Choque entre Secretaría de la Mujer y excontratista por presunto caso de presión laboral

Choque entre Secretaría de la Mujer y excontratista por presunto caso de presión laboral.

Foto: Pixabay - Pixabay

Desde su cuenta oficial de Twitter la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto -representante del partido Unión Patriótica y el Pacto Histórico-; compartió el testimonio de Lorena López, quien afirma haber sido contratista de la Secretaría Distrital de la Mujer.

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En su pronunciamiento, la exfuncionaria de esta cartera afirmó que tuvo que renunciar por el “abuso y la presión laboral” a la que fue sometida mientras se desempeñaba como abogada en Agencia MUJ, estrategia de recepción y gestión de incidentes relacionados con las violencias contra las mujeres en Bogotá.

“Mis horarios no eran los mismos que una contratista cualquiera. Cumplía los tiempos de alguien con contrato laboral y no de prestación de servicios (como el que tenía). Entré en una crisis de salud física y mental debido al estrés y se hizo de hecho una reunión dudando de lo que me había sucedido”, asevera López en el video.

Agregando además que “la presión que ejercían sobre mí y en mis compañeras no era justa, más en un ambiente laboral “de cuidado”, en donde se supone que se debería (...) velar por cuidar a las mujeres. Yo trabajaba con quienes sufrían cualquier tipo de violencia en Bogotá, bien fuera física, sexual, emocional, económica; y mis compañeras y yo fuimos violentadas psicológicamente en este espacio”.

Esta denuncia pública desató todo tipo de comentarios de internautas en la red social, quienes cuestionaron el ambiente laboral en la Secretaría que implementa el Sistema Distrital de Cuidado en la ciudad, apuesta insignia de la actual alcaldesa Claudia López.

Cabe señalar que la excontratista afirma que no se respetó el luto que tuvo que afrontar por la muerte de su abuela.

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Si bien desde dicha cartera no se pronunciaron concretamente sobre el caso, sí compartieron la contestación que le dieron a la concejal Sánchez, en torno a la operatividad de la estrategia y el número de profesionales vinculados.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, se tienen en total a 36 personas adscritas a esta campaña, quienes están divididas en tres equipos de trabajo como lo son coordinación y supervisión, móvil territorial y grupo de apoyo en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo –C4–.

“Las contratistas establecen cada mes los tiempos y disponibilidad para cumplir con sus obligaciones contractuales y a partir de ello se definen y socializan los cronogramas de los ciclos para garantizar la prestación del servicio”, respondieron desde la Secretaría al preguntar el procedimiento para cambio de turnos por atención de emergencias.

Aspecto en el que la concejal contestó vía Twitter que “no es cierto lo que se formula en la respuesta. La entidad plantea que estos son acordados y con libertad de escogerse, cuando, por el contrario; deben tener “disponibilidad” permanente, acogiéndose incluso a un procedimiento determinado para pedir permisos.”, conclusión a la que al parecer llega tras conocer casos similares al hablar de “denuncias” en plural.

“Es de destacar que todo lo anterior violenta los principios mínimos fundamentales de las y los trabajadores, el espíritu de lo que debe ser el uso de una orden por prestación de servicios y además desconoce abiertamente la Política Pública de Trabajo Decente y Digno”, publicó la representante del Pacto histórico en redes, invitando a la administración distrital a “materializar su consigna de “Bogotá Cuidadora” empezando con sus propias trabajadoras”.

Vale recordar que el cuestionamiento de los modelos de contratación y desempeño de terceros con la Alcaldía Mayor de Bogotá no solo se ha adelantado en esta cartera. En días anteriores, la también concejal Lucía Bastidas, del partido Alianza Verde, compartió algunas denuncias que -según ella- empleados en esta modalidad de la Secretaría de Integración Social le hicieron llegar. Entre las irregularidades se habla de abandonados de parte de la entidad, la no renovación de los contratos e incluso la reducción hasta del 50 % de los ingresos.

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