Caso de Juan Pablo González: familiares podrían demandar al Estado por negligencia

Tortura y homicidio agravado. Estos fueron los delitos que les imputaron a Derby Betancourt Medina, Yovanni Segura Calderón, Fernando Arturo Cárdenas Camelo y Álvaro López Ruiz, señalados de asesinar a golpes, el pasado 6 de noviembre, en la URI de Puente Aranda, a Juan Pablo González, el posible responsable de abusar de una menor de 17 años en la estación de Transmilenio de La Castellana.

Tortura y homicidio agravado. Estos fueron los delitos que les imputaron a Derby Betancourt Medina, Yovanni Segura Calderón, Fernando Arturo Cárdenas Camelo y Álvaro López Ruiz, señalados de asesinar a golpes, el pasado 6 de noviembre, en la URI de Puente Aranda, a Juan Pablo González, el posible responsable de abusar de una menor de 17 años en la estación de Transmilenio de La Castellana.

Según el fiscal del caso, ese día agredieron a González con diferentes objetos, durante 27 minutos ininterrumpidos, hasta causarle la muerte. De acuerdo con Medicina Legal, su cadáver presentó más de 50 lesiones y fracturas, que le causaron insuficiencia respiratoria.

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“Ustedes raparon a González, lo llevaron al baño, lo obligaron a bañarse y luego lo golpearon. De esta manera concertaron con el patrullero Marín la tortura y la muerte de la víctima”, dijo el fiscal en la imputación, en la que detalló que el deceso ocurrió en las primeras tres horas tras su detención, quien dio a conocer que, al parecer, obligaron a la víctima a beber orina “mientras le gritaban que ‘eso le pasaba por haber violado a una mujer y que merecía la muerte’, lo que sugiere que los golpes fueron para castigarlo”, agregó el funcionario.

Por ahora los cuatro imputados, que se declararon inocentes, están privados de la libertad en las cárceles La Picota y Modelo.

Vale recordar que, al parecer, el crimen ocurrió con la complicidad de cinco policías que estaban de guardia en la URI y debían garantizar la seguridad del detenido. Entre ellos está Brayan Marín, quien según el ente acusador, conoció los planes y auspició el encuentro. A la fecha a este uniformado y a sus cuatro compañeros los desvincularon de la Policía y cuentan con medida de aseguramiento mientras se resuelve su situación judicial.

¿Qué viene ahora?

Según el abogado Juan José Castro, magíster en derecho procesal penal, aparte del proceso para dar con los culpables del crimen y determinar si hubo o no complicidad de los guardias, existe la posibilidad de que la familia de González demande a la nación por su muerte bajo custodia policial.

Según el litigante, el Consejo de Estado ha sido enfático en que es responsabilidad estatal la protección de los presos. “Cuando una persona es detenida, el Estado es responsable de su seguridad, alimentación y condiciones mínimas de salud. En su caso, debían tener medidas especiales de seguridad”, asevera Castro.

Planteamiento en el que coincide la psicóloga jurídica y forense Patricia Castaño, quien resalta que en materia de derechos humanos existen estándares internacionales de obligatorio cumplimiento, como los principios de Mandela: “Son normas esenciales que aplican para todos los regímenes penitenciarios de los Estados miembros de las Naciones Unidas y que obligan a la protección de quienes tienen derecho al debido proceso”, menciona.

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Mientras avanza el proceso por el homicidio de González, desde el Centro de Pensamiento Pospenados, de la Universidad Nacional, señalan relevante entender en este caso el contexto sociológico en relación con los delitos, en donde el repudio toma especial relevancia: “En casos como estos la (mal llamada) ‘justicia por mano propia’ está bien vista e intentan justificarse por la ira que produce el delito en cuestión, pero al ejecutarla se reproducen las cadenas de venganza y se invisibilizan los procesos judiciales”, afirma su directora Edna Camelo Salcedo, quien es enfática en que lo correcto siempre será esperar una condena y respetar el procedimiento judicial, argumento que suma al “cuestionamiento de tajo” que atraviesan las instituciones y en el que cientos de personas dudan de la efectividad de la ley y sus procesos.

Dicho esto, habrá que ver cómo avanza el proceso por el homicidio de González, en el que es evidente la mezcla de ineficiencia policial, retaliaciones dentro del ambiente delictivo y hacinamiento, pues la URI presentaba una ocupación del 193 %. Lo cierto es que evitar la impunidad en este caso (independiente del crimen que presuntamente cometió González) es clave para evitar que casos como estos se repitan en el país.

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