Drogas y delincuencia: La amenaza latente en colegios de Bogotá
Con el retorno a la presencialidad vuelve la seguridad cerca de los centros educativos. En los últimos meses han desarticulado organizaciones dedicadas a vender drogas en colegios de Bosa y Soacha. La preocupación es latente, pese a que el Distrito intensifica programas de prevención.
Cuatro allanamientos en el barrio León XIII (Soacha), la incautación de un kilo de marihuana (que iban a distribuir en inmediaciones de un colegio del municipio) y la captura de dos personas fue el resultado de un reciente operativo de las autoridades no solo contra la criminalidad, sino contra la inseguridad que acecha los entornos escolares.
A pesar del esfuerzo por atacar la venta de drogas, la estrategia pareciera no ser suficiente. Días más tarde, tras ese operativo, vecinos del sector Portoalegre, de la Comuna 2 de Soacha, denunciaron que estudiantes de colegios públicos estarían llegando a un parque de la zona para consumir posiblemente sustancias alucinógenas.
Colegios: el terreno que cuida el Distrito y que acecha la delincuencia
Este panorama no es distinto en Bogotá. A finales del año pasado, y a pesar de que los estudiantes aún no retornaban del todo a la presencialidad, fue desmantelada La Oficina del Olarte, red de tráfico de bazuco, que operaba en Bosa, en los barrios Nuevo Chile y El Olarte, que vendía hasta 2.000 dosis mensuales. Según la Policía, sus principales clientes eran niñas, niños y adolescentes, en los parques aledaños a un colegio del sector.
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Con estos casos como precedente, y tras el regreso a clases presenciales desde el 24 de enero, es evidente el retorno de los riesgos en inmediaciones de las instituciones educativas. Pues si bien con la pandemia las líneas de microtráfico se dispersaron, con la llegada de estudiantes podrían reagruparse en búsqueda de nuevos compradores.
Esta situación ya había sido prevista por la corporación Acción Técnica Social (ATS), y el proyecto “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, cuando se habló de un probable aumento en el consumo de sustancias alucinógenas a la par de la reactivación económica por la que está pasando la capital.
Pese a que en su momento se habló de espacios como fiestas masivas, hoy esa oleada de nuevas y tradicionales drogas también estarían tocando la puerta de las instituciones e incluso de los hogares donde hay menores de edad. A finales de enero se conoció el caso de un niño de 11 años, quien perdió la vida al consumir un dulce que presuntamente tenía una sustancia alucinógena conocida como dietilamida de ácido lisérgico o LSD (por sus siglas en inglés). Aunque el informe de toxicología luego del deceso salió negativo para dicha sustancia y se confirmó que su muerte se habría dado por asfixia mecánica por ingesta y no por los supuestos ingredientes del dulce, la situación puso en alerta a las autoridades por la presencia de estructuras criminales buscando estrategias para llegar a los jóvenes.
Según la información de “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, el LSD es una sustancia relativamente de bajo potencial y bajo riesgo, lo que quiere decir que no podría determinar la muerte, pero tampoco disminuye el impacto sobre un menor de edad. Para hacerles frente a estas problemáticas, y otras como la inseguridad, la convivencia, la resolución de conflictos o la movilidad, entre otros, la Secretaría de Educación adelanta el programa “Entornos educativos protectores y Confiables (ECO).
Con el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Policía, la idea es hacer de los espacios educativos entornos de confianza y protección “mediante la configuración de redes educativas, actores comunitarios e institucionales orientadas a liderar procesos pedagógicos para la resignificación de la relación escuela-territorio”, señaló la Secretaría de Educación.
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En los dos últimos años este programa (directa o indirectamente) ha beneficiado al 70 % de los colegios oficiales, por medio de un acompañamiento técnico y operativo a las Mesas de Entornos Educativos de 19 localidades. “Fueron casi 106 sesiones en 2021 que permitieron la articulación con 10 sectores de la administración”, agregó el la Secretaría de Educación.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad contribuye con labores como patrullajes de colegios y universidades, en donde “se identifican factores de riesgo físicos y sociales, que se presentan en los entornos, para adelantar acciones para mitigar conflictos y hechos de violencias”.
Algunas de los resultados han sido el conectar cámaras de vigilancia privada al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) del Distrito; la presencia de policías en entornos escolares y parques, y el desarrollo de actividades para fortalecer el acceso a la justicia en barrios marginados. Pero no es el único programa: el Distrito también ha dispuesto de jornadas para hacer de los entornos escolares mejores espacios, con los que se pretende impactar sitios que han estado mediados por la violencia o el consumo de drogas.
Una de estas intervenciones, para capacitar a los estudiantes sobre prevención de consumo de drogas y “evitar el expendio”, se desarrollará este año en la localidad de Los Mártires, donde se adelantará la recuperación de sectores aledaños a los colegios. Este plan estará acompañado por la Uaesp y las secretarías de Cultura, Educación, Gobierno e Integración Social.
“Es un trabajo en el que nos aliamos con la gente, los profesores, la Policía y hasta los mismos jóvenes, para que puedan llegar tranquilos y seguros a sus colegios. Con este tipo de alianzas solo ganan los niños, y es por eso que no podemos bajar la guardia”, dijo Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.
¿Cómo empezó 2022?
En enero, la línea 123 recibió 5.187 reportes de narcóticos en la capital, frente a 6.487 llamadas que ingresaron en el mismo mes, pero de 2021. Por ahora las cifras muestran una considerable disminución, pero esta situación no sería del todo favorable, pues revisando de manera detallada las 20 localidades, sí existe cierta preocupación en algunos sectores.
La alerta se ha prendido en Barrios Unidos, La Candelaria, Chapinero y Tunjuelito, en donde los índices de denuncias por consumo de estupefacientes no disminuyeron, y precisamente hay un alto número de centros académicos. Según el Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá, especialmente en la primera y última localidad, hay 59 y 61 colegios, respectivamente. Es importante aclarar que estos indicadores no obedecen estrictamente a casos en donde estén involucrados menores de edad, jóvenes o estudiantes, pero sí haría que estos estén más expuestos ante la presencia de estupefacientes.
Para este año de reactivación, el Distrito ha sido enfático en señalar como una prioridad la lucha frontal contra la criminalidad, lo que demanda la protección y seguridad de los menores de edad y los entornos escolares que volvieron a la presencialidad. Es por eso por lo que las expectativas están puestas en que los indicadores se mantengan a la baja, y este año sí se le gane la batalla a la delincuencia.
Cuatro allanamientos en el barrio León XIII (Soacha), la incautación de un kilo de marihuana (que iban a distribuir en inmediaciones de un colegio del municipio) y la captura de dos personas fue el resultado de un reciente operativo de las autoridades no solo contra la criminalidad, sino contra la inseguridad que acecha los entornos escolares.
A pesar del esfuerzo por atacar la venta de drogas, la estrategia pareciera no ser suficiente. Días más tarde, tras ese operativo, vecinos del sector Portoalegre, de la Comuna 2 de Soacha, denunciaron que estudiantes de colegios públicos estarían llegando a un parque de la zona para consumir posiblemente sustancias alucinógenas.
Colegios: el terreno que cuida el Distrito y que acecha la delincuencia
Este panorama no es distinto en Bogotá. A finales del año pasado, y a pesar de que los estudiantes aún no retornaban del todo a la presencialidad, fue desmantelada La Oficina del Olarte, red de tráfico de bazuco, que operaba en Bosa, en los barrios Nuevo Chile y El Olarte, que vendía hasta 2.000 dosis mensuales. Según la Policía, sus principales clientes eran niñas, niños y adolescentes, en los parques aledaños a un colegio del sector.
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Con estos casos como precedente, y tras el regreso a clases presenciales desde el 24 de enero, es evidente el retorno de los riesgos en inmediaciones de las instituciones educativas. Pues si bien con la pandemia las líneas de microtráfico se dispersaron, con la llegada de estudiantes podrían reagruparse en búsqueda de nuevos compradores.
Esta situación ya había sido prevista por la corporación Acción Técnica Social (ATS), y el proyecto “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, cuando se habló de un probable aumento en el consumo de sustancias alucinógenas a la par de la reactivación económica por la que está pasando la capital.
Pese a que en su momento se habló de espacios como fiestas masivas, hoy esa oleada de nuevas y tradicionales drogas también estarían tocando la puerta de las instituciones e incluso de los hogares donde hay menores de edad. A finales de enero se conoció el caso de un niño de 11 años, quien perdió la vida al consumir un dulce que presuntamente tenía una sustancia alucinógena conocida como dietilamida de ácido lisérgico o LSD (por sus siglas en inglés). Aunque el informe de toxicología luego del deceso salió negativo para dicha sustancia y se confirmó que su muerte se habría dado por asfixia mecánica por ingesta y no por los supuestos ingredientes del dulce, la situación puso en alerta a las autoridades por la presencia de estructuras criminales buscando estrategias para llegar a los jóvenes.
Según la información de “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, el LSD es una sustancia relativamente de bajo potencial y bajo riesgo, lo que quiere decir que no podría determinar la muerte, pero tampoco disminuye el impacto sobre un menor de edad. Para hacerles frente a estas problemáticas, y otras como la inseguridad, la convivencia, la resolución de conflictos o la movilidad, entre otros, la Secretaría de Educación adelanta el programa “Entornos educativos protectores y Confiables (ECO).
Con el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Policía, la idea es hacer de los espacios educativos entornos de confianza y protección “mediante la configuración de redes educativas, actores comunitarios e institucionales orientadas a liderar procesos pedagógicos para la resignificación de la relación escuela-territorio”, señaló la Secretaría de Educación.
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En los dos últimos años este programa (directa o indirectamente) ha beneficiado al 70 % de los colegios oficiales, por medio de un acompañamiento técnico y operativo a las Mesas de Entornos Educativos de 19 localidades. “Fueron casi 106 sesiones en 2021 que permitieron la articulación con 10 sectores de la administración”, agregó el la Secretaría de Educación.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad contribuye con labores como patrullajes de colegios y universidades, en donde “se identifican factores de riesgo físicos y sociales, que se presentan en los entornos, para adelantar acciones para mitigar conflictos y hechos de violencias”.
Algunas de los resultados han sido el conectar cámaras de vigilancia privada al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) del Distrito; la presencia de policías en entornos escolares y parques, y el desarrollo de actividades para fortalecer el acceso a la justicia en barrios marginados. Pero no es el único programa: el Distrito también ha dispuesto de jornadas para hacer de los entornos escolares mejores espacios, con los que se pretende impactar sitios que han estado mediados por la violencia o el consumo de drogas.
Una de estas intervenciones, para capacitar a los estudiantes sobre prevención de consumo de drogas y “evitar el expendio”, se desarrollará este año en la localidad de Los Mártires, donde se adelantará la recuperación de sectores aledaños a los colegios. Este plan estará acompañado por la Uaesp y las secretarías de Cultura, Educación, Gobierno e Integración Social.
“Es un trabajo en el que nos aliamos con la gente, los profesores, la Policía y hasta los mismos jóvenes, para que puedan llegar tranquilos y seguros a sus colegios. Con este tipo de alianzas solo ganan los niños, y es por eso que no podemos bajar la guardia”, dijo Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.
¿Cómo empezó 2022?
En enero, la línea 123 recibió 5.187 reportes de narcóticos en la capital, frente a 6.487 llamadas que ingresaron en el mismo mes, pero de 2021. Por ahora las cifras muestran una considerable disminución, pero esta situación no sería del todo favorable, pues revisando de manera detallada las 20 localidades, sí existe cierta preocupación en algunos sectores.
La alerta se ha prendido en Barrios Unidos, La Candelaria, Chapinero y Tunjuelito, en donde los índices de denuncias por consumo de estupefacientes no disminuyeron, y precisamente hay un alto número de centros académicos. Según el Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá, especialmente en la primera y última localidad, hay 59 y 61 colegios, respectivamente. Es importante aclarar que estos indicadores no obedecen estrictamente a casos en donde estén involucrados menores de edad, jóvenes o estudiantes, pero sí haría que estos estén más expuestos ante la presencia de estupefacientes.
Para este año de reactivación, el Distrito ha sido enfático en señalar como una prioridad la lucha frontal contra la criminalidad, lo que demanda la protección y seguridad de los menores de edad y los entornos escolares que volvieron a la presencialidad. Es por eso por lo que las expectativas están puestas en que los indicadores se mantengan a la baja, y este año sí se le gane la batalla a la delincuencia.