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Esta mañana la administración de Claudia López anunció que interpondrá una denuncia penal contra el operador del relleno Doña Juana, el Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A. (CGR), por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.
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Horas después, el operador respondió ante estos señalamientos, indicando a través de un comunicado que “acudirá a las instancias judiciales pertinentes para ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas correspondientes, pero se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales que a bien tenga para defender su derecho al buen nombre y a la honra”
Vale recordar que, en una rueda de prensa, la alcaldesa Claudia López indico que el operador se ha “embolsillado” $163 mil millones de la tarifa de aseo de los capitalinos, al incumplir su obligación de la construcción de la planta de lixiviados en el relleno sanitario e incumpliendo cerca del 50 % de los estándares del tratamiento de este contaminante, desprendido por los residuos sólidos.
Aquí la Alcaldía de Bogotá aboga que el operador ha incumplido varias cláusulas del contrato de Concesión 344 de 2010 firmado entre la UAESP y CGR, donde este último estaba obligado a la construcción y entrada en operación de un “Sistema de Tratamiento de Lixiviados después de cuatro meses de la suscripción del Acta de Inicio. En ese sentido, el Distrito señala que el CGR ha incumplido con esta obligación por más de 12 años.
Al frente de las acciones judiciales del Distrito, estará la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que en distintos informes ha señalado que el concesionario solo ha cumplido 34 parámetros de calidad de vertimiento (61,8%) de los 55 parámetros de control indicados por las normativas ambientales.
“Estamos siendo víctimas de corrupción y abuso. Le estamos pagando al operador las tarifas de aseo, que son bastante altas, por cuatro años, para que construyan una planta de tratamiento de lixiviados y evitar que estos lleguen al río Bogotá y lo contaminen”, aseguró la alcaldesa de Bogotá.
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Ante esto, CGR hizo una invitación al Distrito a revisar conjuntamente los avances relacionados en el tratamiento de lixiviados hasta la fecha, donde señalan han cumplido con sus obligaciones. Además, invitó a los entes de control para que verifiquen los avances en el relleno sanitario.
Por su parte, el operador del relleno Doña Juana no se pronunció a profundidad sobre los señalamientos de fraude procesal, y sobre la presunta entrega información falsa ante estrados judiciales durante audiencias públicas.
Respuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá
Además de los señalamientos contra CGR, la Alcaldía de Bogotá pidió al presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, asegurar la imparcialidad de los árbitros en los tribunales de arbitramento, que por un proceso anterior que ha impedido a la Alcaldía sancionar al CGR.
Frente a esto la CCB indicó que “no participó en la designación de árbitros de este tribunal de arbitraje. La designación de árbitros se radicó el 5 de diciembre de 2019 de mutuo acuerdo entre las partes: la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y CRG - Centro de Gerenciamiento de Residuos.”
Además, señaló que sus funciones están limitadas a revisar la idoneidad de las personas que integran las listas de árbitros, y velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas en los tribunales de arbitramento.
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