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Las zonas rojas o puntos calientes de la capital de la República hacen parte de la narrativa y el contexto que todas las administraciones y las instituciones de seguridad e inteligencia tienen en sus planes de acción para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado y la delincuencia común.
En ese contexto, las intervenciones en dos puntos del centro de Bogotá (la calle de El Cartucho y El Bronx) son, quizás, las que más están en la retina de los ciudadanos. Primero, por las dinámicas criminales que se movían en esos puntos y, segundo, por lo que ocurrió en años posteriores.
El Cartucho fue intervenido a finales de los años 90 —durante la primera administración de Enrique Peñalosa— y, luego de demolerlo, se construyó lo que hoy se conoce como el Parque Tercer Milenio, inaugurado en 2004. Mientras que El Bornx fue intervenido en mayo de 2016 —en la segunda administración de Peñalosa— y varios de sus predios han sido demolidos para iniciar un proceso de renovación urbana.
Estas experiencias —además de la experimentada en abril de 2021 con la demolición de la olla en La Fortaleza y otras en las zonas complejas de orden público, como en el centro de Bogotá— han servido para acumular experiencia en el diseño y la implementación de políticas públicas de seguridad.
El Espectador habló con Andrés Nieto y César Niño, dos expertos en seguridad, sobre las dinámicas de ese tipo de políticas que han sido puestas en práctica en la ciudad. Integración, atención social, infraestructura y conocimiento de los contextos de los sectores más complejos son algunos de los puntos que consideran esenciales para que sea exitosa.
¿Cuál es la política pública de seguridad más eficiente para abordar la situación de orden público en el centro de Bogotá?
A.N: Es fundamental atender a habitantes de calle, carreteros, actividades sexuales pagadas y migrantes. Todas las poblaciones que están para evitar que sean instrumentalizados y que terminen siendo parte de esas rentas criminales. Lo segundo es atacar las rentas criminales e ilegales que en medio de la formalidad se dan. Todos sabemos que en el centro se venden celulares hurtados, autopartes, hay temas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y eso requiere intervenciones que desarticulen toda la banda y que le den un golpe a las rentas delincuenciales.
De nada sirve capturar de forma aislada o tener intervenciones sin medir cuál va a ser la repercusión en toda la ciudad, como ya pasó en El Bronx en 2016 y que vimos cómo eso logró mandar hacia otros puntos de la ciudad problemáticos como la distribución de droga, la venta de armas o todo el tema de extorsión a comerciantes. Eso se tiene que contener por esos planes de seguridad que deben ser integrales.
Apoyar al comercio, pero también tener un control sobre el espacio público. En el centro tenemos un problema de diferentes públicos que usan el espacio público, pero que no tienen una misma narrativa. Estamos hablando de vendedores informales, vendedores ambulantes, coroteros, cachivacheros, carreteros, actividades sexuales pagadas y el comercio. Además, el informal que se mueve precisamente en el espacio público, como la venta de diferentes divisas, monedas, de piedras preciosas, de autopartes e incluso la reparación de automotores en el espacio público.
La organización del espacio público es fundamental para que no se genere caos y en ese caos no se permita el desarrollo de actividades ilícitas como la venta de droga y la última. No menos importante es una mirada de renovación urbana, pero de renovación con apoyo a todas las poblaciones que están allí. No se trata de empezar de cero, sino de ver que aquí hay familias que han vivido toda su vida allí y que también hay comercio formal que le ha apostado a mejorar la zona.
C.N: No se puede lanzar una política de seguridad tan tajantemente porque dependiendo de los contextos, particularidades, fenómenos y actores involucrados, se debe implementar una política pública de seguridad. Por eso, la mejor manera de construir una política pública de seguridad tiene que tener en cuenta las variables en consideración.
Y es que no se puede construir una política pública distrital de seguridad sin comprender las particularidades de los territorios de las diferentes localidades, en especial el centro de Bogotá. Entonces, es relevante que se tenga en consideración que las políticas públicas deben desagregar los fenómenos y las cuestiones territoriales dentro de la propia ciudad de Bogotá, es decir, no podemos construir una política pública de seguridad distrital pensando en Usme y replicándola en Chapinero. Creo que esto necesita tal vez una fragmentación, pero también al mismo tiempo una sincronización.
¿Cómo cree que han manejado las últimas administraciones de la ciudad la seguridad en todo el centro de Bogotá?
A.N: Recordemos lo que pasó en su momento con la calle de El Cartucho. Allí había violación de todos los derechos humanos, pero al no tener un plan integral, también social, comercial y común, terminó por convertirse en El Bronx. Luego se hace la intervención del Bronx en 2016, pero no se da con los principales actores del crimen y toda su red de protección de “sayayines”, que terminó en enfrentamientos para intentar volver a tener control de la zona o de otras obras en toda la ciudad.
Por eso, terminó por atomizar problemáticas a todo Bogotá. Entonces, lo que se ha intentado es pensar que hay solo un problema de seguridad cuando hay un problema que pasa por infraestructura, por atención social e incluso por una mirada unificada. ¿Qué queremos hacer con el centro? Queremos renovarlo, queremos recuperarla en términos arquitectónicos, históricos, queremos potenciarlo o queremos hacer todo.
Todo eso acompañado por un eje transversal de intervención social, donde tienes que entrar no solo con la Secretaría de seguridad y Policía, sino con Integración Social, Secretaría de Salud, las tres alcaldías locales y la colaboración con el sector privado para repotenciar ese espacio. Eso es fundamental, como en el barrio San Bernardo, que se logró algo que no se había logrado en el Bronx y es que se logró un trabajo mancomunado entre la empresa de renovación urbana, el IDU, el Instituto Distrital de Patrimonio, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Seguridad y la Policía. Se logró no solo intervenir las cuatro manzanas que empiezan a renovación urbana, sino también contener que todo lo que estaba pasando allí se desplazará a otras zonas.
C.N: Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa se hizo la intervención en El Bronx y demás que se necesitaba. No obstante, dejó por fuera a otra variable y era el efecto balón o el efecto globo, que es oprimir en el centro una política de seguridad que puso a dispersar el problema de la drogadicción como ollas y microtráfico en diferentes zonas, no solamente del centro, sino en el resto de Bogotá.
Entonces creo que ha habido un manejo bastante precario de la seguridad en estas zonas. Ha habido una timidez en cuanto a la construcción de sinergias entre fuerzas de inteligencia policial y también una desconexión frente a las realidades ciudadanas de la zona y ha habido tal vez un diálogo no lo suficientemente profundo para resolver esta dinámica. Así que considero que hace falta una mejor sincronización de agendas y particularización, así como entender que el crimen organizado en el centro de Bogotá representa también cierto tipo de estructuras y de conexiones con el crimen a nivel nacional.
¿Hacia dónde considera que debe apuntar una política pública en seguridad efectiva para esa zona de la ciudad?
A.N: Esto no es un problema solo de un barrio y una localidad, es un problema que tiene que atenderse como un asunto distrital y en ocasiones nacional. Es fundamental tener presencia del Estado organizando ese territorio. Era indignante, por ejemplo, cómo hasta el año 2021 la famosa olla La Fortaleza, ubicada en la localidad de Mártires, cumplía más de 30 años con la distribución de droga delante de todo el mundo, generando extorsión a los comerciantes y a los residentes cercanos y no se había podido tocar. Esa es la mejor forma de mostrar cómo se deben hacer las intervenciones. Primero, tuvo una caracterización que llegó a ver cuáles eran las problemáticas de los nuevos pagadiarios, la vulneración de derechos, el tema de riesgo para los niños, niñas y adolescentes y luego fortalecer la red de trabajo con Policía, comerciantes, residentes y, mientras todo eso pasaba, iniciar los actos administrativos para poder quitarle ese predio a esas personas que delinquían y demoler ahí. Hoy hay huertas urbanas que la misma comunidad se ha apropiado y así se derrumbó, por fin, esa famosa “Fortaleza”.
C.N: Debe apuntar frente a que se contemplen no las sensaciones de lo que la población percibe por seguridad, sino como lo que el Estado percibe por seguridad. En esta oportunidad, lo que la Alcaldía de Bogotá percibe como seguridad, hay dos caminos distintos, dos interpretaciones muy diferentes y el vacío entre ambas interpretaciones es lo que genera que allí se acoplen estructuras criminales del microtráfico y del gran narcotráfico y del crimen organizado en el país y en Bogotá.
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