Cementerios públicos: el lío que afectaría la disposición de los muertos en Bogotá

El contrato para la operación de los cuatro cementerios distritales en Bogotá (Central, Norte, Sur y Serafín) ha estado lleno de escándalos, investigaciones y controversias, al punto de que le costó la cabeza a la exdirectora de la Uaesp Luz Amanda Camacho. Hoy está de nuevo en crisis y pone a la capital al borde de una posible crisis sanitaria. En las últimas semanas se conoció que el Distrito sancionará por tercera vez al contratista por nuevos incumplimientos, lo cual lo inhabilitaría para seguir al frente del servicio.

El contrato para la operación de los cuatro cementerios distritales en Bogotá (Central, Norte, Sur y Serafín) ha estado lleno de escándalos, investigaciones y controversias, al punto de que le costó la cabeza a la exdirectora de la Uaesp Luz Amanda Camacho. Hoy está de nuevo en crisis y pone a la capital al borde de una posible crisis sanitaria. En las últimas semanas se conoció que el Distrito sancionará por tercera vez al contratista por nuevos incumplimientos, lo cual lo inhabilitaría para seguir al frente del servicio.

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Al conocerse esta decisión, que podría quedar en firme el 3 de octubre, el concesionario Jardines de Luz y Paz hizo un anuncio radical: de ocurrir, de inmediato cesará la prestación del servicio. Esto encendió las alarmas en la administración. “Es un tema delicado. Se trata de la disposición de cadáveres, que debe hacerse correctamente. No nos pueden dejar las instalaciones de cualquier manera. Nuestra invitación es simple: tramitemos el asunto tranquilamente, con los pasos procesales”, dijo Carlos López, director de la Uaesp.

No se trata de un asunto menor. Según cifras oficiales, entre enero y agosto de 2023, en los cuatro cementerios se realizaron 737 cremaciones y 428 inhumaciones mensuales, especialmente parientes de las familias más vulnerables, que serían las más afectadas por este largo pleito entre la Alcaldía de Bogotá y un privado, que asegura llevar dos años perdiendo plata.

Un contrato accidentado

“Eran casi las 11:00 p.m. del 31 de junio de 2021 (un día antes del comienzo de la operación) y aún estábamos en proceso de empalme con la concesión anterior, revisando las bóvedas y la infraestructura. Fue una situación desafortunada que jugó en nuestra contra. Estábamos en medio de la pandemia. Teníamos salvedades legales frente al contrato, que no hubo tiempo para leerlo con tranquilidad. Nos dijeron que podíamos revisarlo, pero no ocurrió”, manifestó Éder Parada, gerente del consorcio Jardines de Luz y Paz a El Espectador.

Estas fueron las circunstancias en las que se dio la firma del contrato 415-2021, por un valor de más de $41 mil millones, para una operación por cinco años. No obstante, según el consorcio, el desequilibrio económico desde el comienzo le ha generado perdidas por $2.600 millones en los últimos dos años, situación que, dicen, advirtieron desde el segundo mes de operación, cuando encontraron que los ingresos no eran suficientes para cumplir con sus obligaciones.

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En este punto es clave explicar la distribución de los ingresos que se pactó en el contrato de concesión. Actualmente, el operador privado administra los cuatro cementerios, que tienen equipos y maquinarias avaluadas en $1.000 millones y bienes e inmuebles que constituyen un patrimonio cercano a los $20.000 millones. Allí cobran $546.000 por cada inhumación, $527.000 por cada cremación y $74.000 por el servicio de capilla. Los recursos deben ir a una fiducia y de allí el 25 % es para el Distrito y el 75 % para el operador.

No obstante, según la Uaesp y la Contraloría de Bogotá, los dineros no se estarían depositando de manera correcta. “El operador debe consignar en la fiducia. Puede que no les parezca, pero así se pactó. Lo que vemos es que no están girando los recursos a la Alcaldía, que son públicos. Afirman que sí lo hicieron, pero no es la realidad”, precisó el director de la Uaesp. Frente a esto, el consorcio asegura que el esquema implica que el dinero quede congelado y ellos tendrían que costear la operación, que cuesta $600 millones mensuales.

En medio de esto, la interventoría del contrato (que según la Uaesp también está desfinanciada por falta de recursos en la fiducia) ha declarado 45 incumplimientos del operador por no presentar información financiera, falta de transferencia de recursos y deficiencias en el tratamiento de lixiviados, lo cual no implica fallos puntuales en la prestación del servicio, pero sí dudas en torno a su calidad. Por esta situación, la Uaesp le ha interpuesto al contratista tres multas, que suman $2.485 millones que fueron apeladas por el contratista.

Una decisión por tomar

Según Parada, gerente del consorcio, hoy decidirán si se retiran del contrato de manera unilateral o si concilian con la Uaesp. Entre sus pretensiones está el aval para que los cementerios presten más servicios y así aumentar los ingresos. “Desde nuestro objeto contractual tenemos dos aristas: el destino final de los cuerpos, que es lo que hacemos, y estaría la atención funeraria, para la cual no hemos obtenido aval del Distrito. Si se abre esa puerta estaremos dispuestos a seguir la operación”.

Por su parte, el director de la Uaesp asevera que “hasta que haya un acto administrativo, no pueden abandonar la prestación del servicio. Recomendamos que reflexionen jurídicamente sobre este tema, y si es necesario ampliar los plazos, lo haremos”. De esta manera, hoy será un día clave para decidir el futuro de la concesión de la que dependen miles de familias para dar el último adiós digno a sus seres queridos.

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