¿Cómo avanza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Bogotá?

Más de un año ha pasado desde que la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia C-055 de 2022 que avaló la libertad que tienen las personas gestantes para decidir sobre sus cuerpos y acceder, en caso de que lo deseen, a la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- durante las primeras 24 semanas de gestación.

Más de un año ha pasado desde que la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia C-055 de 2022 que avaló la libertad que tienen las personas gestantes para decidir sobre sus cuerpos y acceder, en caso de que lo deseen, a la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- durante las primeras 24 semanas de gestación.

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Aspecto en el que es clave señalar que hablamos de “personas gestantes”, entendiendo que la idea de concepción no solo vincula a las mujeres; también a quienes se identifican como personas no binarias y a los hombres trans al ser personas uteroportantes.

Explicación que de hecho quedó por escrito en la resolución 051 de 2023, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que se precisó que el término ‘personas gestantes’ incluye a “toda persona con capacidad biológica de quedar en embarazo y atravesar el proceso de gestación, lo que abarca hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias o personas intersexuales, sin excluir otras identidades de género con las cuales la persona se autoreconozca”.

En este mismo documento, publicado tras el fallo, se anunciaron las medidas a adoptar para garantizar la IVE y brindarla bajo estándares de calidad que incluyen la información oportuna, suficiente y adecuada; la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, el derecho a decidir de manera libre, el deber de la confidencialidad y el derecho a la intimidad.

Todo esto dejando en claro que se trata de un cumplimiento obligatorio de la Supersalud, las secretarías de Salud, las entidades que administren planes voluntarios, entidades promotoras y todas las demás entidades responsables de intervenciones relacionadas con promoción, mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento.

El panorama 16 meses después

De acuerdo con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, colectivo feminista de organizaciones que trabaja por la eliminación de la discriminación y la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, en todo el país existe un subregistro que de hecho se replica también en la capital:

“Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, en 2021 se realizaron 1.684 interrupciones, mientras que en el 2022, y con corte al 15 de noviembre, se realizaron 1.036. Los datos de la Fundación Oriéntame indican que entre el 22 de febrero de 2022 y el 1 de febrero de 2023, prestó el servicio de IVE a 8.421 mujeres en Bogotá, un dato muy superior al que reportó la secretaría y que en teoría debería sumar las atenciones de todos los prestadores”, indican desde la organización.

Escenario en el que también es importante reconocer que desde la Mesa por la Vida identificaron como una buena práctica que la cartera distrital creara una mesa técnica para la implementación de la sentencia y acciones de divulgación con agentes del sistema de salud.

Aspecto en el que recientemente la Secretaría de Salud hizo un llamado a la red hospitalaria y al sistema de aseguramiento a través de una circular con recomendaciones dirigidas a los diferentes actores del sector, tanto prestadores de servicios como aseguradores.

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“El Sistema Distrital de Salud de la capital está comprometido con el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de las mujeres, especialmente, a la salud sexual y reproductiva en el marco de su decisión de proyecto de vida y para el disfrute de su salud física y mental”, indicó el secretario Alejandro Gómez, quien agregó que se busca garantizar el acceso seguro, oportuno y de calidad a la atención integral en interrupción voluntaria del embarazo.

Frente a esto, Eliana Zuleta Arboleda, abogada de La Mesa por la Vida, reconoce un incremento en el acceso; sin embargo, menciona que existen limitantes que se mantienen y apuntan a la moralidad:

“Encontramos que aún existen barreras de tipo social que se traducen en una penalización colectiva frente a quienes acceden a IVE y esto sigue impactando el acceso al derecho. Resaltamos entonces, que una normatividad tiene y debe ir de la mano con los compromisos de la comunidad y de la sociedad para dar cumplimiento a todas las garantías de tipo legislativo, normativo y legal”, señala la jurista.

Conforme con su intervención, la entidad del Distrito realiza asistencias técnicas a las IPS y EPS públicas y privadas para que se brinde la información completa y necesaria a las mujeres sobre la atención materno-perinatal, incluida la opción de interrumpir voluntariamente su embarazo, en las distintas etapas del proceso de atención (urgencias, medicina general, consulta especializada, etc.), así como dar orientación sobre las alternativas terapéuticas.

De igual forma, según ellos, se trabaja en la garantía de disponibilidad suficiente de preparación y disposición del personal médico-asistencial, así como los insumos necesarios para un efectivo acceso a los procedimientos en salud a las mujeres que lo soliciten, de manera que se evite todo el riesgo sobre su vida, su salud física y mental.

Recuerde que ante cualquier barrera de acceso a la prestación de servicios en el sistema público o privado, pueden comunicarse a la Línea de Servicio a la Ciudadanía 601 329 5090.

Entidades privadas que ofrecen el servicio

Si usted está interesada en acceder a la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- en una entidad privada puede hacerlo. Profamilia, por ejemplo, es una de las organizaciones privadas sin ánimo de lucro que ofrecen el servicio.

Allí le podrán ofrecer asesoría psicológica personalizada, en la que adicionalmente se le explicará el marco legal del aborto en Colombia hasta la semana 24 y las tres excepciones que permiten hacerlo después de los primeros seis meses.

Si luego de la asesoría, decide continuar con el proceso de aborto seguro, será remitida con un profesional en medicina para realizar el procedimiento más adecuado y como parte del programa de atención integral, cada paciente podrá tener de manera opcional un control post-aborto, entre cinco y quince días después del procedimiento. Este incluye asesoría en la elección de un método anticonceptivo para dar continuidad segura a sus respectivas vidas sexuales.

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