¿Cómo le ha ido a Bogotá en los dos años del presidente Gustavo Petro?

Bogotá ha sido el mayor fortín político del presidente Gustavo Petro durante toda su carrera. Fue dos veces representante a la Cámara por Bogotá, siendo incluso la votación más alta para entonces en el año 2002. La capital lo eligió alcalde en 2011 con más de 720.000 votos.

En 2018, en la campaña presidencial para segunda vuelta, Petro ganó en Bogotá sobre Iván Duque por más de 430.000 votos de diferencia. Y sin ninguna duda, Bogotá le otorgó la victoria para ser presidente de la República, cuando más de dos millones de capitalinos decidieron apoyarlo en la contienda final contra Rodolfo Hernández.

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Aún hoy, Bogotá sigue siendo, según algunas encuestas, la primera o segunda ciudad donde el presidente Petro logra la mayor favorabilidad con cerca del 35%. Su gabinete, en una gran proporción, ha hecho carrera en Bogotá. Los y las ministras de Hacienda, Salud, Ambiente, Vivienda y Transporte hicieron parte del equipo de la alcaldía 2012-2015, sin contar un número alto de funcionarios en viceministerios y direcciones de entidades.

Con este marco, y en estos tiempos de balances de la primera mitad del Gobierno Petro, resulta importante preguntarse: ¿Cómo le ha ido a Bogotá durante estos dos años? Algunos dirán que el presidente no gobierna sólo para la capital y que mucho menos es la región del país que más atención requiere. Sin embargo, no se puede desconocer no sólo esa historia política de Petro en la capital, sino que lo que pasa en Bogotá afecta de manera sustancial los resultados globales del país en materia económica, de seguridad, pobreza y un largo etcétera de indicadores.

La relación del Gobierno Nacional en estos dos años ha estado marcada por varias discusiones aireadas en las redes sociales. El tema principal sigue siendo el sistema público de transporte de la capital. Petro, como presidente, ha hecho todo lo posible para revivir su idea del metro subterráneo. Consultas jurídicas en todos los niveles y cualquier cantidad de interpretaciones al régimen de contratación estatal han surgido para justificar un cambio al contrato con el consorcio chino.

El presidente fue hasta el país asiático con la esperanza de que, con alguna presión política, hiciera que los contratistas tuvieran que cambiar lo pactado. A pesar de la férrea oposición del Gobierno Nacional, la línea 1 avanza en su construcción y, con los beneficios o defectos que esta pueda tener, Bogotá tendrá por fin en el año 2028 el Metro.

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En cuanto a la línea 2 que comunica Chapinero con Suba y Engativá, hay que reconocer que el Gobierno Nacional apoyó la idea que había logrado avanzar durante el Gobierno Duque y, aunque con varios meses de retraso, garantizó la cofinanciación del proyecto que permitió la apertura de la licitación internacional.

Ojalá el alcalde Galán concrete esa contratación y no pararla o suspenderla indefinidamente. Movilizar a más de 2 millones de personas desde estas localidades es indispensable. Por su parte, es necesario asegurar con el Gobierno Petro la financiación para la línea 3, de la que ya están andado sus estudios de factibilidad y que conectará al municipio de Soacha.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha insistido en la apuesta por la construcción de trenes y la recuperación del ferrocarril de Colombia. A pesar de que éste pareciera ser una de sus principales apuestas, lo que ha pasado frente a los Regiotrams de Bogotá y la región, ha sido desconcertante. En primer término, el Gobierno Nacional frenó por completo la construcción del RegioTram de Occidente, el cual conectaría a Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y con la capital.

Luego de casi dos años, el Gobierno tomó la decisión de eliminar la licencia ambiental a proyectos férreos, lo cual permitiría que se destrabara este megaproyecto. Ojalá pronto se resuelvan todas las dificultades para que la construcción avance y no pase lo que se empieza a decir, y es que el contratista está dispuesto a terminar el contrato por la enorme ineficiencia que ha demostrado Colombia.

En esa suerte de incertidumbre también está el RegioTram del Norte ya que el Gobierno Petro ha insistido en la necesidad que éste sea también un tren de carga a pesar de que todos los estudios técnicos, señalan la inviabilidad de esta idea en tanto no permitiría cierre financiero.

En temas sociales el balance también es insatisfactorio. El Gobierno del presidente Petro había apoyado de manera vehemente la construcción de los campus universitarios en Suba y Kennedy. Estas sedes tienen recursos según el Plan Nacional de Desarrollo y se avanzó en el convenio con la Secretaría de Educación. Sin embargo, ante la decisión del Concejo de apoyar la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de eliminar la ciudadela educativa y del cuidado de Suba, el propio presidente ha afirmado que su realización se torna inviable. Esto sólo lo resolverán los jueces. Veremos que se decide finalmente, pero se perderán meses e incluso años.

Por su parte, el Gobierno Petro también redujo sustancialmente el número de familias que recibían una renta básica después de la pandemia. Mientras en Bogotá cerca de 237.000 familias vulnerables contaban con un ingreso mínimo garantizado, el Gobierno Petro redujo ese número a cerca de 105.000. La Nación optó por aumentar el valor de la transferencia a costa de reducir sustancialmente el número de beneficiados, lo cual pone en peligro a decenas de miles de familias que no han logrado romper el ciclo de pobreza.

Un último tema que vale la pena mencionar: la situación de la población Emberá. La capital ha sido tradicionalmente la mayor receptora de víctimas del conflicto armado en la ciudad, entre los cuales se encuentran cerca de 2500 personas emberas desplazadas desde Risaralda y Chocó. La ciudad ha hecho una enorme inversión -seguramente insuficiente para la magnitud de las dificultades- con el fin de garantizar los derechos de esta comunidad en su estadía.

Pero todo siempre ha sido pensado desde la transitoriedad. La solución de fondo está en manos del Gobierno Nacional, incluso como ya falló en Tribunal Superior de Bogotá en 2023. La reubicación o el retorno con garantías está a cargo de la Unidad para la Víctimas. Se han hecho al menos 10 retornos en los últimos dos años, pero la ausencia de inversiones nacionales en el territorio ha hecho que estemos en un ciclo interminable. Esperamos que el ministro Cristo, que ha sido un abanderado de los temas de las víctimas, logre finalmente dar una solución.

Los 2 años del presidente Petro han dejado un balance agridulce para Bogotá. Hacer realidad los grandes proyectos férreos de la ciudad -que se ajustan incluso al discurso del Gobierno-, ayudar a mejorar las capacidades de la Policía Metropolitana y profundizar algunas políticas sociales, deberían ser las tres apuestas de Petro para la ciudad que le ha permitido estar donde está.

Bogotá ha sido el mayor fortín político del presidente Gustavo Petro durante toda su carrera. Fue dos veces representante a la Cámara por Bogotá, siendo incluso la votación más alta para entonces en el año 2002. La capital lo eligió alcalde en 2011 con más de 720.000 votos.

En 2018, en la campaña presidencial para segunda vuelta, Petro ganó en Bogotá sobre Iván Duque por más de 430.000 votos de diferencia. Y sin ninguna duda, Bogotá le otorgó la victoria para ser presidente de la República, cuando más de dos millones de capitalinos decidieron apoyarlo en la contienda final contra Rodolfo Hernández.

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Aún hoy, Bogotá sigue siendo, según algunas encuestas, la primera o segunda ciudad donde el presidente Petro logra la mayor favorabilidad con cerca del 35%. Su gabinete, en una gran proporción, ha hecho carrera en Bogotá. Los y las ministras de Hacienda, Salud, Ambiente, Vivienda y Transporte hicieron parte del equipo de la alcaldía 2012-2015, sin contar un número alto de funcionarios en viceministerios y direcciones de entidades.

Con este marco, y en estos tiempos de balances de la primera mitad del Gobierno Petro, resulta importante preguntarse: ¿Cómo le ha ido a Bogotá durante estos dos años? Algunos dirán que el presidente no gobierna sólo para la capital y que mucho menos es la región del país que más atención requiere. Sin embargo, no se puede desconocer no sólo esa historia política de Petro en la capital, sino que lo que pasa en Bogotá afecta de manera sustancial los resultados globales del país en materia económica, de seguridad, pobreza y un largo etcétera de indicadores.

La relación del Gobierno Nacional en estos dos años ha estado marcada por varias discusiones aireadas en las redes sociales. El tema principal sigue siendo el sistema público de transporte de la capital. Petro, como presidente, ha hecho todo lo posible para revivir su idea del metro subterráneo. Consultas jurídicas en todos los niveles y cualquier cantidad de interpretaciones al régimen de contratación estatal han surgido para justificar un cambio al contrato con el consorcio chino.

El presidente fue hasta el país asiático con la esperanza de que, con alguna presión política, hiciera que los contratistas tuvieran que cambiar lo pactado. A pesar de la férrea oposición del Gobierno Nacional, la línea 1 avanza en su construcción y, con los beneficios o defectos que esta pueda tener, Bogotá tendrá por fin en el año 2028 el Metro.

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En cuanto a la línea 2 que comunica Chapinero con Suba y Engativá, hay que reconocer que el Gobierno Nacional apoyó la idea que había logrado avanzar durante el Gobierno Duque y, aunque con varios meses de retraso, garantizó la cofinanciación del proyecto que permitió la apertura de la licitación internacional.

Ojalá el alcalde Galán concrete esa contratación y no pararla o suspenderla indefinidamente. Movilizar a más de 2 millones de personas desde estas localidades es indispensable. Por su parte, es necesario asegurar con el Gobierno Petro la financiación para la línea 3, de la que ya están andado sus estudios de factibilidad y que conectará al municipio de Soacha.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha insistido en la apuesta por la construcción de trenes y la recuperación del ferrocarril de Colombia. A pesar de que éste pareciera ser una de sus principales apuestas, lo que ha pasado frente a los Regiotrams de Bogotá y la región, ha sido desconcertante. En primer término, el Gobierno Nacional frenó por completo la construcción del RegioTram de Occidente, el cual conectaría a Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y con la capital.

Luego de casi dos años, el Gobierno tomó la decisión de eliminar la licencia ambiental a proyectos férreos, lo cual permitiría que se destrabara este megaproyecto. Ojalá pronto se resuelvan todas las dificultades para que la construcción avance y no pase lo que se empieza a decir, y es que el contratista está dispuesto a terminar el contrato por la enorme ineficiencia que ha demostrado Colombia.

En esa suerte de incertidumbre también está el RegioTram del Norte ya que el Gobierno Petro ha insistido en la necesidad que éste sea también un tren de carga a pesar de que todos los estudios técnicos, señalan la inviabilidad de esta idea en tanto no permitiría cierre financiero.

En temas sociales el balance también es insatisfactorio. El Gobierno del presidente Petro había apoyado de manera vehemente la construcción de los campus universitarios en Suba y Kennedy. Estas sedes tienen recursos según el Plan Nacional de Desarrollo y se avanzó en el convenio con la Secretaría de Educación. Sin embargo, ante la decisión del Concejo de apoyar la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de eliminar la ciudadela educativa y del cuidado de Suba, el propio presidente ha afirmado que su realización se torna inviable. Esto sólo lo resolverán los jueces. Veremos que se decide finalmente, pero se perderán meses e incluso años.

Por su parte, el Gobierno Petro también redujo sustancialmente el número de familias que recibían una renta básica después de la pandemia. Mientras en Bogotá cerca de 237.000 familias vulnerables contaban con un ingreso mínimo garantizado, el Gobierno Petro redujo ese número a cerca de 105.000. La Nación optó por aumentar el valor de la transferencia a costa de reducir sustancialmente el número de beneficiados, lo cual pone en peligro a decenas de miles de familias que no han logrado romper el ciclo de pobreza.

Un último tema que vale la pena mencionar: la situación de la población Emberá. La capital ha sido tradicionalmente la mayor receptora de víctimas del conflicto armado en la ciudad, entre los cuales se encuentran cerca de 2500 personas emberas desplazadas desde Risaralda y Chocó. La ciudad ha hecho una enorme inversión -seguramente insuficiente para la magnitud de las dificultades- con el fin de garantizar los derechos de esta comunidad en su estadía.

Pero todo siempre ha sido pensado desde la transitoriedad. La solución de fondo está en manos del Gobierno Nacional, incluso como ya falló en Tribunal Superior de Bogotá en 2023. La reubicación o el retorno con garantías está a cargo de la Unidad para la Víctimas. Se han hecho al menos 10 retornos en los últimos dos años, pero la ausencia de inversiones nacionales en el territorio ha hecho que estemos en un ciclo interminable. Esperamos que el ministro Cristo, que ha sido un abanderado de los temas de las víctimas, logre finalmente dar una solución.

Los 2 años del presidente Petro han dejado un balance agridulce para Bogotá. Hacer realidad los grandes proyectos férreos de la ciudad -que se ajustan incluso al discurso del Gobierno-, ayudar a mejorar las capacidades de la Policía Metropolitana y profundizar algunas políticas sociales, deberían ser las tres apuestas de Petro para la ciudad que le ha permitido estar donde está.