Bogotá y Cundinamarca: dos caras de la moneda del predial

Siguen las dudas frente al reciente proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional, para implementar medidas referente al impuesto predial en el país, en especial, una: “Esto, ¿cómo me afecta?”. Entre los titulares de prensa, las críticas de los gremios y los reparos de los expertos es claro que el debate, que apenas empieza, será necesario para resolver todas las preguntas.

Siguen las dudas frente al reciente proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional, para implementar medidas referente al impuesto predial en el país, en especial, una: “Esto, ¿cómo me afecta?”. Entre los titulares de prensa, las críticas de los gremios y los reparos de los expertos es claro que el debate, que apenas empieza, será necesario para resolver todas las preguntas.

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De entrada, para los residentes en Bogotá, la respuesta es simple: no en mucho. El proyecto indica que para ciudades con régimen especial en materia de impuesto predial, como la capital, los topes propuestos solo aplicarían si la administración lo cree conveniente. En contraste, para el caso de Cundinamarca, la situación es otra y las directrices se pueden interpretar desde varias aristas.

Si bien, al igual que ciudades como Bogotá y Medellín, el departamento tiene desde 2020 un gestor catastral autónomo, tras crear la Agencia Catastral de Cundinamarca (ACC), su alcance es limitado: solo 76 de 116 municipios. En caso de ser aprobada la ley en el Congreso, ¿cuál sería su papel? ¿Qué pasaría con los otros municipios? Revisamos los escenarios y sus efectos.

Bogotá: excepción por pulir

La tarea catastral de casi todo el país está bajo la tutela del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual ejecuta la metodología de avalúo de los predios. No obstante, Bogotá cuenta desde 1993 con un régimen especial, que le otorga autonomía en la gestión del catastro y el recaudo predial. Esta independencia, que reconoce el proyecto de ley, eximiría a Bogotá. Así lo piensa Harold Parra, abogado experto en materia tributaria, quien explica que, de ser aprobada la ley, su influencia radicaría “en la voluntad de la administración de adoptar los topes que propone”, aunque, dice, sería innecesario, ya que la ciudad es una de las que más actualizado tiene su catastro.

Otra opinión tiene el abogado urbanista, Pedro Solarte, quien sí advierte puntos débiles de la actualización catastral, que pueden salir a la luz con la iniciativa del gobierno. “No estoy tan de acuerdo en que no afectará a Bogotá. Acá falta mucho para estar al día con las actualizaciones catastrales. Se observa que el avalúo de algunos predios está muy por debajo del valor comercial o con mayor valor catastral que comercial”. Con base en esto, sostiene, la reforma sí podría afectar, en cierto grado, el predial en Bogotá.

En ese orden de ideas, a pesar del limitado efecto para Bogotá, existen aspectos en la metodología de fijación de los avalúos, que no solo están siendo un dolor de cabeza para la capital, sino para otros municipios y departamentos.

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Su influencia en Cundinamarca

La situación del departamento es particular: la responsabilidad de fijar los avalúos es responsabilidad dos gestores distintos. De 116 municipios, 75 (en su mayoría los periféricos) son responsabilidad de la Agencia Catastral de Cundinamarca (ACC). Los demás, al no contar con gestor, los asume el IGAC. Así, frente a la confusión de cuáles municipios adoptarían los topes del proyecto, el subdirector del IGAC, Diego Carrero, le aclaró a El Espectador la situación: “La ley cobijaría a todos los municipios. Esperamos que los municipios que hoy están bajo actualización catastral, que terminaría en 2024, los alcancen los topes de la nueva legislación”. Para los municipios sin nuevos avalúos catastrales, no les aplicaría la norma y, por ende, el predial a pagar se fijaría de la forma tradicional: IPC + 8 puntos máximo.

Un avalúo cercano a la realidad

Jairo Alfonso Turmequé se convirtió en parte del paisaje de las oficinas de reclamos de la ACC. Desde su rol como líder de Sutatausa, fungió como representante de un puñado de campesinos a los que el valor del impuesto predial les incrementó un 5.000 % tras las actualizaciones catastrales que hizo la entidad. En parte, como el mismo Jairo lo reconoce, el incremento abrupto se debió a que “en el municipio no se actualizaba la información catastral hacía 25 años”. Sin embargo, sostiene que hubo irregularidades en el proceso de actualización, que llevaron a que el impuesto incrementara aún más.

“En las actas de actualización contamos hasta 13 errores de método: en predios donde solo había 15 hectáreas aumentaban a 25; si solo había un piso, el acta decía que eran 2 o 3, y así”, denunció Jairo. Esta clase de errores, agrega, hace que la integridad económica de los propietarios de predios, en su mayoría rurales, se perjudique. “No nos oponemos a la actualización del catastro, pero sí pedimos una metodología ajustada a la realidad. No puede ser que un campesino que pagaba $250.000 de impuesto ahora pague $10 millones”.

El punto de la metodología usado por los gestores es uno de los más criticados por los expertos. Sin demeritar los avances que el catastro multipropósito ha hecho para solucionar esta problemática, el abogado Solarte dice que se debe hacer un mayor esfuerzo en ajustar las metodologías de actualización. Por otra parte, el jurista Harold Parra, dice que la norma existe y que es clara, pero, “otra cosa, ya son los errores en los que caigan los funcionarios encargados de la actualización”.

De tal forma, que una vez contemplados los alcances de la propuesta del Gobierno en la región, no resta más que esperar qué aportes serán escuchados en el trámite de aprobación. En cualquier caso, sea cual sea el resultado, el objetivo debe ser mejorar lo existente y evitar caer en repeticiones normativas absurdas. Bogotanos y cundinamarquéses, a la expectativa.

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