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Una multimillonaria sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos y tres multas de la Uaesp. Investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía, la Personería, la CAR y el Distrito. Un extenso laudo arbitral sin resolver, y demandas por incumplimiento en los pagos a proveedores, hacen parte del historial del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), actual operador de Doña Juana. Así como el relleno, la empresa parece estar al límite. Sin embargo, el anuncio de la administración de buscar la ampliación de la vida útil del botadero, pone a la empresa en una posición privilegiada. La cláusula sobre la vigencia del contrato dice que CGR estará hasta el cierre del relleno.(LEA: Doña Juana: en las entrañas de la indiferencia)
Aunque la licencia vence en 2022, la cuenta del Distrito es que con adecuaciones y comprando un terreno, podría operar hasta 2036. Pero si se optimizan algunas zonas y se amplía hacia el sur, sería hasta 2070. Todo esto, según el alcalde Enrique Peñalosa, acompañado del aumento en la tarifa de aseo. De lograrlo, CGR Doña Juana podría apelar a la cláusula del contrato y convertirse en “operador vitalicio”. De paso, aceleraría la negociación que adelanta su socio mayoritario (la brasilera Estre Ambiental) con el grupo francés Suez, dueño de aguas de Barcelona. Los europeos quieren entrar al negocio de las disposición de basuras en Bogotá, que por año le representa a CGR ingresos cercanos a los $36.000 millones. De lograr el aumento de la tarifa, este monto se triplicaría. (LEA: Con reciclaje, en dos años Bogotá podría comprar a Neymar)
Mal historial
La posibilidad de ampliar la vida del relleno, de subir la tarifa de aseo y, de paso, mantener el actual operador no cae bien, si se tiene en cuenta su realidad financiera y jurídica. Jorge Torres (Alianza Verde) cree inaudito pensar en aumentar la tarifa para beneficiar a un operador que lleva siete años incumpliendo sus obligaciones. “CGR ha desmejorado la calidad de vida de quienes viven cerca del relleno; ha contribuido a empeorar las condiciones ambientales de la ciudad, y ha incumplido sus obligaciones de hacer una adecuada disposición de basuras”.
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En el primer semestre, las cifras mostraban un panorama caótico en CGR: endeudamiento del 90 %; cuentas con proveedores que superaba los $22.000 millones y retrasos en el pago de impuestos que alcanzaban los $4.000 millones. En su momento, la Uaesp planteó opciones para lanzarle un salvavidas, como no descontarle el incumplimiento del factor de calidad y hasta desistir de un proceso arbitral, pero ninguna se concretó. Como medida, CGR tuvo que presentar un plan de mejora a la Superintendencia de Servicios Públicos, que le ha servido para mantenerse a flote. “Estaba en condiciones críticas. Estuvo al borde de ser intervenida por la Superintendencia, pero lograron refinanciar sus deudas con los bancos. Pese a esto, la situación sigue siendo delicada”, dijo una fuente del Distrito. (LEA: El drama de vivir a 200 metros de Doña Juana)
Al revisar el historial ante las autoridades, el panorama no es mejor. Desde que le adjudicaron el contrato en 2010 sus competidores (Ecoparque y Gestión Ambiental) denunciaron posible manipulación del proceso. Desde entonces, los pleitos de CGR por varios frentes no han cesado. En materia fiscal, han sido frecuentes las advertencias de la Contraloría, que ha señalado falta de claridad en las cuentas del esquema de aseo; problemas con los lixiviados; incumplimiento en el aprovechamiento de residuos y preocupación frente a la vida útil del relleno. Hace un mes emitió dos fallos de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Uaesp, que tocaron a Doña Juana. Uno, por la incertidumbre del destino de $4.100 millones que debían invertirse en la planta de lixiviados. Otro, por destinar recursos de la tarifa de aseo en obras que debía hacer el operador.
>>> GALERÍA: Así fue el derrumbe registrado hace 20 años
La Superintendencia de Servicios Públicos viene identificando con mayor frecuencia fallas operativas. Desde 2015 abrió un proceso contra CGR por problemas en la prestación del servicio de aseo y en la disposición final, al no cubrir a diario los residuos, y no realizar control de gases. En agosto le impuso una multa al operador por $1.060 millones, al declararlo responsable del derrumbe que se registró en 2015. (LEA: 20 años de una tragedia que no se supera)
La CAR, por su parte, adelanta seis investigaciones por afectación del agua, el suelo y la flora. Mientras que la Uaesp le ha impuesto este año dos multas (que suman casi $200 millones), radicó en mayo una demanda ante la justicia administrativa, y libra un pleito en un tribunal de arbitramento por posibles incumplimientos del contrato. Además, pidió investigar al operador por no adelantar obras de Cantera Eterna (punto de acopio de lodo), restauración paisajística, mantenimiento de coberturas, tomar medidas frente a la calidad del aire y evitar emisiones de material particulado. (LEA: Los pecados del relleno Doña Juana)
Como si fuera poco, ha tenido líos con los proveedores. En medio de la pasada crisis, tres de ellos denunciaron que el operador no les había pagado trabajos realizados en 2015, que sumaban casi $5.000 millones. Al revisar los reportes de los juzgados civiles, se encuentran seis demandas promovidas por Xylem Water Solutions, Deinpro Global, Recomat y Distribuciones y dotaciones Dofer.
Vacíos en el contrato
La opción de que CGR se quede al frente de Doña Juana por muchos años es latente. La puerta la está abriendo la actual administración. Sin embargo, desde la Alcaldía salvan su responsabilidad y aclaran que la necesidad de alargar la vida útil de Doña Juana es por razones técnicas y no por favorecer a CGR. “Ambientalmente es mejor dejarlo allá, porque llueve menos, hay menos vientos, la composición de sus subsuelos son las adecuadas y porque ya está allí y tiene más capacidad. Son razones técnicas”, dice un vocero de la administración.
>>> GALERÍA: Así ha cambiado el relleno Doña Juana en 17 años
Ante la pregunta ¿por qué seguir con un operador tan cuestionado al frente de un servicio vital para la ciudad?, el funcionario tiene su versión: “el contrato se negoció en 2010 en condiciones de crisis y quedó lleno de vacíos, en los que no se previeron este tipo de situaciones. Producto de ese mal contrato y de algunos incumplimientos de la administración, es que el operador ha podido mantenerse, alegando que la culpa de su mal servicio es del Distrito. Hoy, gracias a que el contrato amarró su permanencia a la vida útil del relleno, podría apelar a la cláusula que le permite quedarse muchos años más”. (LEA: 631.000 personas esperan indemnización tras el derrumbe en Doña Juana)
Y agrega: “La realidad es que no podemos buscar y afectar otra zona con un nuevo relleno, solo por librarnos del operador. Lo que debemos hacer, ante esa realidad jurídica, es exigirle más y ser más rigurosos en que cumpla con sus obligaciones. Recuerde que este año ya ha sido sancionado dos veces y con una sanción más quedaría inhabilitado y tendría que ceder el contrato. Además, su permanencia también dependerá mucho de que mejore su situación financiera”. (Vea: Así ha cambiado el relleno Doña Juana en 17 años)
Falta de plata
A pesar de estar en la mira de la opinión pública, los directivos de CGR insisten en que, pese al cúmulo investigaciones y de conflictos, la situación del relleno es más compleja de lo que parece. “Todo esto tiene origen en los inconvenientes que tuvimos con la pasada administración; el cambio de reglas de juego y la falta de pagos a tiempo. Eso retrasó inversiones clave para prestar un buen servicio”, asegura Mauricio Bernal, representante legal de CGR.
El directivo relata que uno de los cambios fue, por ejemplo, el del porcentaje de dinero retenido por la Uaesp para los trabajos que se deben hacer una vez se clausure el relleno. El contrato hablaba de una retención del 6,3 % y la pasada administración lo subió al 10 %, lo que disminuyó el flujo de caja en $1.000 millones. Además, no les pagaron actividades de aprovechamiento (casi $1.400 millones), ni 350.000 toneladas de residuos mixtos por $6.000 millones. A esto se sumó el lío con la planta de lixiviados, que es uno de sus mayores incumplimientos ambientales. El operador siempre ha insistido en que al recibirla en 2010 se la entregaron con problemas que les quieren atribuir.
“Al comienzo la tarifa era suficiente para garantizar la operación. Pero por los problemas con la planta de lixiviados empezamos a tener un hueco y a partir de 2013 empezamos a tener déficit. A pesar de que solicitamos ayuda a la Uaesp para pedir el reajuste de tarifa ante la CRA, la pasada administración no nos apoyó. Luego vinieron los incumplimientos del Distrito. Nos tocó endeudarnos con los bancos y luego con los proveedores. Todo eso nos llevó a la actual situación. Con el cambio de administración todo dio un vuelco y nos han ayudado. Nos pagaron lo que nos debían, nos liberaron los recursos retenidos y con eso logramos solventar un poco la crisis. El panorama negro es cada vez menos negro”, señala Bernal.
Eso sí, insiste en que la única salida a todo este caos es que les paguen más por la disposición de residuos. Recientemente radicaron ante la Comisión Reguladora de Aseo (CRA) un reajuste de tarifa que justificaron en tres puntos: la necesidad de construir la planta de lixiviados; reducir el desequilibrio de los costos operacionales y la necesidad de recursos para la reubicación de algunos pobladores. La propuesta contempla un aumento para los estratos 1, 2 y 3 hasta del 23 % y para los estratos 4, 5 y 6 hasta el 27 %. Actualmente les pagan $18.000 por la disposición de cada tonelada de basura. Ellos esperan que les suban esta tarifa a $48.000. A pesar de que parece elevado el cambio, Bernal aclara que los usuarios no sentirán un gran impacto, porque para una familia de estrato tres no serían más de $1.000 mensuales.
“Nosotros no tenemos problemas técnicos ni de experiencia. Nuestra crisis es por falta de plata. Si nos aumentan la tarifa, podemos adelantar las mejoras y atender este relleno con una mano amarrada. Es más, le dije al alcalde Peñalosa que después del aumento nos evaluara en tres meses y si encuentra la misma situación, que nos liquidara el contrato. Ese fue el compromiso”. ¿Y la cláusula del contrato? “Claro que vamos a hacer uso de esa opción. Aunque todo depende de si lo amplían y suben la tarifa. De lo contrario, no tendríamos cómo seguir operando un negocio que deja $800 millones de pérdidas mensuales”, concluyó Bernal.
Por ahora, Doña Juana y el operador tienen fecha de vencimiento: 2022. Serán cinco años en los que la ciudad tendrá que resolver las controversias y definir qué hacer con la basura que produce Bogotá, en medio de los reclamos por acciones claras. Mientras tanto, las comunidades asentadas en las inmediaciones del lugar seguirán padeciendo los líos en la operación de un relleno en el que todo parece estarse haciendo mal.
