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Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la mitad de las casas que hay en la ciudad han sido construidas por las mismas personas que las habitan. Es por esto que la secretaría de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular desarrollaron la Curaduría Pública Social (CPS), una de las herramientas técnicas con la que se espera brindar apoyo técnico, jurídico y económico a quienes hayan “autoconstruido” sus viviendas.
La Curaduría Pública Social, además de otorgar la declaración de reconocimiento de viviendas, facilita los procesos de levantamiento arquitectónico y el peritaje técnico de las construcciones. De igual forma, facilitará los tramites de legalización y otorgará $40 millones a cualquier ciudadano que quiera expandir y mejorar su casa.
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“Por primera vez en la historia de Bogotá hay Curaduría Pública Social. La mitad de las viviendas de Bogotá las ha hecho la gente, pero la Alcaldía Mayor nunca les puede dar plata porque no tenían licencia o no eran legales o no tenían estudios. La Curaduría Pública Social de la Caja de Vivienda Popular es para hacer esos estudios, esos diseños, sacar la licencia, y poderle dar $40 millones a las familias para que arreglen su casita”, explicó la alcaldesa mayor, Claudia López.
La CPS reconocerá cualquier vivienda que haya sido construida sin licencia de construcción en barrios legalizados y, cuyo avalúo catastral sea inferior a 150 salarios mínimos ($136.278.900). Durante este viernes por medio del “Plan Terrazas”, la CPS ya otorgó las primeras licencias a 50 familias de la localidad de San Cristóbal que podrán mejorar sus viviendas ya sea para vivir o para arrendar y generar ingresos.
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Tenga en cuenta que, para acceder a los trámites como asistencia técnica y jurídica, el levantamiento arquitectónico y los estudios y peritaje técnico, debe cumplir con los siguientes requisitos y las entidades deberán dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de nueve meses. Para comenzar con los tramites de reconocimiento de la vivienda, entrega de licencias urbanísticas o la aprobación de otras actuaciones relacionas, las personas interesadas deben cumplir las siguientes condiciones y las entidades tendrán un plazo máximo de 45 días para dar respuesta a la solicitud.
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Así las cosas, con esta Curaduría los hogares podrán legalizar sus viviendas y acceder a beneficios económicos al igual que recibir asesoría técnica y legal para conocer cuales son las condiciones estructurales de la casa para que así, las personas decidan si desean mejorar o ampliar la estructura. Con esto se espera que las edificaciones en Bogotá estén más seguras ante una catástrofe natural, también permitirá reducir el hacinamiento en el que viven algunas familias de barrios populares o permitirá que con el arrendamiento de los espacios construidos se genere un ingreso económico a los hogares.
“Los estudios técnicos podrán valer entre cinco o seis millones de pesos. Por eso nos encargamos de hacerlos, para presentarlos bien a la Curaduría Pública Social y hacer el trámite relativamente rápido. Luego podemos tomar plata de los impuestos que paga los bogotanos y dar 40 millones de pesos en promedio para que puedan hacer la obra”, señaló la alcaldesa mayor.
