Comunidad Muisca sigue luchando por su territorio en Cota

Ya ha pasado un año desde que la comunidad Muisca, que vive en el municipio de Cota (Cundinamarca) recibió la visita de un juez municipal, quien en sus manos tiene la decisión de desalojar o no a 45 familias indígenas que habitan la vereda La Moya, que desde 1994 está en disputa con un privado. La audiencia de desalojo para definir qué va a suceder con ellos, será el próximo miércoles. Y aunque la única posibilidad que tienen los indígenas de recuperar su tierra es que esa zona se declare resguardo antes de la audiencia, esta se ve lejana, pues el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad encargada de esta tarea, ni siquiera ha visitado el terreno, según cuentan líderes de la comunidad.

Todo el problema comenzó hace 20 años, cuando Ricardo Páez aseguró que había comprado parte del terreno donde vivía la comunidad indígena. Las familias se rehusaron a salir del territorio, según ellas, porque el propietario ni siquiera tiene  idea de qué compró. En el papel se habla de dos hectáreas de las 505 que tiene la comunidad, pero eso no lo han comprobado las autoridades. Lo que les preocupa a los indígenas es que en ese sector se encuentra su lugar de ceremonias religiosas y algunas viviendas.   

Además, la versión de los indígenas es que ellos son los únicos dueños, porque están allí desde hace siglos e, incluso, también tienen los papeles que afirman que desde 1876 son propietarias del terreno. “Vivimos acá desde mucho antes de la era de la colonia. No nos sacaron los españoles, ahora menos nos vamos a ir por una sola persona”, dijo Sandra Cano, líder indígena.  

Y aunque ellos insisten en recuperar este terreno, todo el problema legal acabó en un litigio que terminó favoreciendo a Páez. La Corte Suprema de Justicia falló a favor del particular en 2012, con el argumento de que en la ley no estableció nunca que este espacio está acreditado como resguardo indígena. El siguiente paso fue, entonces, pasar a una audiencia de desalojo. Esta empezó hace un año, pero se tuvo que aplazar por dos motivos. El primero: que el propietario del terreno debe  aclarar cuáles son los límites. Y el segundo: las autoridades, por ley, tienen que reubicar a la comunidad que se encuentra en la zona. 

Ya pasó un año y la audiencia es el próximo miércoles. Pedro Santiago Posada, director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, le dijo a este diario en esa época que una de las posibles alternativas que tienen los indígenas es que el Instituto de Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) defina los linderos y declare el área de resguardo antes de la audiencia, es decir, que abra un proceso de clasificación a la propiedad. La ley dice que en medio de ese trámite no se puede ejecutar alguna acción judicial y de esta manera podrían salvarse del temido desalojo. Aunque los indígenas lo hicieron, hasta ahora solo han recibido un auto de esta entidad, en la que la que advierten que próximamente harán la visita. 

Lo único que tiene tranquila a la población es que ni el Incoder ni el demandante, que también tiene la obligación de realizar un peritaje, tienen delimitación. Eso sin contar que el Municipio de Cota, entidad que tiene que reubicar a la pobleción, aún no tiene su plan listo. Lo que quiere decir que, posiblemente, la audiencia sea aplazada de nuevo y ese podría convertirse en el espacio que necesitan los indígenas para que sean nombrados como resguardo y evitar a toda costa su salida del territorio que ellos consideran sagrado.  

De todas formas, Sandra Cano insiste en que ningún indígena se va a mover de la vereda: “de aquí no nos sacan ni muertos. Nos merecemos estar acá, porque esta tierra ha sido nuestra desde siempre. Es injusto que la Corte Suprema haya fallado sin haber tenido en cuenta que el Incoder tiene planes de declararnos resguardo indígena. Por eso no nos vamos. Aquí se hacen nuestros ritos sagrados”. 

Esta situación ya pasó las fronteras. La comunidad muisca solicitó una medida cautelar al territorio  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En febrero recibieron la notificación de este organismo internacional, en el que aceptaban evaluar su caso. Por lo pronto, el próximo domingo realizarán una asamblea, donde todos los habitantes de la vereda La Moya mirarán la alternativa de una tutelatón por lo que ellos consideran una vulneración de sus derechos. Además, estarán a la espera de lo que pase el miércoles, que paradójicamente es el día de la tierra: “¡Qué paradójica es la vida. Nos quieran quitar la tierra el día de la tierra!”, concluyó la líder.

Ya ha pasado un año desde que la comunidad Muisca, que vive en el municipio de Cota (Cundinamarca) recibió la visita de un juez municipal, quien en sus manos tiene la decisión de desalojar o no a 45 familias indígenas que habitan la vereda La Moya, que desde 1994 está en disputa con un privado. La audiencia de desalojo para definir qué va a suceder con ellos, será el próximo miércoles. Y aunque la única posibilidad que tienen los indígenas de recuperar su tierra es que esa zona se declare resguardo antes de la audiencia, esta se ve lejana, pues el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad encargada de esta tarea, ni siquiera ha visitado el terreno, según cuentan líderes de la comunidad.

Todo el problema comenzó hace 20 años, cuando Ricardo Páez aseguró que había comprado parte del terreno donde vivía la comunidad indígena. Las familias se rehusaron a salir del territorio, según ellas, porque el propietario ni siquiera tiene  idea de qué compró. En el papel se habla de dos hectáreas de las 505 que tiene la comunidad, pero eso no lo han comprobado las autoridades. Lo que les preocupa a los indígenas es que en ese sector se encuentra su lugar de ceremonias religiosas y algunas viviendas.   

Además, la versión de los indígenas es que ellos son los únicos dueños, porque están allí desde hace siglos e, incluso, también tienen los papeles que afirman que desde 1876 son propietarias del terreno. “Vivimos acá desde mucho antes de la era de la colonia. No nos sacaron los españoles, ahora menos nos vamos a ir por una sola persona”, dijo Sandra Cano, líder indígena.  

Y aunque ellos insisten en recuperar este terreno, todo el problema legal acabó en un litigio que terminó favoreciendo a Páez. La Corte Suprema de Justicia falló a favor del particular en 2012, con el argumento de que en la ley no estableció nunca que este espacio está acreditado como resguardo indígena. El siguiente paso fue, entonces, pasar a una audiencia de desalojo. Esta empezó hace un año, pero se tuvo que aplazar por dos motivos. El primero: que el propietario del terreno debe  aclarar cuáles son los límites. Y el segundo: las autoridades, por ley, tienen que reubicar a la comunidad que se encuentra en la zona. 

Ya pasó un año y la audiencia es el próximo miércoles. Pedro Santiago Posada, director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, le dijo a este diario en esa época que una de las posibles alternativas que tienen los indígenas es que el Instituto de Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) defina los linderos y declare el área de resguardo antes de la audiencia, es decir, que abra un proceso de clasificación a la propiedad. La ley dice que en medio de ese trámite no se puede ejecutar alguna acción judicial y de esta manera podrían salvarse del temido desalojo. Aunque los indígenas lo hicieron, hasta ahora solo han recibido un auto de esta entidad, en la que la que advierten que próximamente harán la visita. 

Lo único que tiene tranquila a la población es que ni el Incoder ni el demandante, que también tiene la obligación de realizar un peritaje, tienen delimitación. Eso sin contar que el Municipio de Cota, entidad que tiene que reubicar a la pobleción, aún no tiene su plan listo. Lo que quiere decir que, posiblemente, la audiencia sea aplazada de nuevo y ese podría convertirse en el espacio que necesitan los indígenas para que sean nombrados como resguardo y evitar a toda costa su salida del territorio que ellos consideran sagrado.  

De todas formas, Sandra Cano insiste en que ningún indígena se va a mover de la vereda: “de aquí no nos sacan ni muertos. Nos merecemos estar acá, porque esta tierra ha sido nuestra desde siempre. Es injusto que la Corte Suprema haya fallado sin haber tenido en cuenta que el Incoder tiene planes de declararnos resguardo indígena. Por eso no nos vamos. Aquí se hacen nuestros ritos sagrados”. 

Esta situación ya pasó las fronteras. La comunidad muisca solicitó una medida cautelar al territorio  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En febrero recibieron la notificación de este organismo internacional, en el que aceptaban evaluar su caso. Por lo pronto, el próximo domingo realizarán una asamblea, donde todos los habitantes de la vereda La Moya mirarán la alternativa de una tutelatón por lo que ellos consideran una vulneración de sus derechos. Además, estarán a la espera de lo que pase el miércoles, que paradójicamente es el día de la tierra: “¡Qué paradójica es la vida. Nos quieran quitar la tierra el día de la tierra!”, concluyó la líder.