alrededor continuaban discutiendo entre ellos por lo ocurrido.
Para el abogado Manuel Marín, uno de los que acompañó a la embera, hubo evidentes errores en los procedimientos, así como en la forma de actuar en contra de la indígena. “El procedimiento para garantizar los derechos de los niños y niñas no debería generar un impacto contra ellos o su comunidad étnica. Lo que se evidenció fue por la forma cómo le piden que se vaya. Eso hizo que varias personas alrededor comenzaran a señalarla”.
Así mismo, indica que por lesiones en uno de los brazos, por la fuerza ejercida por el uniformado, Medicina Legal le dio siete días de incapacidad a Queragama. “En el antebrazo izquierdo se observan escoriaciones sin sangrado activo”, indica el acta. Además, el abogado señala que a pesar de que el procedimiento lo acompaña una mujer policía, quién finalmente lo realiza es un hombre, que tampoco garantiza la lectura de los derechos de la indígena en su idioma, pese a que no hablaba bien español, así como tampoco se atendió a los menores que la acompañaban, quienes finalmente fueron resguardados por una persona del municipio
Por último, está el proceso. ¿Era justificada la captura de Queragama por empujar a otra mujer? Marín señala que en el peor de los casos se llega a una querella, pero no hay detención. Caso contrario sería una riña, donde sí entran sanciones del Código del Policía. Por esta razón la embera quedó libre, aunque la mujer que tuvo lesiones como consecuencia del golpe se le dio una incapacidad de 30 días e interpuso una acción legal que comenzará su curso.
En el municipio hay versiones encontradas. Algunos de los habitantes señalan que este hecho fue el florero de Llorente frente a una situación que han visto en los últimos días en el municipio y que no es más que la llegada de los indígenas al casco urbano pidiendo dinero o vendiendo artesanías en compañía de niños. Muchos de ellos, son los indígenas embera que estuvieron en el parque Tercer Milenio, que recibieron la atención de la Alcaldía de Bogotá, pero que requieren de una respuesta de la Unidad de Víctimas, ya sea para el retorno a sus territorios o su reparación y que, ante las circunstancias, buscan alternativas para sobrevivir.