Caso Gabriel Esteban: Omisiones que analiza la Procuraduría para abrir investigación
Tras conocer cómo actuaron el ICBF de Bogotá y la Comisaría de Familia de Usme, la Procuraduría analiza si abre investigación. Hallaron un informe que en septiembre alertó que la madre “estaría en un alto riesgo”. Además, que en agosto el asesino se había llevado a Gabriel sin permiso, por 9 días.
La Procuraduría General de la Nación analiza, paso a paso, el proceso de violencia intrafamiliar que promovió Consuelo Rodríguez, madre de Gabriel Esteban González Rodríguez, contra su expareja, para establecer cómo actuaron las respectivas autoridades en el caso del menor y definir si hay mérito para abrir investigación disciplinaria. Lo que han encontrado apunta a una respuesta afirmativa.
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El organismo de control busca identificar si se respetaron los derechos del niño de cinco años, asesinado por su padre el pasado 3 de octubre en un hotel de Melgar o si faltaron en la diligencia y el cuidado, ante el “posible riesgo en el que este podía encontrarse y por ello, haber incurrido en eventuales conductas de carácter disciplinario”, dice un oficio interno de la entidad, que conoció El Espectador.
Se trata de un oficio interno de este 12 de octubre, que envió Viviana Mora Verbel, procuradura delegada con funciones para la Defensa de derechos a la infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer a Néstor Mauricio Areiza Murillo, procurador distrital de instrucción de Bogotá, con el asunto: remisión informe del caso del niño, sobre las actuaciones administrativas y medidas de protección adelantadas.
Para elaborarlo, el pasado 5 de octubre el organismo de control hizo una serie de requerimientos de información a la Dirección del ICBF Regional Bogotá y a la Comisaría de Familia de Usme, “sobre el trámite de actuaciones administrativas, de restablecimiento de derechos y de medida protección por violencia intrafamiliar en favor del niño G.E.G.R (q.e.p.d)”.
Además, pidió datos sobre las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas, la activación de rutas específicas a otras entidades para el restablecimiento de derechos o protección del menor de edad y el seguimiento a dichas medidas.
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El ICBF junto a la Comisaria respondieron:
Entre la información entregada, se conoció que el asesino de Gabriel Esteban, luego de un acuerdo verbal con la madre para poder ver al niño, en agosto de este año ya se lo había llevado sin permiso durante 9 días. Situación que puso en conocimiento la mamá del menor en la Comisaría de Usme.
Sin embargo, la entidad se limitó a cuestionar al padre por llevarse al hijo. Ante esto, el hombre respondió que él también tenía derechos sobre su hijo y que incluso estaría solicitando ante el ICBF la custodia del menor.
El asesino, además, intentó mostrar a la mamá del menor como la maltratadora, al indicar que lo dejaba solo “en compañía de dos menores de edad, su otro hijo de 9 años y una sobrina de 15 años” e indicar que lo había denunciado el pasado 25 y 31 de julio; 6, 20, 27 y 29 de agosto, y el 10 de septiembre.
Las respuestas del ICBF y de la Comisaría coinciden con las denuncias y las situaciones que contó la madre del menor, después de que su hijo fue asesinado.
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En la inspección inicial, la Procuraduría encontró un informe de la trabajadora social, del equipo de la Defensoría de Familia, quien sugiere que el padre del menor estaría acosando y hostigando a Consuelo, quien “podría estar en un alto riesgo”, declaró la profesional en el informe.
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El ente de control reaccionó ante la información brindada y señaló que “debieron explorarse las dinámicas familiares; la existencia de otras actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos en favor del núcleo familiar, y las eventuales afectaciones por los hechos de violencia psicológica referida por la víctima”.
Y agregó que todas estas situaciones fueron signos de alarma y que estas instituciones pudieron generar acciones que “permitieran prever un comportamiento violento, agresivo o criminal del padre hacia su hijo, o si este había iniciado un proceso de instrumentalización del niño, para afectar a la progenitora”.
“Por lo anterior, se remite este informe y sus anexos, para lo de su competencia, efectos de que se verifique si las autoridades administrativas que actuaron en este caso, tanto en el proceso de violencia intrafamiliar contra la señora Consuelo Rodríguez Salguero, como en el de restablecimiento de derechos del niño pudieron haber faltado a la debida diligencia y cuidado ante el posible riesgo en que este podía encontrarse y por ello, haber incurrido en eventuales conductas de carácter disciplinario”, concluye el informe.
Actualmente, la Procuraduría sigue analizando las respuestas entregadas por el ICBF y la Comisaria para definir si abre formalmente el proceso disciplinario y contra quiénes.
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La Procuraduría General de la Nación analiza, paso a paso, el proceso de violencia intrafamiliar que promovió Consuelo Rodríguez, madre de Gabriel Esteban González Rodríguez, contra su expareja, para establecer cómo actuaron las respectivas autoridades en el caso del menor y definir si hay mérito para abrir investigación disciplinaria. Lo que han encontrado apunta a una respuesta afirmativa.
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El organismo de control busca identificar si se respetaron los derechos del niño de cinco años, asesinado por su padre el pasado 3 de octubre en un hotel de Melgar o si faltaron en la diligencia y el cuidado, ante el “posible riesgo en el que este podía encontrarse y por ello, haber incurrido en eventuales conductas de carácter disciplinario”, dice un oficio interno de la entidad, que conoció El Espectador.
Se trata de un oficio interno de este 12 de octubre, que envió Viviana Mora Verbel, procuradura delegada con funciones para la Defensa de derechos a la infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer a Néstor Mauricio Areiza Murillo, procurador distrital de instrucción de Bogotá, con el asunto: remisión informe del caso del niño, sobre las actuaciones administrativas y medidas de protección adelantadas.
Para elaborarlo, el pasado 5 de octubre el organismo de control hizo una serie de requerimientos de información a la Dirección del ICBF Regional Bogotá y a la Comisaría de Familia de Usme, “sobre el trámite de actuaciones administrativas, de restablecimiento de derechos y de medida protección por violencia intrafamiliar en favor del niño G.E.G.R (q.e.p.d)”.
Además, pidió datos sobre las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas, la activación de rutas específicas a otras entidades para el restablecimiento de derechos o protección del menor de edad y el seguimiento a dichas medidas.
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Sin embargo, la entidad se limitó a cuestionar al padre por llevarse al hijo. Ante esto, el hombre respondió que él también tenía derechos sobre su hijo y que incluso estaría solicitando ante el ICBF la custodia del menor.
El asesino, además, intentó mostrar a la mamá del menor como la maltratadora, al indicar que lo dejaba solo “en compañía de dos menores de edad, su otro hijo de 9 años y una sobrina de 15 años” e indicar que lo había denunciado el pasado 25 y 31 de julio; 6, 20, 27 y 29 de agosto, y el 10 de septiembre.
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Y agregó que todas estas situaciones fueron signos de alarma y que estas instituciones pudieron generar acciones que “permitieran prever un comportamiento violento, agresivo o criminal del padre hacia su hijo, o si este había iniciado un proceso de instrumentalización del niño, para afectar a la progenitora”.
“Por lo anterior, se remite este informe y sus anexos, para lo de su competencia, efectos de que se verifique si las autoridades administrativas que actuaron en este caso, tanto en el proceso de violencia intrafamiliar contra la señora Consuelo Rodríguez Salguero, como en el de restablecimiento de derechos del niño pudieron haber faltado a la debida diligencia y cuidado ante el posible riesgo en que este podía encontrarse y por ello, haber incurrido en eventuales conductas de carácter disciplinario”, concluye el informe.
Actualmente, la Procuraduría sigue analizando las respuestas entregadas por el ICBF y la Comisaria para definir si abre formalmente el proceso disciplinario y contra quiénes.
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