Caso tortura a Juan Pablo González: ¿llamado a una reforma policial de base?

A medida que avanza el proceso de indagación en torno a la muerte de Juan Pablo González, presunto abusador de la menor Hilary Castro, se reavive nuevamente el debate de si es necesario reformar la Policía Nacional y ajustar los procesos de capacitación dentro de la institución.

A medida que avanza el proceso de indagación en torno a la muerte de Juan Pablo González, presunto abusador de la menor Hilary Castro, se reavive nuevamente el debate de si es necesario reformar la Policía Nacional y ajustar los procesos de capacitación dentro de la institución.

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Recordemos que, recientemente y por este caso, cinco integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron destituidos, capturados e imputados por la Fiscalía por homicidio agravado, en concurso heterogéneo con la conducta de tortura.

Esto por la omisión en su labor de proteger y amparar al procesado, debido a que el fiscal del caso logró demostrar que, a pesar de estar presentes no intervinieron ante las agresiones que terminaron costándole la vida. Por este motivo los uniformados fueron señalados como cómplices, aunque ninguno aceptó los cargos.

Cabe mencionar que esto dejaría en evidencia una presunta negligencia en la protección del detenido y la garantía de sus derechos, como lo exige la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

No obstante, las pruebas indican que eso no fue lo que pasó dentro de la URI de Puente Aranda en donde fue recluido Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro.

En medio de la audiencia se revelaron detalles de las lesiones que le fueron infringidas por parte de otros presos. Su causa de muerte se debió a un politraumatismo que le causó insuficiencia respiratoria en el tórax:

“Las lesiones halladas le generaron traumas, la muerte fue lograda porque los victimarios lo colocaron en situación de indefensión y en consecuencia lograron reducirlo físicamente para luego lesionarlo, teniendo en cuenta que la víctima no podía defenderse o evitar la agresión, solamente gritar”, explicó en audiencia, detallando que lo golpearon por 27 minutos, según el registro de las cámaras de seguridad.

Punto validado por el reporte de Medicina Legal, en el cual se lee que el cadáver contaba con más de 50 lesiones, hematomas y fracturas.

No obstante, adicionalmente se conoció que lo habrían obligado a ingerir orina de sus compañeros de celda: “Le gritaron que eso le pasaba por haber violado a una mujer, le decían que era un violador y que por eso merecía la muerte, quiere decir que los golpes se causaron para castigarlo”.

De acuerdo con el fiscal, todo esto ocurrió en presencia de los cinco uniformados señalados, quienes al parecer estaban en la puerta del baño en el que ocurrió todo y se dedicaron a ser testigos de los hechos.

“Los funcionaros de la Policía pudieron y debieron impedir que los privados de la libertad lesionaran y le quitaran la vida a Juan Pablo, no dijeron nada, no hicieron una alerta, no se opusieron, al contrario, fueron permisivos, no se comportaron como debía ser su rol y cargo”.

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No hubo garantía de derechos para Juan Pablo Gómez

Desde el cuerpo docente de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia afirman que este caso denota una flagrante falta por parte de los funcionarios de la Policía, quienes dejaron de lado el factor humano del procesado, independientemente de si era culpable o no.

Punto que lleva nuevamente a ubicar la mirada sobre las reformas estructurales en la Policía planteadas con la llegada del nuevo gobierno y que los electores, según parece, esperan se concreten desde el actual Congreso de la República.

Recordemos que con este objetivo, el pasado 12 de octubre, los senadores Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, y María José Pizarro, del Pacto Histórico, radicaron ante la Secretaría del Senado dos proyectos de ley que buscarían ajustar puntos internos de la operación dentro de la Policía Nacional.

Aspectos que, de ajustarse, cambiarían la percepción ciudadana en torno a la operatividad de la institución que, según la más reciente encuesta de Invamer, cuenta con un 45,3 % de desfavorabilidad en todo el territorio nacional.

“La reforma a la policía no es un simple cambio de nombre o de reglamentos. Hoy radicamos con David Racero y María José Pizarro dos proyectos que ley que buscan transformarla verdaderamente: cualquier patrullero podrá ser oficial de policía, además de la prevención del abuso policial”, compartió el senador Inti en sus redes sociales.

Según los borradores de los proyectos, se buscaría “prevenir y sancionar los abusos en la actividad de la Policía y el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, garantizando los derechos establecidos por la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza”. Variable que aún se desconoce si aplicaría también en casos de omisión, como ocurrió con el señor González.

Cabe señalar que la exposición de motivos para la reforma se ha centrado principalmente en los reportes presentados por organizaciones como Temblores ONG que denotan extralimitaciones y uso desproporcionado de fuerza en medio de las manifestaciones del pasado Paro Nacional de 2021.

Hechos que, de acuerdo con los expertos, vulneraron los derechos fundamentales de los manifestantes. Sin embargo, detallan que la omisión de responsabilidades que por ley deben ser acatadas llevan también al mismo resultado.

Tema abordado previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas (ONU), tras enviar misiones de verificación a Colombia para evaluar la situación de DD.HH. durante el paro del año pasado.

Entre las recomendaciones entregadas, de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, se le pidió al Estado capacitar a los integrantes de sus Fuerzas Armadas en este ámbito. Punto que a su vez generó preocupación, de acuerdo con el balance de la fundación, debido a que “el gobierno de Estados Unidos donó a inicios de este año 8 millones de dólares con el objetivo de aportar a dicho ajuste”.

De ellos, $2,7 millones serían destinados a apoyar al Alto Comisionado de Paz para el “desarrollo y ejecución de módulos de entrenamiento en derechos humanos para la fuerza pública, fortalecimiento de capacidad para jueces disciplinarios policiales en derechos humanos, desarrollo de plan trimestral de derechos humanos para la policía, apoyo al observatorio de derechos humanos de la policía” (US Embassy, 2022).

Escenario en el que se tendrá que seguir trabajando en cumplimiento de lo que ordena también el Consejo de Estado, desde donde se reconoce que los presos están bajo la protección y tutela estatal. Por ende, la lista de muertos bajo custodia policial tendrá que seguir siendo investigada y sancionada como pasó en el caso del señor González. Porque no es decisión de los uniformados si los capturados merecen o no tratos inhumanos bajo su custodia.

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