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La Fiscalía avanza en la investigación por las presuntas irregularidades el contrato que celebró Transmilenio (TM) con la empresa Recaudo Bogotá, para la venta de pasajes del sistema de transporte. En esta oportunidad, el ente acusador le imputó cargos al exgerente de TM, Fernando Páez, por el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, y contra Laura Patricia Acero, representante de Recaudo Bogotá, por el delito de fraude procesal en calidad de autora. Ambos se declararon inocentes.
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El caso surgió de una denuncia, en la que señalaron que la empresa, propiedad de los hermanos Javier y Carlos Ríos Velilla, estaba inhabilitad para participar en el proceso, ya que, para esa época, su sobrino, Felipe Ríos Londoño, era concejal activo de Bogotá.
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A pesar de que era una causal para participar en el proceso de adjudicación, se presentaron y se quedaron con el multimillonario negocio. Los tres protagonistas están próximos a ir a juicio, tras ser acusados formalmente por la fiscal Angélica Monsalve, por presuntamente haber cometido delitos contra de la administración pública.
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Volviendo a la imputación de cargos contra Páez y Acero, durante la formulación de cargos, el ente acusador señaló al exgerente de Transmilenio de no haber actuado con la debida diligencia, para corroborar la relación entre los Ríos Velilla y el entonces concejal, a la representante de Recaudo Bogotá, de haber incurrido en fraude al certificar que la empresa no estaba incursa en ninguna inhabilidad.
La cuestionada licitación, que derivó en la contratación de Recaudo Bogotá, se abrió el 25 de abril de 2011 y la adjudicación del contrato, pactado a 17 años, fue el 15 de julio de 2011, durante la administración de la entonces alcaldesa Clara López, quien reemplazó al destituido alcalde Samuel Moreno, procesado por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
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