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Miles de indígenas de la comunidad Emberá retornaron la madrugada de este martes a la capital del país. Si bien el anuncio estaba hecho y se esperaba que llegaran alrededor de 2.000 personas, la realidad superó la expectativa, pues se estima que llegaron alrededor de 4.000 personas en más de 60 buses procedentes del departamento de Risaralda.
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La comunidad indígena llegó a Bogotá con el objetivo de establecer un canal de diálogo con el Gobierno Nacional a propósito de la falta de garantías en el marco del retorno que se dio hace unos meses desde Bogotá y, en general por la situación de abandono estatal que afecta al grueso de la comunidad, especialmente a cientos de menores de edad.
Y es que la actual situación del pueblo Emberá que retornó a la ciudad es, por decir lo menos, compleja. Por un lado, señalan que debido a las circunstancias del conflicto armado que se vive en sus territorios, perdieron gran parte de los terrenos en donde históricamente han estado, es decir, que continúan atravesando situaciones de desplazamiento forzado que los aquejan desde hace años.
Por otro lado, otro de los puntos claves del pliego de peticiones que presentarán al Gobierno Nacional, tiene que ver con la preocupante situación de la niñez de la comunidad, pues, aseguran, que desde el 2023 ha muerto más de un centenar de menores de edad por circunstancias relacionadas, en su gran mayoría, por desnutrición. En ese sentido, exigen al Gobierno soluciones inmediatas que protejan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad que no se queden en el corto plazo.
¿En dónde estarán?
En un primer momento, se pensó que la comunidad Emberá retornaría nuevamente a los predios del Parque Nacional, que continúa en labores de restauración tras el último retorno que realizó el pueblo Emberá. Sin embargo, para evitar que se instalaran nuevamente en el Parque, la alcaldía de Bogotá tomó acciones preventivas horas antes del retorno.
“Tomamos algunas medidas para evitar la ocupación del Parque Nacional: cierre temporal de accesos a la Carrera 7ma entre la calle 34 y diagonal 40; tenemos presencia de equipos de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá”, señaló en su cuenta de X el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, pasada la medianoche del lunes 25 de noviembre.
Mantenemos PMU en Parque Nacional. Sobre las 10:45 p.m. aprox. ingresaron a #Bogotá 43 vehículos con cerca de 2 mil personas de la comunidad Emberá.
— Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) November 26, 2024
Tomamos algunas medidas para evitar la ocupación del Parque Nacional: cierre temporal de accesos a la Carrera 7ma entre la calle…
Así las cosas, el grueso de la comunidad Emberá se dirigió a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada muy cerca de la calle 26 y de las instalaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN) en donde pernoctaron, instalaron carpas y cambuches y donde continúan a la espera de que se abra un canal de diálogo en el que puedan poder sobre la mesa sus peticiones ante el Gobierno Nacional y más puntualmente ante el presidente Petro.
En vista de lo anterior, Silva aprovechó para lanzar un dardo al Gobierno, al recordar que en la capital del país hay cerca de 1.700 indígenas de diversas poblaciones y origines, a la espera de una respuesta de la Nación para retornar a sus territorios.
Mientras tanto, centros de acopio como la UPI La Rioja y La Florida, se encuentran a su máxima capacidad, y al hacinamiento de los pueblos ancestrales que allí residen, se está convirtiendo paulatinamente en una problemática de índole social. Organismos de control, como la Personería, han mencionado que los albergues carecen de servicios básicos como el agua y de otra índole.
Aunado a lo anterior, la semana pasada, la ciudad quedó escandalizada luego de que cuatro menores de edad fueran abusados sexualmente al interior de La Rioja, luego de ser abandonados por sus padres. Con base en eso, las autoridades distritales permanecen a la expectativa sobre los motivos detrás de la caravana indígena que llegará a la ciudad y, sobre todo, al tiempo de su permanencia en la ciudad.
El último retorno Emberá
Después de 12 intentos fallidos y 11 meses pernoctando en el Parque Nacional, 325 familias emberá iniciaron este domingo el retorno a sus territorios de origen, mientras otras fueron reubicadas en la capital. Confiando en que el Gobierno Nacional cumpla cada uno de los compromisos, la comunidad espera un comienzo más esperanzador.
Las imágenes de este retorno no son nuevas y tienen eco en el retorno de 2021, año en el que otro grupo de indígenas, que se asentó ocho meses en el parque, regresó a su territorio. Como en aquella ocasión, con compromisos de lado y lado, de nuevo el parque quedó desocupado, pero con la huella de un entorno público, que pasó de ser símbolo liberal a ícono de la fractura y la deuda histórica que tiene el país con los pueblos ancestrales. “Es un día histórico. Será un retorno con garantías dignas”, dijo Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas.
Para romper el patrón de retornos fallidos, esta operación articula a siete entidades como la secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la SAE, el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Educación, entre otras, que se asegurarán de cumplirle a la población. “Los compromisos de la Nación tienen que ver con vivienda, educación, salud, proyectos productivos y agricultura. La Alcaldía de Bogotá se ha comprometido con algunas fases del retorno y con el bienestar del pueblo emberá en su conjunto. Por su parte, esta comunidad también se ha comprometido a mantener el retorno, en llevar a cabo los procesos productivos, ya que la mayoría tienen vocación agrícola. Esto es un restablecimiento de derechos fundamentales”, aclaró Solano.
Entre los compromisos, el Gobierno y el Distrito asumirán transferencias económicas para asegurar la sostenibilidad del retorno. Se realizarán siete giros de hasta $754.000 hasta septiembre de 2025 para las familias que regresan a los territorios, una novedad que posibilitó el acuerdo final. Las transferencias las asumirá la secretaría de Integración Social, para una parte de la población, y otras estarán a cargo de la Nación.
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