Comisión Accidental por Bogotá alertó sobre situación de comunidad embera en La Rioja

La Comisión Accidental por Bogotá, conformada por congresistas de la circunscripción de la capital del país, denunció la situación humanitaria en la que permanecen las comunidades indígenas en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en el centro de la ciudad.

Cabe señalar que las últimas semanas se ha registrado la muerte de dos menores de la comunidad embera, que permanece en este punto de la ciudad desde hace más de diez meses.

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“No puedo creer la vulneración de los derechos de esta población. Niños de 4 años pesando lo que pesa un niño de 1 año, 1.500 personas en un lugar para 200 o 300 personas, duchas públicas para mujeres sin puertas, 2 baños para 1.500 personas, ratas, desnutrición y violencia intrafamiliar. Se están muriendo 2 niños por semana”, indicó la representante María del Mar Pizarro (Pacto Histórico).

La alerta fue emitida durante un reunión de la comisión en la que participó el jefe de gabinete del Distrito, en los que se abordaron otras temáticas como la política de Hambre Cero, temas de movilidad, violencias basadas en género y metro.

Frente a esta situación el Distrito se ha pronunciado indicando que las muertes se deben a que las comunidades no informan de manera oportuna a los funcionarios de la secretaría de Salud sobre la situaciones en la UPI.

“Los equipos del Distrito, que están permanentemente en la UPI La Rioja, han identificado que los niños y niñas están llegando en condiciones inadecuadas de sus territorios y sus familias no informan del ingreso a la unidad, lo cual impide la valoración inicial en salud para brindar una atención oportuna”, dice el comunicado de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el último censo en el sitio hay albergados 1042 emberas, de los cuales más de 600 son menores de edad que viven en condiciones de hacinamiento.

En contexto: Entre retornos y nuevos retos, así avanza la situación de las comunidades indígenas en Bogotá

“El balance es muy preocupante, las condiciones de hacinamiento, sustancias insalubres por todo el lugar, la inexistencia de baños suficientes, las cañerías tapadas, la falta de regularidad en el suministro de alimentación, la falta de normas de convivencia mínimas, hace que los niños, niñas, adolescentes alojados en este lugar se encuentren en alto de riesgo de contraer enfermedades contagiosas por las pésimas condiciones de salubridad”, indicó la Comisión de la Niñez del Concejo de Bogotá.

De esta manera, se realizó un nuevo llamado a la Alcaldía de Bogotá para que atienda de carácter urgente e inmediato esta situación, mientras se logra el traslado o la reubicación de las comunidades indígenas en la capital del país.

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La Comisión Accidental por Bogotá, conformada por congresistas de la circunscripción de la capital del país, denunció la situación humanitaria en la que permanecen las comunidades indígenas en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en el centro de la ciudad.

Cabe señalar que las últimas semanas se ha registrado la muerte de dos menores de la comunidad embera, que permanece en este punto de la ciudad desde hace más de diez meses.

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La alerta fue emitida durante un reunión de la comisión en la que participó el jefe de gabinete del Distrito, en los que se abordaron otras temáticas como la política de Hambre Cero, temas de movilidad, violencias basadas en género y metro.

Frente a esta situación el Distrito se ha pronunciado indicando que las muertes se deben a que las comunidades no informan de manera oportuna a los funcionarios de la secretaría de Salud sobre la situaciones en la UPI.

“Los equipos del Distrito, que están permanentemente en la UPI La Rioja, han identificado que los niños y niñas están llegando en condiciones inadecuadas de sus territorios y sus familias no informan del ingreso a la unidad, lo cual impide la valoración inicial en salud para brindar una atención oportuna”, dice el comunicado de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el último censo en el sitio hay albergados 1042 emberas, de los cuales más de 600 son menores de edad que viven en condiciones de hacinamiento.

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De esta manera, se realizó un nuevo llamado a la Alcaldía de Bogotá para que atienda de carácter urgente e inmediato esta situación, mientras se logra el traslado o la reubicación de las comunidades indígenas en la capital del país.

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