Comunidad embera y el uso prohibido del cepo como castigo contra menores en Bogotá

La mañana de este viernes 25 de octubre, en medio de una mesa de conversación entre voceros de la comunidad Emberá que se encuentra en la Unidad de Protección Especial UPI de La Florida, de nuevo se evidenció el uso de un cepo como castigo, esta vez, en contra de dos menores de edad, de 14 y 15 años.

La mañana de este viernes 25 de octubre, en medio de una mesa de conversación entre voceros de la comunidad Emberá que se encuentra en la Unidad de Protección Especial UPI de La Florida, de nuevo se evidenció el uso de un cepo como castigo, esta vez, en contra de dos menores de edad, de 14 y 15 años.

El hecho ocurrió durante una reunión cuyo objetivo principal era la construcción de un acuerdo de corresponsabilidad entre autoridades y comunidad indígena para mejorar las condiciones en las que más de 600 personas que residen en el lugar pasan sus días. Ante la renuencia de retirar a las menores del cepo, el espacio de diálogo quedó suspendido, sin embargo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) 24/7 que se instaló recientemente, continúa en el sitio.

El hecho revive la discusión por los alcances y los límites de la jurisdicción especial con la que la ley ampara a las comunidades indígenas.

¿Qué pasó?

En julio de este año el Distrito instaló un PMU permanente en el Parque Nacional, para velar por la protección de los derechos de la comunidad, especialmente la estrategia buscaba proteger a niños, niñas y adolescentes. Los resultados demostraron que la estrategia resultó ser una herramienta eficiente para detectar riesgos y evitar que se consumaran situaciones de riesgo. Y, en caso de que llegaran a presentarse, el PMU brindaba la posibilidad de activar los protocolos de atención de manera inmediata.

Con ese antecedente y con la idea de fortalecer la presencia y la respuesta institucional en la UPI La Florida, el Distrito anunció, el martes 22 de octubre, la instalación de un PMU 24/7 en el predio para fortalecer la respuesta institucional con acciones de prevención y atención a la población Emberá. “Esto por medio de presencia permanente, identificación de riesgos o vulneraciones a derechos humanos y fortalecimiento del relacionamiento con los voceros presentes en este espacio”, detallaron.

Son 643 personas que conforman 230 hogares, según datos de la secretaría de Salud, los que aún permanecen allí, a la espera del retorno y la reubicación por parte del Gobierno Nacional.

En medio de ese proceso, a diferencia de lo sucedido en el Parque Nacional, el PMU también tiene como intención, además de identificar riesgos en la comunidad, velar por las buenas condiciones del predio en donde se encuentra la UPI, que es propiedad del Distrito, puntualmente del Idipron.

“Hemos encontrado varios riesgos asociados al uso de la infraestructura. Por ejemplo: vidrios rotos y presencia de niños descalzos en esos espacios, también han querido abrir un hueco en una pared cuya perforación supone altos riesgos estructurales, presencia de fogatas en zonas cercanas a viviendas e incluso a cilindros de gas y hemos tenido complicaciones con riesgos biológicos: disposición de basuras, uso del agua, problemas en la red de alcantarillado y disposición de aguas negras”, señaló en diálogo con El Espectador, Isabelita Mercado, alta consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación del Distrito.

Con ese panorama, el Distrito buscó la manera de construir un acuerdo de corresponsabilidad con la comunidad. “Tenemos la intención de hacer los arreglos locativos que beneficien la infraestructura y las condiciones en la que se encuentran las personas que buscan retornar a sus territorios”, señala Mercado.

El acuerdo de corresponsabilidad busca, por ejemplo, cambiar llaves aguas con el compromiso de que no se retirarán para instalarlas en otro lado o venderlas. Arreglo de luminarias e instalaciones eléctricas con la condición de que no se retirarán ni se instalarán conexiones hechizas o que se hagan daños o arreglos locativos. Se intensificarán las jornadas de recolección de basuras con el compromiso de separar correctamente los residuos, que un menor enfermo pueda ser trasladado a un centro de salud sin ningún tipo de barreras, entre otros compromisos.

La reunión del viernes 25 de octubre, que contó con la presencia de 12 entidades del Distrito, giraba en torno a esos particulares y a la construcción de siete puntos de corresponsabilidad: presencia institucional, arreglos locativos, acceso a agua, aseo y alcantarillado, oferta y derechos para NNA, prevención de Violencias Basadas en Género y oferta para los animales

En el marco de esa reunión, las entidades del Distrito evidenciaron que dos menores de edad estaban siendo puestas en un cepo. “Una vez conocimos y verificamos la información, paramos la reunión y le pedimos a las líderes que estaban en la mesa de diálogo que liberaran a las niñas porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de rango constitucional y no hay jurisdicción indígena que cobije un tratamiento menor al de máxima protección y satisfacción. Como solamente liberaron a una de las niñas, nos retiramos de la mesa y de inmediato activamos las rutas de prevención y protección por medio de las comisarías de familia”, señaló la alta consejera para las Víctimas.

Jurisdicción indígena

De acuerdo con la JEP, “la jurisdicción indígena procura preservar la diversidad étnica y cultural a partir del respeto de las normas, valores, costumbres e instituciones pertenecientes a los grupos indígenas dentro de su órbita territorial, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico nacional (...)”.

Es importante reiterar que cuando la Corte Constitucional habla de jurisdicción indígena lo hace a partir de varios elementos, señala la alta consejera Mercado. Por un lado, el componente territorial, que hace referencia a que la jurisdicción aplica en sus cabildos o espacios delimitados en sus territorios. “En este caso, estamos en un predio del Distrito que se propuso en la lógica de la transitoriedad mientras se activan los procesos de retorno. Es decir, no podríamos afirmar que es un territorio que podría considerarse colectivo o resguardo”. Cabe aclarar que el componente territorial no se agota en el aspecto geográfico y también incluye el aspecto cultural.

El argumento de autoridad: señala el Distrito que quienes se encuentran en la UPI de La Florida son voceros, más no autoridades legítimas que provengan del territorio. Muchas personas llegan por situaciones de desplazamiento forzado, pero los gobernadores de los cabildos están en los territorios, entonces quienes están acá ostentan una condición de vocería no de autoridades que puedan administrar justicia. “Además, la jurisprudencia de la Corte ha sido clara en señalar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su máxima protección. Y, en ese sentido, un cepo puede ser entendido incluso como un instrumento de tortura. Por otro lado, para que una persona sea parte de la jurisdicción especial para pueblos indígenas, debe pertenecer a la comunidad.

En esta ocasión, los castigos contra las menores, al parecer se ejercieron porque tenían intención de evadirse de la UPI.

¿Qué viene?

Ante los hechos, las rutas de atención y prevención se activaron a través de las comisarías de familia y el Distrito afirmó que realizará las respectivas denuncias penales para determinar los grados de responsabilidad. Entre tanto, la estrategia permanente de PMU 24/7 seguirá activa de lunes a domingo.

Las estrategias de trabajo en campo deben apuntan a la pedagogía. Insistir en que hay maneras de corregir y llamar la atención de los menores sin causarles perjuicios ni vulnerarle ningún derecho fundamental. “Insistiremos en la pedagogía con las comunidades. En los primeros procesos de diálogo que hemos adelantado después de que se suspendió la mesa, hemos visto voluntad con varias de las vocerías que hay en la UPI, que son seis”, señala Mercado.

En parte, por eso los procesos de diálogo son complejos, por la cantidad de vocerías. Sin embargo, se espera que la otra semana, tras los diálogos internos de la comunidad, se restablezcan las conversaciones para implementar el acuerdo de corresponsabilidad, el cual estará condicionado a los compromisos para cesar el uso de estos elementos, especialmente contra menores de edad.

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