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Si para usted el término “ciudad inteligente” suena a lo que muestran las caricaturas y películas de ciencia ficción, con autos voladores, robots asistentes, personas con chips implantados y drones congestionando los aires, se sorprendería al saber que, según los expertos, una urbe puede tener todas estas tecnologías y no ser inteligente.
El consenso que maneja la mayoría de conocedores es que una smart city es aquella que cuenta con unos objetivos claros en pro de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y utiliza la tecnología (de una forma ética y transparente) para alcanzarlos. No es tener millones de sensores regados en la ciudad para ver qué información recopila. Es identificar un problema o necesidad y valerse de los avances tecnológicos para resolverlos.
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Un ejemplo de esto puede ser la instalación de semáforos capaces de reconocer qué vía de la intersección se encuentra más congestionada, para así darle prioridad y mitigar los trancones. O que una urbe sea capaz de digitalizar todos sus trámites y hacerlos menos engorrosos. La verdad es que el espectro de aplicación es muy amplio y prácticamente todo está por inventar.
Puntualmente en Bogotá, la administración de Claudia López ha intentado avanzar en el desarrollo de una ciudad inteligente mediante la Agencia de Analítica de Datos del Distrito (Ágata), la cual, en conjunto con la academia y las entidades públicas y privadas, busca recopilar una significativa cantidad de datos para analizarlos y extraer información, que permita una mejora en la toma de decisiones.
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En entrevista con El Espectador, la gerente de Ágata, Sandra Borda Ferro, explicó que esta agencia continúa en su proceso de estructuración, habiendo ya alcanzado la vinculación del 80 % de su fuerza laboral y avanzando en los diálogos con esa red de relaciones que necesitará para su funcionamiento. Así las cosas, se espera que en los próximos meses comience a arrojar sus primeros análisis.
“Nos sigue haciendo falta movilizar a las entidades públicas y a las personas para que vean este sueño realizable, porque lo es. Cada vez es más relevante y necesario utilizar los datos y la tecnología para tener entidades y gobiernos más ágiles, más transparentes e incluyentes”, detalla.
Con Ágata, como plataforma de despegue de ciudad inteligente, parece ser cuestión de tiempo para que la ciudad escale sus primeros peldaños en esta materia. Sin embargo, para expertas como Alicia Asín, quien es la cofundadora de Libelium (empresa española dedicada al diseño y la fabricación de sensores inalámbricos para ciudades inteligentes), hay varios aspectos a tener en cuenta, si se quiere que la capital no cometa errores significativos en medio de este proceso.
El primer paso que, considera, debería dar Bogotá es el de ganarse la confianza de la ciudadanía en esta materia, pues el no haberlo hecho ha sido la causa por la que muchos programas y tecnologías gubernamentales han fracasado en el mundo. Un ejemplo de esto es la estrategia con la que se buscó hacer un rastreo de los contagios por COVID-19 usando los datos aportados por la ciudadanía, mismo que replicaron diversas naciones de manera infructuosa, debido a una baja participación por culpa de la desconfianza.
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Parte de la solución a este problema es acostumbrar a los ciudadanos a hablar de datos. “Los gobiernos deben compartir de forma masiva los datos que se están produciendo y las medidas que se están tomando para mejorar todos esos indicadores. Esto con datos que no sean personales o sensibles, para que así se dé el mensaje de que no se busca un mayor control -entendiendo el temor de muchos de que su privacidad se vea vulnerada-, sino una mayor transparencia”, explica.
Otro de los grandes preámbulos que, según Asín, necesita una ciudad como Bogotá es la conformación de comités de ética, que velen por el respeto de los derechos de la ciudadanía y la adecuada instalación de tecnologías, que se consideren necesaria. “Esos espacios de debate hacen mucha falta, porque es allí donde se cruza el diálogo sobre la tecnología (que es la posibilidad), la regulación (que es la permisibilidad) y la ética (que es lo que de verdad queremos que suceda)”.
Para la gerente de Ágata, este último punto es sumamente importante y asegura que la agencia implementará unas políticas e infraestructuras que permitan la garantía de los derechos de la ciudadanía. “Tendremos controles de acceso que limitan la visualización de información considerada como datos personales, así como el cifrado de la misma en medio de su tránsito y reposo (protegiéndola de los cibercriminales), además de despersonalizar mediante técnicas de disociación y anonimización, entre otras”.
Para otras expertas, como Martha Moreno, presidenta de Certicámara, una de las apuestas claves que tendrá que hacer Bogotá en su camino a convertirse en una smart city es incluir a la ciudadanía, empresas y demás actores sociales en este proceso, pues como argumenta, “no puede haber una ciudad inteligente si sus ciudadanos no son inteligentes”.
En ese aspecto, desde su organización, asegura aportar para que las empresas se suban al bus de la adopción digital, implementando mecanismos de validación de identidad y certificación que hacen posible, por ejemplo, que una persona pueda firmar un contrato o hacer cualquier otro trámite desde su casa.
Hasta el momento no existe una ciudad en el mundo que se gane ese calificativo de inteligente. Se espera que ese boom comience en los próximos tres o cinco años, gracias al impulso que ha dado la pandemia. Según estas expertas, Bogotá tiene un gran potencial para destacarse en esta materia, siempre y cuando su plan respete la premisa de que ciudad inteligente es aquella que identifica problemas y emplea tecnologías éticas y transparentes para solucionarlos.