¿Cómo sería la salud sin EPS?

En medio del entuerto en que se ha convertido el actual sistema de salud para los pacientes, diferentes sectores de la sociedad señalan a las empresas promotoras de salud (EPS) como el enemigo íntimo del sistema. ¡Afuera las EPS!, proclaman pacientes, estudiantes, sindicatos, médicos y un ala política del país asentada en el Congreso de la República y en la capital colombiana.

La idea de sacar “de taquito” la intermediación de las EPS en el sistema ha escalado esferas del poder nacional y, desde el año pasado, es una propuesta que ronda el despacho de Alejandro Gaviria, ministro de Protección Social. A puertas cerradas, Gaviria y Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá, trabajan en la estructuración de un decreto que permita a los entes territoriales del país manejar los servicios médicos de la población afiliada al régimen subsidiado; en otras palabras, que elimine del negocio de la salud a las EPS Subsidiadas (EPS-S).

Según fuentes de la Secretaría de Salud, dicho decreto podría ser transitorio. También se conoció que, para el caso de los municipios de primera y segunda categoría, el régimen subsidiado podría ser asegurado por sus secretarías de Salud, mientras que en los de tercera, cuarta, quinta y sexta categorías la población subsidiada quedaría en manos de las secretarías de Salud departamentales.

De acuerdo con el ministro Gaviria, “está cerrado el capítulo de declarar una emergencia nacional de salud. Este sería un decreto transitorio, que se expediría con base en condiciones excepcionales y en escenarios difíciles, donde hay riesgo de que la población quede desatendida por falta de EPS y por la negativa de algunas de llegar a algunos lugares del país. Faltan puntos por discutir. Esto será condicionado sólo para entes territoriales que demuestren que tienen la capacidad para administrar los recursos”.

Gaviria explicó que también hay iniciativas más acordes con el reglamento legal, como la de crear EPS-S públicas. “Bogotá podría comprarle la participación accionaria que tiene Salud Total en Capital Salud (EPS-S mixta), como lo están haciendo Medellín o el departamento de Cundinamarca. Este decreto sería un paso para la propuesta que presentaremos en el Congreso y para el capítulo de descentralización”.

El Espectador conoció la hoja de ruta que Guillermo Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá, presentó ayer ante el Ministerio de Protección Social para eliminar las EPS-S en la capital. El objetivo del Distrito es asegurar servicios médicos a más de dos millones de capitalinos que están actualmente adscritos al régimen subsidiado (1’279.887) y de quienes están en los niveles uno y dos del Sisbén (474.512) a través del Fondo Distrital de Salud. Este fondo sería el encargado de administrar los recursos que el Estado le otorga a cada uno de los afiliados a este régimen (Unidad de Pago por Capitación, UPC).

Entre las propuestas del Distrito está la de invertir recursos para igualar la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo. En la actualidad, en promedio, cada afiliado del régimen contributivo recibe del Estado $568.944 mientras que los del subsidiado reciben $508.993. Según el Distrito, el manejo directo de los recursos “elimina el riesgo financiero para los prestadores”, que son los hospitales de la red pública, hoy en crisis financiera: las EPS-S pasaron de adeudarle a los 22 hospitales de la red $56.000 millones en 2005 a $334.000 millones en 2012.

¿Cómo se está preparando la Secretaría de Salud para asumir este reto? Según el informe, la entidad viene desarrollando auditorías a EPS-S con el fin de mejorar la calidad del servicio, lo cual es complementado con una línea de atención al usuario en donde los pacientes radican sus quejas para que la Secretaría se encargue de hacerle seguimiento al caso. Otro de los programas banderas de la Secretaría es integrar al sistema la atención primaria en salud.

El Distrito trabajaba además en fortalecer la consulta externa en horarios extendidos, con médicos familiares y especialistas, así como en prevenir la enfermedad con atención médica domiciliaria, programa piloto que se desarrolla en Suba. Según la Secretaría, se tiene la capacidad de contratar hasta 32 instituciones prestadoras de salud (IPS), aparte de contar con los servicios de los 22 hospitales de la red pública.

Los retos para asumir esta responsabilidad, según la entidad, se centran en la capacidad de administrar los recursos y blindar el nuevo modelo contra brotes de corrupción, además de “alcanzar resultados positivos en indicadores de salud, garantizar la gestión de la demanda clínica, fortalecer las redes integradas y de servicios, y garantizar la calidad y calidez de la atención”.

En medio del entuerto en que se ha convertido el actual sistema de salud para los pacientes, diferentes sectores de la sociedad señalan a las empresas promotoras de salud (EPS) como el enemigo íntimo del sistema. ¡Afuera las EPS!, proclaman pacientes, estudiantes, sindicatos, médicos y un ala política del país asentada en el Congreso de la República y en la capital colombiana.

La idea de sacar “de taquito” la intermediación de las EPS en el sistema ha escalado esferas del poder nacional y, desde el año pasado, es una propuesta que ronda el despacho de Alejandro Gaviria, ministro de Protección Social. A puertas cerradas, Gaviria y Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá, trabajan en la estructuración de un decreto que permita a los entes territoriales del país manejar los servicios médicos de la población afiliada al régimen subsidiado; en otras palabras, que elimine del negocio de la salud a las EPS Subsidiadas (EPS-S).

Según fuentes de la Secretaría de Salud, dicho decreto podría ser transitorio. También se conoció que, para el caso de los municipios de primera y segunda categoría, el régimen subsidiado podría ser asegurado por sus secretarías de Salud, mientras que en los de tercera, cuarta, quinta y sexta categorías la población subsidiada quedaría en manos de las secretarías de Salud departamentales.

De acuerdo con el ministro Gaviria, “está cerrado el capítulo de declarar una emergencia nacional de salud. Este sería un decreto transitorio, que se expediría con base en condiciones excepcionales y en escenarios difíciles, donde hay riesgo de que la población quede desatendida por falta de EPS y por la negativa de algunas de llegar a algunos lugares del país. Faltan puntos por discutir. Esto será condicionado sólo para entes territoriales que demuestren que tienen la capacidad para administrar los recursos”.

Gaviria explicó que también hay iniciativas más acordes con el reglamento legal, como la de crear EPS-S públicas. “Bogotá podría comprarle la participación accionaria que tiene Salud Total en Capital Salud (EPS-S mixta), como lo están haciendo Medellín o el departamento de Cundinamarca. Este decreto sería un paso para la propuesta que presentaremos en el Congreso y para el capítulo de descentralización”.

El Espectador conoció la hoja de ruta que Guillermo Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá, presentó ayer ante el Ministerio de Protección Social para eliminar las EPS-S en la capital. El objetivo del Distrito es asegurar servicios médicos a más de dos millones de capitalinos que están actualmente adscritos al régimen subsidiado (1’279.887) y de quienes están en los niveles uno y dos del Sisbén (474.512) a través del Fondo Distrital de Salud. Este fondo sería el encargado de administrar los recursos que el Estado le otorga a cada uno de los afiliados a este régimen (Unidad de Pago por Capitación, UPC).

Entre las propuestas del Distrito está la de invertir recursos para igualar la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo. En la actualidad, en promedio, cada afiliado del régimen contributivo recibe del Estado $568.944 mientras que los del subsidiado reciben $508.993. Según el Distrito, el manejo directo de los recursos “elimina el riesgo financiero para los prestadores”, que son los hospitales de la red pública, hoy en crisis financiera: las EPS-S pasaron de adeudarle a los 22 hospitales de la red $56.000 millones en 2005 a $334.000 millones en 2012.

¿Cómo se está preparando la Secretaría de Salud para asumir este reto? Según el informe, la entidad viene desarrollando auditorías a EPS-S con el fin de mejorar la calidad del servicio, lo cual es complementado con una línea de atención al usuario en donde los pacientes radican sus quejas para que la Secretaría se encargue de hacerle seguimiento al caso. Otro de los programas banderas de la Secretaría es integrar al sistema la atención primaria en salud.

El Distrito trabajaba además en fortalecer la consulta externa en horarios extendidos, con médicos familiares y especialistas, así como en prevenir la enfermedad con atención médica domiciliaria, programa piloto que se desarrolla en Suba. Según la Secretaría, se tiene la capacidad de contratar hasta 32 instituciones prestadoras de salud (IPS), aparte de contar con los servicios de los 22 hospitales de la red pública.

Los retos para asumir esta responsabilidad, según la entidad, se centran en la capacidad de administrar los recursos y blindar el nuevo modelo contra brotes de corrupción, además de “alcanzar resultados positivos en indicadores de salud, garantizar la gestión de la demanda clínica, fortalecer las redes integradas y de servicios, y garantizar la calidad y calidez de la atención”.