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Cuando la polémica por los planes del Distrito con la Reserva Thomas Van der Hammen parece en el congelador, el alcalde Enrique Peñalosa casó una nueva pelea con los ambientalistas. Esta vez, por un decreto con el que modificó la política de humedales expedida en 2007 y dejó sin piso jurídico el artículo que prohibía la construcción de obras duras como ciclorrutas, senderos para bicicletas o peatonales en estos espacios. La modificación, criticada por los ecologistas, tiene un objetivo claro: tener vía libre para adelantar parques lineales en estas reservas, que planteó en su Plan de Desarrollo.
Para tomar la decisión la administración no tuvo que exponer un estudio de conveniencia o de impacto ambiental. Una inconsistencia en el concepto como “recreación pasiva”, que descubrieron a lo largo de una maraña de leyes, decretos y convenios, le abrió la puerta al alcalde y al secretario de Ambiente, Francisco Cruz Prada, para modificar de forma rápida la Política de Humedales (decreto 565 del 20 de octubre) y tener luz verde para poder construir infraestructura en los humedales.
Según el nuevo decreto, la prohibición de adelantar obras en estas reservas estuvo en contravía de los conceptos incluidos en el decreto que corrigió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2004, el cual está vigente. Por esta razón, el Distrito señaló que “las modificaciones a la Política de Humedales atienden a criterios jurídicos de ponderación normativa, según la cual el POT es norma superior y sus criterios deben ser acogidos por los demás instrumentos normativos”, explica el Distrito en su decisión.
La historia
La historia detrás de esta nueva regla, que enfrenta al Distrito con los ambientalistas, es la siguiente. Desde finales de los años 90 el país firmó una serie de convenios internacionales, en los que se comprometió a proteger los humedales. Atendiendo esos convenios y la necesidad de cuidarlos, a través del decreto 624, el alcalde Luis Eduardo Garzón creó En 2007 la política para conservar los humedales, a los que definió como “Red de Áreas Protegidas, constituida por ecosistemas valor ecológico, que son patrimonio natural y cultural colectivo para la ciudad”.
Para garantizar su protección, fijó unas líneas de trabajo y órdenes, para blindar de cualquier amenaza estas reservas. Entre las directrices estableció que, con apoyo de organizaciones sociales, el Distrito vigilaría que el proceso de recuperación se adecuara a criterios de conservación y con actividades de bajo impacto ecológico, con lo que quedaba prohibido construir obras duras como ciclorrutas, alamedas, plazoletas y adoquinados.
Dentro de las actividades permitidas en los humedales, la política incluyó la recreación pasiva, la cual definió como acciones para promover el ejercicio, el disfrute escénico y la salud “a través de equipamientos mínimos, de muy bajo impacto ambiental, como senderos, miradores, observatorios de avifauna y mobiliario de actividades contemplativas”. Es decir, ratificaba la prohibición de adelantar obras en las zonas de protección.
Obstáculo
Con la llega de Peñalosa por segunda vez a la Alcaldía, como parte de su programa de recuperación y manejo de la estructura ecológica principal, incluyó en el Plan de Desarrollo la propuesta de construir una serie de parques lineales en los humedales, para que la gente los pudiera disfrutar.
Sin embargo, la política expedida por el exalcalde Garzón se convertía en un impedimento que “limitaba el cumplimiento de las metas de la administración, al prohibir obras urbanísticas duras tales como ciclo rutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados”, explicó el Distrito.
Para continuar adelante con sus planes era necesario quitar ese artículo, lo que implicaba un largo trámite. Sin embargo, al revisar la definición de “recreación pasiva” y todas las normas que lo definían, como el Plan de Ordenamiento Territorial, la administración encontró una inconsistencia, que se convirtió en una puerta abierta, suficiente, para justificar el cambio de la Política, que abre la posibilidad de hacer algunas obras en las reservas.
El equipo jurídico de la alcaldía descubrió que el concepto de “recreación pasiva”, que incluyó la Política de Humedales, se tomó del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) expedido en el año 2000, pero no tuvo en cuenta dicho concepto fue modificado en la corrección del POT en 2004 y lo amplió a una serie de actividades “para las cuales se requieren equipamientos de mínimo impacto ambiental y paisajístico, tales como senderos para bicicletas, peatonales, miradores y mobiliario propio de actividades contemplativas”.
Es decir, el POT vigente sí contempla la posibilidad de construir infraestructuras en los humedales para actividades específicas como caminar o montar en bicicleta. Y al estar vigente el POT de 2004, norma que es superior a cualquier otro decreto Distrital, la prohibición fijada en 2007 se quedó sin sustento.
La Política de Humedales “alteró las definiciones primarias y usos establecidos para los Parques Ecológicos Distritales, eliminando la opción de desarrollar obras urbanísticas, siendo uno de los pilares para el desarrollo y la protección efectiva de estas áreas de alto valor ecosistémico para la ciudad y la región”, explicó la administración.
Por esta razón, agrega el Decreto, “la política contraviene normas superiores y vigentes para la fecha en que se adoptó ese decreto. Por lo tanto, como el POT contempla la recreación pasiva como uso compatible con los humedales, es necesario modificar la política para que guarde coherencia con las normas de superior jerarquía”.
A pesar de la justificación de la administración, los defensores de los humedales están inconformes y ya cuestionan la decisión del alcalde Peñalosa. Incluso, señalan que fue él quien pavimentó una parte del humedal Juan Amarillo. Con escasos días de publicado, el decreto que modifica la política de humedales ya empieza a generar polémica.
