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“Estoy solita, tirada en un sitio terrible. No me puedo mover, por favor. Ayúdeme, ¿sí? (…) Estoy violada, tirada empelota. Ayúdeme urgente, urgente. No me puedo mover”. Estos son apartes de las llamadas que, en la madrugada del 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely hizo a la línea de emergencias 123 en busca de ayuda. Tenía 35 años y horas antes –en un hecho que estremeció al país y que evidenció una vez más el maltrato que se ensaña contra las mujeres– había sido golpeada, ultrajada, apuñalada, torturada y empalada por Javier Velasco Valenzuela, en un sector desolado del Parque Nacional, en Bogotá.
Fue tal la brutalidad y la sevicia del ataque, que ella falleció a los cuatro días. Fue tal la atrocidad y la barbarie que rodearon su caso, que hoy existe una ley un su nombre, la Ley del Feminicidio, que endurece las penas contra quienes asesinan a una mujer sólo por su condición de mujer. Aunque Velasco fue detenido y condenado a 48 años de cárcel, para su familia varias entidades públicas también serían responsables, bien sea por omisión o negligencia, y deberían pagar.
Al menos así lo señala en la demanda que presentó en agosto de 2014 contra el Estado y en la que le atribuye una serie de responsabilidades a la Fiscalía, las secretarías de Salud y de Gobierno de Bogotá y la Policía Nacional.
Ahora, tras cuatro años en los que el proceso sigue sin resolverse, el Juzgado 37 administrativo de Bogotá retomará este viernes el juicio en el que continuará el debate para establecer si realmente detrás de este atroz crimen le cabe algún tipo de responsabilidad al Estado. El Espectador presenta los señalamientos de la familia de la víctima y la defensa de cada una de las entidades.
Línea 123 y Secretaría de Gobierno
Según la demanda, desde las 4:00 de la madrugada de aquel 24 de mayo, Rosa Elvira intentó comunicarse con la Línea 123 para pedir auxilio tras el ataque. En los audios de sus dos llamadas, recibidas a las 4:37 y 4:50 a.m., dijo estar en un barranco, ubicado sobre la calle 45, debajo de la Circunvalar. Insistió en que había sido víctima de violencia sexual y que no se podía mover.
Su defensa sostuvo que, en la atención inicial del caso –para dar con su ubicación y brindarle auxilio– hubo varias fallas. Para comenzar, la hallaron a las 6:00 de la mañana. Y para completar, a pesar de la gravedad de la situación y de que se solicitó a la línea que coordinan la Policía y la Secretaría de Gobierno una ambulancia, el servicio nunca llegó y a los uniformados que atendieron el caso no les quedó de otra que detener un vehículo de emergencia a las 7:00 de la mañana, que iba a atender otro servicio.
Ante las acusaciones, en mayo de 2016, El Espectador hizo pública la defensa de la Secretaría de Gobierno, que responsabilizó a Rosa Elvira por lo ocurrido, al señalar que, pese a conocer los comportamientos de Velasco, ella accedió a departir con él y otra persona. “Si no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”, decía la defensa. La indignación que causó la postura llevó a la Secretaría de Gobierno a retirar esa afirmación de su defensa.
Sobre la atención que brindó la Línea 123, la Secretaría explicó que cumplió con remitir la información de lo que narraba Rosa Elvira a los Bomberos, la Policía y el CRUE de la Secretaría de Salud, precisando que “fue mínimo el tiempo que transcurrió entre la primera llamada y la migración de la información a las entidades competentes”. La Secretaría de Gobierno agregó que, tras revisar las llamadas, se pudo determinar que las indicaciones dadas por Rosa Elvira sobre su ubicación no eran claras y que nunca dijo que “se encontraba en un paraje a orillas de una quebrada, como tampoco que estaba debajo de la Circunvalar, más al sur de la calle 45”.
Resaltó además lo difícil de la búsqueda, debido a la extensión del Parque Nacional, teniendo en cuenta “la escasa información que se tenía”.
Secretaría de Salud Distrital
En la demanda aseguran que la Secretaría de Salud también falló debido a la “ineficiente prestación del servicio paramédico y de urgencias, así como de atención médica”. En su escrito narran que una vez en la ambulancia, Rosa Elvira fue trasladada por orden del CRUE al Hospital Santa Clara (a 24 minutos del Parque Nacional), pese a que pudo ser atendida en el Hospital San Ignacio (a 3 minutos) o al Militar (a 7 minutos).
“Rosa Elvira llegó al hospital a las 7:52 a.m. Primero fue dejada en un pasillo sin atención. Luego fue obligada a sentarse y a permanecer en una silla de ruedas por una hora. Después solicitó ir al baño y allí, sobre las 9:00 a.m., sufrió un paro respiratorio. Finalmente, en la madrugada del 28 de mayo, cuatro días después del ataque, ella falleció debido al trauma severo que le ocasionó Velasco, quien le introdujo ramas por el ano y la vagina, destruyendo sus intestinos y sus órganos pélvicos.
En respuesta a las acusaciones, la Secretaría de Salud declaró, en primer lugar, no ser la llamada a responder, porque no era su labor direccionar las llamadas de la línea de emergencia. En segundo lugar, sostuvo que, aunque es la entidad encargada de la política pública de salud, no puede responder por la atención que brindó el Hospital Santa Clara. Además, destacó que hubo una atención médica oportuna, de lo contrario, añade, “su deceso hubiera sido inminente de cara al ataque que ella sufrió”.
Ante los reproches relacionados con el traslado en la ambulancia al Hospital Santa Clara y no a otros centros médicos, la entidad distrital recalca que eso es algo que no estaba bajo su dominio. Insiste la Secretaría que la muerte de Cely fue por el atroz ataque y no por mala atención. De otro lado, defiende a la tripulación de la ambulancia, al precisar que su decisión “estuvo motivada por el hecho de que la paciente se encontró estabilizada (…), llegó viva y tuvo una rápida respuesta por parte del equipo médico”.
Ante las supuestas irregularidades a la hora de la atención y el cuidado, Seguros del Estado (en su calidad de aseguradora del Hospital Santa Clara) declaró que la entidad le brindó “una adecuada atención”, señalando que la víctima ingresó en malas condiciones generales, que derivaron en su fallecimiento. Aseguran que permanentemente Rosa Elvira fue tratada por médicos especialistas que hicieron lo posible por salvaguardar su vida.}
Fiscalía General de la Nación
La demanda indica que el ente acusador desatendió el historial delictivo de Javier Velasco y que, previo al ataque, él había protagonizado una serie de hechos que, de haber sido atendidos diligentemente, tal vez se hubiera evitado el fatal desenlace. Recordaron que en agosto de 2008, Velasco violó a una trabajadora sexual y, pese a que fue denunciado, la Fiscalía “no adelantó actuación alguna”. Segundo, que en 2007 fue acusado de acceder a sus dos hijas menores, hechos que a la fecha del crimen de Rosa Elvira “seguían en averiguación”.
Por último, que en febrero de 2003 asesinó a otra mujer y, pese a la solicitud de la familia, no indagaron si había existido acceso carnal violento. Recriminan además que, en el juicio de ese caso, el organismo cambió la tipificación del delito de homicidio agravado a homicidio simple. Por este crimen Velasco fue recluido en un centro psiquiátrico y permaneció apenas nueve meses.
“Pese a tener tres procesos penales en contra, con el mismo patrón de comportamiento criminal, la Fiscalía omitió su deber de debida diligencia en la investigación de las conductas”, indican los demandantes.
A esto se suma que en toda la estadía de Rosa Elvira en el Hospital Santa Clara los investigadores del CTI de la Fiscalía “no le practicaron ningún examen forense”.
Ante los señalamientos de la familia de la víctima, el ente investigador –en línea con los argumentos de otras entidades– manifestó que “nada tuvo que ver ni directa ni indirectamente con el fallecimiento”. Según los argumentos del abogado de la Fiscalía, no existe un nexo causal que ligue al organismo con lo que se narra en la demanda. Frente a los reclamos esgrimidos por los defensores de la familia de Rosa Elvira, el ente se limitó a contestar que no le constaba y, en otras, que era una apreciación subjetiva, instando a la contraparte a probar cada una de las afirmaciones. Declaró también que hay acusaciones que no eran de su competencia ni responsabilidad.
Frente a los reclamos por su supuesta falta de diligencia para atender el historial criminal de Javier Velasco, la Fiscalía indicó que durante el proceso penal “se sujetaron a los deberes constitucionales y legales, fundamentados en material probatorio” y que bajo ninguna hipótesis podían considerarse como deficientes”. Concluye que cualquier crítica a su actuar carece de pruebas, “convirtiéndose en meras especulaciones”.
Policía Nacional
Para la familia de Rosa Elvira, la Policía también tendría una parte de responsabilidad. En la demanda se advierte que, a pesar de que la institución tiene presencia permanente en el Parque Nacional, a través de una estación de Carabineros –ubicada a 87 metros de donde ocurrió la agresión y que tiene contacto visual con el sitio–, los uniformados alertados por la Línea 123 resolvieron contactarse con unidades del CAI Granada (en la calle 65 con carrera 4) y de la estación Chapinero, en la calle 58, al oriente de la Circunvalar. Agregan que la estación de Carabineros tampoco hizo vigilancia en la noche que se presentó la agresión y que no dispuso de más uniformados para su búsqueda, pese a que a 1,2 kilómetros había alrededor de 30 policías de la estación Teusaquillo.
Ante los señalamientos, la institución desmintió que a 87 metros del lugar de los hechos existiera una estación. Lo que se ubica allí, aclara, “es un letrero informativo que indica que a 200 metros en línea recta hacia la montaña se ubica la estación de Carabineros”. Para reforzar la versión, indican, que en el terreno prevalecen los “peñascos y una abrumante vegetación”, que hacían imposible cualquier tipo de visibilidad.
De igual manera, la entidad desestimó fallas a la hora de atender la emergencia y dar con Rosa Elvira, pues la ubicación que dio la víctima no correspondía al sitio donde realmente estaba.
Sobre el dispositivo de búsqueda, la institución resaltó que dispuso de siete patrullas e, incluso, un uniformado llamó infructuosamente varias veces a Celis para que precisara su ubicación. Por ello, dice, se “procedió a iniciar la búsqueda en el Parque Nacional, donde fue encontrada a las 5:57 a.m. con múltiples señales de violencia e hipotermia”.
Finalmente, ante las supuestas omisiones a la hora de garantizar el servicio de seguridad y protección ciudadana, que se reclama en la demanda, la defensa de la Policía sostuvo que, para el momento de los hechos, no estaba vigente ninguna medida de protección a favor de Rosa Elvira Cely, proferida por alguna autoridad judicial.
Otro de los implicados en la atención inicial
En el caso de la atención de salud, el caso escaló hasta Imágenes y Equipos S.A., la empresa a la que pertenecía una de las ambulancias que se requirieron para atender a Rosa Elvira Cely y que no llegó al lugar de los hechos.
Esa compañía sostuvo que, de ser condenada, se debería incluir al médico que ese día era el encargado del vehículo, pues para el momento de los hechos (6:00 a.m.) se encontraba de turno y no había llegado. Ello habría retrasado la atención al menos 20 minutos más, pues se requirió otro carro.
Imágenes y Equipos asegura que, desde entonces, el médico “no volvió a presentarse ni rindió descargos”. Aunque el Juzgado 37 admitió el llamado del médico, por problemas de procedimiento de la empresa, lo terminó desestimando.
El paso a paso del caso
2012
Mayo
En la madrugada del 24 de mayo, Rosa Elvira, quien era madre soltera y se desempeñaba como vendedora ambulante, fue atacada con crueldad por Javier Velasco, en hechos ocurridos en el Parque Nacional.
2012
Mayo
Cuatro días después de la agresión, Rosa Elvira falleció debido a la gravedad de sus lesiones. El sujeto la golpeó, la apuñaló, la violó y la empaló, y luego se dio a la huida. Velasco era compañero de estudios de la víctima.
2012
Junio
Días después del crimen fue capturado Velasco. En su vivienda fueron halladas, entre otras cosas, una carta para Rosa Elvira. En ella le pedía perdón y ayuda de Dios, e indicaba que ella era su “amor eterno”.
2012
Diciembre
Tras aceptar su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, tortura y acceso carnal violento, Javier Velasco fue condenado a 48 años de cárcel. A pesar de que la condena fue apelada por su abogado, esta quedó en firme.
2014
Agosto
La familia de Rosa Elvira presentó la demanda contra varias entidades del Estado por su presunta omisión o falla al momento de atender el hecho. La familia también ha acudido a instancias como la CIDH para declarar responsable al Estado.
jgonzalez@elespectador.com