¿Centro de rehabilitación o de torturas? Versiones de un caso en investigación

La fundación Centro de Rehabilitación Juntos Construimos Sueños se alza en una cuadra residencial del barrio Pinos de Marsella (localidad de Kennedy), en el suroccidente de Bogotá. El balcón blanco salta a la vista, entre las hojas de los árboles que cubren parte de la entrada del sitio donde, según denuncian, ocurrieron terribles torturas y malos tratos a los pacientes, que llegaron allí buscando ayuda con sus adicciones. “Trajimos a mi hijo a recuperarlo y salió con traumas”, afirma Sonia Sánchez.

La fundación Centro de Rehabilitación Juntos Construimos Sueños se alza en una cuadra residencial del barrio Pinos de Marsella (localidad de Kennedy), en el suroccidente de Bogotá. El balcón blanco salta a la vista, entre las hojas de los árboles que cubren parte de la entrada del sitio donde, según denuncian, ocurrieron terribles torturas y malos tratos a los pacientes, que llegaron allí buscando ayuda con sus adicciones. “Trajimos a mi hijo a recuperarlo y salió con traumas”, afirma Sonia Sánchez.

Si bien, en apariencia, su lucha por proteger a su hijo Santiago, de 28 años, comenzó el 5 de agosto de 2023, cuando Rubén Darío Pérez, jefe de la fundación, lo recogió para llevarlo al centro de rehabilitación, realmente su guerra empezó mucho antes: cuando su hijo probó las drogas en la universidad. No sabe con certeza qué estupefaciente detonó todo y cuál o cuáles siguen manteniendo a su hijo prisionero. Solo sabe “que probó el bazuco”, señala.

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Desde entonces ha buscado la manera de sacar a Santiago de las estadísticas, que indican que al menos 100.000 personas abusan de sustancias en Bogotá y que su localidad, Kennedy, fue la que más atenciones demandó en 2023 por consumo de sustancias psicoactivas, con 3.900 reportes.”Mi hijo no quiere aceptar que tiene un problema y nos vimos en la necesidad de pedir ayuda”, agrega.

Pero ¿cómo llegó a la fundación Centro de Rehabilitación Juntos Construimos Sueños? Una de las hermanas de Santiago coordinó la búsqueda del lugar desde Nueva Zelanda. Encontró por Facebook el lugar, ubicado en la calle 9D n.° 69-35, cerca a la vivienda de la familia, y le pareció propicio para que su hermano se recuperara.

Primeros meses

Las casas de Marsella se caracterizan por ser amplias, tener varios espacios y algunas tienen patio y antejardín. En fotos, “nos pareció un buen sitio”, añade la madre. Confiesa que su hijo no quería ingresar a este sitio. Los problemas de adicción son entendidos también como un problema de salud pública. La familia leyó el contrato por $1′500.000 mensuales y firmó.

A las 3:00 de la tarde del 5 de agosto ingresó Santiago al centro. Lo acordado era que la familia no podía verlo hasta pasados 45 días, como parte del proceso de integración. Pasado este plazo, Sonia dice que no la dejaron verlo: “Nos dijeron que se estaba portando mal y estaba castigado”. Aunque no fue tranquilizador para ella, no vio nada extraño. “Él no quería estar ahí y pensamos que era rebeldía”.

Lo raro fue que después del “castigo” le seguían diciéndole a la madre que no podía ver al hijo. Pasaron tres meses hasta que pudo visitarlo y Santiago le contó a su madre, en presencia de Pérez, que había sufrido maltratos y que él estaba presente para que no contara todo lo que sucedía. En ese momento Sonia se preguntó “¿qué está pasando aquí?”, pero allí no le daban razones para sospechar que algo malo estuviera sucediendo. “Le dije lo que pensé: que me estaba mintiendo, pero aun así quedé inquieta y hablé con Rubén. En esa conversación, él me dijo que lo que sucedía era claro: Santiago quería irse y por eso decía esas cosas”.

Poco después, el joven le entregó una carta escrita a lápiz al papá, cuando fue a visitarlo. Todavía la guardan y empieza así: “Hola, familia, hermana Katalina. Quiero informar que Rubén Pérez me hizo una asfixia mecánica, que me hizo desmayar...” y continúa con la descripción de presuntas agresiones, que van desde golpes hasta romperle la cabeza con palos de aseo, amordazamientos y humillaciones. La misiva despertó más sospechas, pero la madre reconoce que después de leerla no podía dejar de pensar que era un invento. Los intentos de fuga de su hijo y algunos comportamientos reforzaban su idea. “Como todas las familias con problemas, cuestionamos la veracidad de la carta”.

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¿Torturas?

Posterior a la carta, la familia narra que en varias ocasiones les prohibieron ver a Santiago, decisión justificada de nuevo por al “mal comportamiento” del muchacho. Incluso, días antes de fin de año, revocaron el permiso para que pasara esa noche con la familia, como se había pactado. Con la llegada del 2024, las mismas dilaciones para las vivistas y las constantes quejas de Santiago, sus allegados concertaron que era mejor cambiarlo de centro de rehabilitación. “Y lo pensamos, porque si su comportamiento era así de malo, era porque había un choque con las personas del sitio que impedían que avanzara en su tratamiento”.

El 5 de febrero la familia se comunicó con la Fundación para retirar al joven. La respuesta los dejó perplejos: les dijeron que no podían sacarlo por el cambio de mes y los instaron a continuar con el proceso. Sonia llamó a una funcionaria de la Fundación, quien le comentó que ya no trabajaba en el lugar, “por problemas con Rubén”. En ese momento me envió un video y me dijo que nunca estuvo de acuerdo con cómo se llevaban los procesos adentro”, cuenta.

El video al que se refiere detonó toda una suerte de denuncias escabrosas. Las imágenes corresponden a una cámara de seguridad, en la que se observa a un hombre darle patadas a un joven, que parece ser Santiago, quien además estaba amarrado de manos y pies. Así, se recopiló un archivo de denuncias, con imágenes de jóvenes amarrados y grabaciones de maltratos, que dejaron atónita a la familia. No dudaron en contratar a una abogada y denunciar el centro de rehabilitación.

Pasillos

Regina Angarita, abogada especializada en Derechos Humanos fue la encargada de impulsar el proceso. La abogada y también reina de belleza, cuya bandera es la de la protección de la dignidad humana, interpuso el 12 de febrero una tutela buscando alguna acción concreta contra el centro de rehabilitación y el traslado del joven a otro sitio. En el documento denunció delitos como tortura y secuestro extorsivo. Todo lo puso en conocimiento de las autoridades competentes. “La tutela en este caso era completamente procedente ,porque era para evitar un perjuicio irremediable y porque en casos de tortura es de aplicación inmediata”, explicó la profesional en derecho.

Pero el 1.° de marzo se la negaron, al igual que la impugnación de esa decisión. En el fallo de tutela, los jueces expusieron una serie de argumentos en los que decían que no podían imponer la carga del tratamiento de Santiago al Estado, pues este era un deber que le correspondía a quienes ejercen la representación del enfermo. “Acudimos a todas las entidades competentes y denunciamos a los jueces que negaron nuestra tutela, los cuales no tuvieron en consideración nuestras denuncias”, explicó Angarita.

Mientras la abogada denunciaba a los dos jueces y buscaba más respuestas, Santiago estaba traumatizado e impactado por lo que dice que pasó. La madre asegura que sabe que hay padres de otros jóvenes que padecieron conductas inapropiadas en este sitio, pero que “por más que les ofrecieron incluso pagar el abogado, prefirieron no testificar en el proceso”. Sonia se la ha pasado de pasillo en pasillo de entidades preguntando quién responde por sus denuncias.

El centro de rehabilitación se defendió cuando iniciaron los requerimientos para ahondar en la denuncia, “rechazando tajantemente los hechos que se le enrostraron y diciendo que la accionante y su apoderada manipularon las pruebas a su conveniencia. “Ya pusimos la denuncia contra un cuidador, que compartió información acomodándola a su antojo y afectando nuestra imagen y buen nombre. También lo hicimos contra Sonia Sánchez, las hermanas de Santiago Erazo y la abogada Regina”.

Entre tanto, la respuesta de la Secretaría de Salud, fechada el 16 de abril de este año, dice que la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud visitó el establecimiento, encontrando fallas en la prestación de los servicios de la Fundación. “Los hallazgos encontrados en la diligencia y los medios de prueba recopilados permitieron identificar fallas en la prestación de los servicios de salud allí identificados, que ameritaron la aplicación de una medida de seguridad consistente en suspensión temporal y preventiva de servicios de salud”, detalla el documento.

El más reciente oficio de la Secretaría y de la Superintendencia de Salud indica que en mayo se realizará una nueva inspección al lugar. Las autoridades competentes, como la Fiscalía, están analizando todas las pruebas y versiones, para llegar a la verdad de este caso. Son miles las familias que hoy luchan por superar problemas de salud mental de sus parientes, en especial los derivados del consumo y abuso de las drogas. No obstante, casos como este llevan a la sociedad a un momento reflexivo de cómo se debe abordar esta problemática dentro y fuera de los hogares bogotanos, y cómo vigilar a los establecimientos que atienden a este tipo de pacientes, para evitar que un llamado de auxilio termine siendo una tortura.

¿Quién responde por los centros de rehabilitación?

La Subsecretaría de Salud señala que las normas que reglamentan la atención en salud de establecimientos para tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas están en la Resolución 3100 de 2019.

La resolución, que regula la inscripción y habilitación de estos sitios, añade que los documentos para abrir servicios de salud como estos son entregados a la Secretaría de Salud, así como las revisiones anuales de la prestación del servicio.

Por otro lado, la Ley 1566 de 2012 resalta que los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) que incumplan las condiciones de habilitación y auditoria “se harán acreedores a la aplicación de las medidas y sanciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud para tal efecto”.

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