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La expedición de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto es un hecho en Bogotá. La alcaldesa Claudia López firmó, tal y como se tenía previsto, el documento que no alcanzó a ser discutido en el Concejo de Bogotá, dentro de los 90 días que tenía de plazo para hacerlo.
Las demoras para tomar la decisión se debieron a que el Distrito estaba buscando los recursos legales para poder aprobar el texto que se alcanzó a conciliar con dos de los tres concejales ponentes en el cabildo, pero al final se tomó la determinación de aprobar el texto inicial que se entregó al Concejo y junto a él se expedirán una serie de decretos para cumplir algunos de los acuerdos que se hicieron en estos últimos tres meses del año.
“Al fin después de tres intentos y 10 años Bogotá tiene un nuevo POT”, dijo la mandataria en medio de la firma del decreto en la que estuvo acompañada por la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo. Además de hacer un recuento de los intentos fallidos de las anteriores administraciones para aprobar sus proyectos POT y de justificar la razón por la que aprobó el documento por decreto, indicó que “el POT puede y debe pagar la deuda ambiental, la deuda social y darle a Bogotá la ciudad verde, justa, equitativa y resiliente, que necesitan ocho millones de personas que bien aquí”.
La decisión no ha sido bien acogida por parte de los gremios que se ven afectados por la expedición del nuevo documento. Desde el concejo Samir Abisambra, presidente del cabildo reiteró que la corporación estaba a la disposición para volver a tramitarlo. “Le seguimos insistiendo a la alcaldesa que lo presente. No está bien que ese POT radicado por la administración y que ellos mismos han reconocido la cantidad de errores, después se apalanque en una cantidad de decretos para ajustarlo”.
Por su parte, Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca cree que es un muy mal mensaje de liderazgo que da la mandataria. “Es todo lo contrario a lo que ha pregonado en su vida política. La decisión la toma contra todo el mundo, porque no es solo Camacol, sino muchos sectores económicos, políticos, académicos y los mismos barrios diciéndole que no lo apruebe por decreto. Las consecuencias van a ser nefastas para el gremio constructor, no desde el 2022 sino desde el 2023″.
Desde el otro lado, el concejal Julián Rodríguez Sastoque (Aliana Verde) señala que la decisión no es una sorpresa dado que era la única alternativa legal con la que la alcaldesa contaba. “Hay que ser consciente del escenario político y de que sería ingenio pensar que volviéndolo a presentar en jornada electoral, no volvería a pasar lo mismo”.
El POT es un instrumento territorial que define cómo y dónde crecerá la ciudad en los próximos 12 años. El plan de ordenamiento territorial vigente de Bogotá fue expedido en 2004 y aunque los últimos dos alcaldes han intentado formular nuevos proyectos, ambos fueron negados en el Concejo de Bogotá.
Lo que ocurrió con el proyecto de Claudia López en el Concejo es que no llegó a ser discutido por una serie de impedimentos y recusaciones que se radicaron en contra de los concejales, que por ley deben ser resueltos antes de continuar la discusión y que terminaron dilatando no solo la votación del articulado del POT sino además el presupuesto de la ciudad para el próximo año.
El proyecto POT de la alcaldesa Claudia López incluye 608 artículos en los que se prioriza la estructura ecológica principal (se declaran dos nuevos humedales), la renovación sobre la expansión urbana y se contempla la creación de 33 unidades de planeación local (UPL) que reemplazarán a las 20 localidades actuales.
Pese a que tenía las mayorías en el Concejo para aprobar el proyecto, hubo varias discusiones con la ciudadanía con respecto a la declaración de suelos con múltiples usos, ante la posible llegada de bares y comercio de alto impacto en zonas residenciales, así como continúa el hermetismo alrededor de la renovación urbana, tanto de quienes se verían afectados como del gremio de la construcción, que ha lanzado alertas con respecto a las dificultades que se presentan en la adquisición de este tipo de predios en la ciudad.
Además, señalan que se crean nuevos trámites urbanísticos que podrían demorar dificultar la construcción de nuevas viviendas en Bogotá, así como centraron la discusión en el límite de tamaño de vivienda que especifica el nuevo POT y que no permitiría la construcción de edificaciones con una sola habitación.
Por su parte, los recicladores mostraron su inconformismo con las nuevas condiciones para las bodegas de acopio en la ciudad y la reubicación que esto requeriría, mientras que desde el Concejo se cuestionó la necesidad de crear más localidades, los controles a las densidades, el proyecto de Lagos del Tunjuelo y el futuro de la ALO Norte, tema que terminó impidiendo la unificación de las tres ponencias que se alcanzaron a presentar en el Concejo.
Por lo pronto, resta esperar que la Alcaldía entregue más detalles con respecto a la forma en que se expedirán los decretos modificatorios y su contenido, dado que no está claro qué cosas podrá cambiar la alcaldesa Claudia López de esta forma y cuáles deberá tramitar ante el Concejo.
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