Ciberacoso en entornos escolares, otro delito víctima de la saturación de la justicia

Recientemente la Procuraduría alertó la creciente incidencia de casos de violencia y abuso sexual contra menores de edad en instituciones públicas del país, cometidos en su propio entorno escolar, ya sea por otros estudiantes, maestros o personas que, de alguna manera, están vinculadas a las instituciones educativas.

Recientemente la Procuraduría alertó la creciente incidencia de casos de violencia y abuso sexual contra menores de edad en instituciones públicas del país, cometidos en su propio entorno escolar, ya sea por otros estudiantes, maestros o personas que, de alguna manera, están vinculadas a las instituciones educativas.

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Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, precisó que el ente de control empezará a efectuar visitas para indagar y conocer de primera mano las situaciones de violencia física y sexual que sufren menores de edad en entornos educativos.

El eje central de la intervención será verificar cómo se activan los protocolos establecidos para este tipo de agresiones y si cumplen con el abordaje en los sectores de salud, protección y justicia. “La responsabilidad en las instituciones es de los órganos de gobierno y vemos con preocupación que hay mucha laxitud en el manejo de esa obligación. Existen los manuales de comportamiento y las reglas para proteger esos derechos, pero no se cumplen”, indicó la procuradora.

Una de las modalidades de acoso más crecientes y sobre la que el ente de control llama fuertemente la atención es el ‘grooming’, término inglés que designa el acoso sexual hacia menores de edad, por parte de adultos, que buscan establecer una relación de confianza a través de medios informáticos, como plataformas de chat, juegos en línea, correos electrónicos y redes sociales, con el fin de instaurar una relación que persigue intereses de carácter sexual.

Por lo general, quienes buscan establecer contacto con menores lo hacen a través de perfiles falsos en redes sociales, por medio de los cuales se ganan su confianza, para obtener material sexual gráfico o conversaciones íntimas. En estos casos, la víctima suele ser expuesta a través de la difusión abusiva de contenido sexual, que termina provocando graves consecuencias de carácter emocional, físico y social. Las repercusiones resultan tan graves que, incluso, han llevado a varias víctimas a lidiar con ideaciones suicidas.

La situación se complejiza si se tiene en cuenta que las especificidades de esos delitos no están delimitadas, razón por la cual la Procuraduría realizó un llamado a los operadores judiciales para “que se establezcan de forma precisa los delitos, asignando el nombre correcto a lo que realmente sucedió, con el fin de visibilizar la violencia y la discriminación, enviando un mensaje contundente a la sociedad, a la víctima y al agresor”, según se lee en el comunicado emitido que da cuenta de la alerta emitida por el ente de control.

Bogotá

Un caso que ilustra la situación ocurrió a inicios del mes de marzo, en el sur de la ciudad, puntualmente en la localidad de Bosa. El padre de un menor de 11 años descubrió que su hijo pasaba más tiempo de lo normal en el celular, razón por la cual indagó en los chats que el menor sostenía. Una de las conversaciones, con un supuesto compañero del colegio llamó su atención y descubrió que se trataba de una persona que le decía que se sentía enamorado de su hijo y que, además, le enviaba contenido sexual explícito.

El hombre decidió confrontar al pedófilo y a través de las conversaciones que sostenía con su hijo citó al pedófilo. Resultó que se trataba de un hombre, de 45 años, que fue capturado. El sujeto tenía en su celular seis conversaciones más con menores de edad. De acuerdo con las autoridades, con corte en septiembre del año pasado, 214 personas fueron capturadas en el país por explotación sexual en internet y delitos cibernéticos.

Las cifras denotan la crisis. De acuerdo con el sistema de alertas de secretaría de Educación, solamente en agosto de 2023, se reportaron 3.408 presuntos casos de abuso y violencias en entornos escolares de la ciudad, cifra que reflejó un aumento frente a las cifras del mismo periodo del año anterior en un 14%, es decir, en 431 casos. De los 3.408 casos, el 54% (1.831) fueron contra mujeres y 46% (1.577) contra hombres.

Además, durante agosto, 951 de los casos estuvieron relacionados con violencia sexual. Este tipo de violencia tuvo como principales víctimas a mujeres menores de 14 años, cuyos agresores principales fueron menores de 14 años. Las cinco localidades con más casos de abuso y violencias fueron:

• Ciudad Bolívar: 403 casos en 2023 frente a 286 en 2022
• Kennedy: 371 casos en 2023 frente a 392 en 2022
• Suba: 355 casos en 2023 frente a 297 en 2022
• Bosa: 352 casos en 2023 frente a 302 en 2022
• Engativá: 337 frente en 2023 frente a 221 en 2022.

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“Es importante señalar que el ciberacoso se tipifica de dos formas. Por un lado, tenemos el ciberacoso que está más conectado con la intimidación escolar y agresiones, que se dan por medio de plataformas tecnológicas, como casos de bullying e insultos, que pasan a considerarse delitos cuando trascienden a la esfera pública.

Por otro lado, tenemos el ciberacoso de tipo sexual, que se da cuando los niños o niñas reciben un hostigamiento sistemático y repetido que tiene como como digamos como componente de agresión y de violencia una actividad sexual o un intercambio o sexual, delito altamente relacionado con el ‘grooming’”, indicó, en diálogo con El Espectador, Viviana Quintero, Psicóloga experta en protección a la niñez en línea,

En Bogotá, los casos de ciberacoso se empezaron a presentar prácticamente desde la aparición de internet, desde el año 2008, aproximadamente. Y sufrieron un punto de inflexión importante en el periodo de pandemia, debido a que el confinamiento obligó a que la manera de interacción fuera necesariamente a través de entornos digitales.

Ante esta problemática, la Oficina para la Convivencia Escolar OCE implementó un equipo interdisciplinario de profesionales que desarrollan acciones y procesos para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones y violencias que afecten a niñas, niños a y adolescentes de las comunidades educativas de la ciudad. Los equipos son:

Gestión del conocimiento

Realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de las situaciones reportadas a través del Sistema de Alertas con el fin de brindar un panorama a nivel local de las principales situaciones de presunta vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los y las estudiantes de Bogotá. Igualmente, construye material de divulgación para compartir con la comunidad educativa y las entidades garantes de derechos. De esta forma contribuye a la toma de decisiones y al direccionamiento de las acciones focalizadas por parte de los equipos territoriales y especializados

Equipo territorial (unidades móviles)

Acompaña y aborda situaciones críticas y de presunta vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes que desbordan la capacidad de respuesta de las instituciones educativas en las veinte localidades de Bogotá.

Equipo territorial en entornos educativos

Brinda acompañamiento y seguimiento a situaciones críticas en los entornos educativos, tales como: riñas, tomas, plantones y movilizaciones, promoviendo la articulación y gestión interinstitucional. Además, este equipo desempeña un papel fundamental en la identificación de factores de riesgo en los colegios de Bogotá, para ello adelanta un mapeo trimestral que abarca seis categorías y 22 variables de factores de riesgo en los entornos educativos

Equipos especializados

Implementan acciones de promoción y prevención en las instituciones educativas y acompañan el abordaje integral a casos de presunta vulneración de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes, específicamente en:

• Violencias basadas de género y violencia sexual

• Hostigamiento escolar

• Salud mental: prevención de la conducta suicida y del consumo de sustancias psicoactivas

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad el año pasado lanzó la estrategia ‘Alerta en línea’, que plantea una alianza con el sector privado para enfrentar de manera más decisiva los casos de acoso y grooming.

Por medio de la estrategia, la cartera de seguridad, en alianza con la Secretaría de Educación y la empresa de telefonía móvil WOM, busca establecer un componente preventivo a través de charlas informativas y videos educativos para prevenir situaciones que puedan afectar física o emocionalmente a niños, niñas y adolescentes. Para ello cuentan con una Mesa de Expertos Contra el Cibercrimen, liderada por la Secretaría de Seguridad, la cual, desde la implementación de la estrategia, en septiembre de 2023, realizó 57 intervenciones en la ciudad y logró impactar a casi 2.000 estudiantes.

Para denunciar un delito informático a través de ‘Alerta en Línea’, se debe ingresar a la plataforma de denuncias de la policía, a través de este enlace, También pueden recibir asesoría personalizada de un experto por medio del CAI virtual al cual puede acceder por este enlace.

El cuello de Botella

Con la emisión de la Directiva 01 del Ministerio de Educación emitida en marzo de 2022 cuyo objetivo es dar “orientaciones para la prevención de violencia sexual en entornos escolares”, las instituciones educativas empezaron a desarrollar sus protocolos internos para atender este tipo de delitos. “Esa directiva decía, entre otras cosas, que los casos de en los que había violencia sexual las autoridades educativas debían reportar los hechos a las autoridades y al sistema de alertas de la Secretaría de Educación, al ICBF, la Fiscalía y hacer derivaciones en salud para los niños”, señala Quintero.

Esa primera etapa de abordaje institucional que se da en los colegios, tras la emisión de la Directiva se robusteció y mejoró el componente preventivo y los protocolos hasta ese momento existentes de manera notable. El lío con los protocolos aparece cuando empiezan a intervenir las entidades.

“Lo que hemos encontrado de manera recurrente con las instituciones educativas es que el proceso interno, generalmente, se lleva a cabo de manera satisfactoria y se hace la remisión de la información a las diferentes entidades, pero una vez los casos llegan a las entidades empiezan a tener frenos y dificultades en la manera en que se procesan, especialmente en el sector Justicia, en la Fiscalía y en el ICBF. Parte de lo que encontramos es que los tiempos de respuesta no son estandarizados, son tiempos que, dependiendo del caso, pueden ser rápidos o llegar a tardarse incluso meses, en el caso de la Fiscalía y el ICBF. El problema se agranda si tenemos en cuenta que en muchos casos los colegios no pueden hacer mayor seguimiento porque se trata de una información sensible que involucra a menores de edad que solamente puede ser conocida por sus familias”, señala Quintero, quien además es consultora externa de Aulas en Paz, programa de la Universidad de los Andes que trabaja en la prevención de violencias en entornos escolares.

“En ese tipo de situaciones hemos estado en escenarios donde la Procuraduría dice que van a revisar más, que van a estar poniendo el ojo en esas situaciones particulares pero realmente el cuello de botella está mucho más en el orden de las entidades encargadas de la protección de los niños, como comisarías de familias, el ICBF y las entidades encargadas de impartir justicia, pues se encuentran sobrecargadas y saturadas de casos y no cuentan con la capacidad humana para dar respuesta a todos los casos que se viene presentando. Esto se puede ver fácilmente: para enero de 2023, del 100% de los casos denunciados, solamente 7% llegaron a procesarse, y el 93% restante se encontraba en espera de empezar el proceso. Ese es el problema central, la administración de justicia que conlleva a otras consecuencias como la percepción de impunidad”, señala.

Prevención es clave

Un vector de riesgo importante que en los últimos años ha sido normalizado por su masividad, es el uso del celular desde edades tempranas. El hecho de que cada vez más niños tengan teléfonos con acceso a internet y redes sociales no minimiza el riesgo, en ese sentido, la formación extraacadémica es fundamental. Para Quintero, algunas acciones fundamentales en prevención tienen que ver con:

• Robustecer la educación para la ciudadanía digital, para padres, profesores y en general, encargados de velar por menores en entornos escolares.
• La evidencia científica indica que el uso de dispositivos digitales a temprana edad es desaconsejable pues, aumentan el riesgo de exposición a violencias y pueden incluso afectar áreas del desarrollo de los niños y del bienestar que resultan fundamentales para su crecimiento.
• Implementar los controles parentales tanto en el hogar como en las instituciones.
• Retrasar las edades de uso de estos dispositivos. Los niños, niñas y adolescentes pueden aprender a utilizar estos dispositivos incluso si se les entregan después de los 12 0 14 años.
• Es una realidad que hay niños que antes de esta edad tienen acceso a dispositivos tecnológicos,
• Es importante la formación para padres. Es importante que sepan cómo poner límites con la tecnología y cómo tener esa conversación con los hijos.
• Informar a las familias sobre los protocolos para que sepan cómo actuar. Muchas veces la familia intenta atender internamente una situación de este tipo sin acudir al entorno escolar. Generar las alianzas entre familia y colegio para crear entornos más protectores es un elemento que puede robustecer los sistemas de alerta y protocolo.

No obstante, el principal problema a resolver tiene que ver con la sobrecarga de procesos y casos que saturan el sistema judicial y exceden las capacidades de los funcionarios, hecho que continúa siendo, como pasa en la gran mayoría de procesos judiciales de cualquier índole, la causa fundamental de los retrasos, los vacíos en los procesos, la percepción de que la justicia no es para todos igual e incluso, como se ha visto, de impunidad.

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